El pasado miércoles los congresistas Iván Name y Andrés Calle fueron capturados por decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Al término de la tarde del pasado miércoles, agentes de la Policía Nacional oficializaron la captura del expresidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde); y del de la Cámara de Representantes, Andres Calle (Partido Liberal), luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara sus detenciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
“La Corte Suprema de Justicia encontró mérito para ordenar la captura y asegurar en centro carcelario a los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio", informó el alto tribunal.
Junto a Name y Calle ya están privados de la libertad la otrora consejera para las regiones, Sandra Ortiz; el exdirector de la Ungrd, Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla y el polémico empresario Luis Eduardo López Rosero, alias ‘El Pastuso‘, quien se quedó con el ‘jugoso’ contrato de los carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, por un valor de $46.000 millones.
Pero en la misma Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se investigan a más de cinco congresistas de diferentes bancadas, quienes iban a ser beneficiarios de ‘jugosos’ contratos en a través de terceros, mientras el Ministerio de Hacienda hacía trámites presupuestales en las comisiones económicas del Congreso.
Ellos son Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador) y Karen Astrith Manrique Olarte (curul de paz),
Los ‘pesos pesados’ del Gobierno Nacional que están bajo la lupa de la justicia
Este entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, no solo salpicó a congresistas como Iván Name y Andrés Calle - entre otros - sino que también tiene implicados a exfuncionarios del Gobierno Nacional quienes se vieron en la obligación de renunciar a sus cargos por las pesquisas de la justicia.
En las diligencias judiciales en contra de la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien habría llevado $3.000 millones al expresidente del Senado, la fiscal del caso argumentó que fue un ‘poderoso’ exfuncionario del Gobierno Nacional quien habría dado la orden de direccionar millonarios contratos para Name y Calle.
“Carlos Ramón González Merchán le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez entregar contratos por valor de 60 mil millones de pesos a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez, por un valor superior a los 10 mil millones de pesos, también para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, asuntos que debería atender con Sandra Liliana Ortiz Nova”, afirmó la Fiscalía.
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Lo mismo dijo la Corte Suprema de Justicia en la providencia en la que resolvió enviar a prisión a Sandra Ortiz, otrora alta consejera para las regiones. “Carlos Ramón González Merchán posiblemente orquestó la entrega de la millonaria suma de dinero para su amigo y compañero en el partido Alianza Verde, Name Vásquez, y que Sandra Liliana Ortíz Nova, pudo también ser la mensajera del referido senador para recibir los 3.000 millones de pesos”.
A Calor Ramón González la Fiscalía ya le sigue el rastro y tiene sus líneas telefónicas y sus movimientos migratorios en medio de este entramado de corrupción, del cual se ha declarado inocente pese a renunciar a su cargo en Inteligencia Nacional, al cual llegó tras su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Los dos ministros que serían clave en este escándalo
El nombre de Luis Fernando Velasco fue señalado por Olmedo López en medio de su matriz de colaboración para acceder a un principio de oportunidad. Dijo que el entonces ministro del Interior hizo parte del “cónclave” en el cual se habría ordenado direccionar dineros y millonarios contratos.
Con contratos direccionados para tres regiones del país, según Olmedo López, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habría ordenado “comprar” congresistas de las comisiones económicas para que aprobaran y votaran favorable los diferentes proyectos de ley e iniciativas en el Legislativo.
Según relató el exfuncionario del Gobierno Nacional, la orden era que, mediante contratos, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lograra tener las mayorías en las comisiones del Legislativo donde se estaban adelantando las diferentes iniciativas.
