Las dos entidades señalaron que entre agosto y diciembre de 2024 la situaciones fueron críticas incluso afectando lo dispuesto por la Corte Constitucional.
Como “preocupante” calificaron la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo los pocos avances que ha tenido el Gobierno Nacional, puntualmente desde el Ministerio de Medio Ambiente, para adelantar la delimitación del Páramo de Santurbán, en Santander, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-351 de 2017.
Las dos entidades entregaron el Vigésimo Primer Informe de Cumplimiento, que estuvo comprendido entre agosto y diciembre de 2024, y señalaron que las situaciones han sido críticas y que además ponen en riesgo la ejecución de lo establecido por el alto tribunal, relacionado con la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades.
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En el documento tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo concluyeron que, a pesar de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propuso un cronograma para la delimitación del complejo de páramo jurisdicciones Santurbán - Berlín, la implementación de dicho plan ha sido sumamente deficiente.
“De las 30 mesas de trabajo previstas, solo se ha llevado a cabo una, lo que representa un cumplimiento de apenas el 3,33 %. Esta falta de avances ha generado desconfianza y malestar en las comunidades locales, quienes, debido a la ausencia de resultados concretos, han realizado protestas y bloqueos en diferentes regiones, reflejando el creciente malestar social ante la falta de cumplimiento”, dice el informe.
Preocupación por la contaminación ambiental
Para la Procuraduría y la Defensoría, así como lo han alertado las administraciones municipales en Santander, sigue siendo preocupante la contaminación en el páramo, especialmente en las aguas del río Suratá, por la minería ilegal con mercurio, que pone en riesgo el abastecimiento en varios municipios incluyendo a Bucaramanga.
El documento de las dos entidades señala que la contaminación con mercurio supera 40 veces los límites internacionales permitidos, generando un impacto ambiental con consecuencias directas debido a la poca acción de las entidades encargadas de garantizar la protección del territorio.
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“En virtud de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado urgente al Tribunal Administrativo de Santander para que se tomen medidas inmediatas y efectivas que aseguren el cumplimiento de las órdenes judiciales; recomendando además, imponer plazos estrictos, un seguimiento riguroso y la evaluación de la adopción de medidas sancionatorias por el incumplimiento reiterado del cronograma propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente”, sostuvieron las ‘ías’.
Finalmente, resaltó la necesidad de garantizar una participación ciudadana efectiva en los procesos de protección ambiental en la región, respetando los derechos fundamentales de las comunidades afectadas y asegurando que sus voces sean escuchadas en el proceso de delimitación.
