El proceso avanzará hacia la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad de los acusados, a menos que opten por la sentencia anticipada.
La medida de aseguramiento adoptada por la Corte Suprema de Justicia contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas ratificó las declaraciones de varios testigos sobre el presunto cohecho para la aprobación de las reformas del Gobierno de Gustavo Petro.
El auto emitido por la Sala Especial de Instrucción detalló minuciosamente las fechas, montos y modalidades en que se habrían realizado los pagos a los legisladores, a cambio de su respaldo a los proyectos de reforma impulsados por el Gobierno.
El documento de 183 páginas de la Corte señala que el acuerdo para la presunta compra de la voluntad de los congresistas se habría gestado entre septiembre de 2023 y abril de 2024.
Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, entonces director y subdirector de la UNGRD, respectivamente, son señalados de utilizar recursos públicos de la entidad para este fin. Los proyectos de ley que buscaban el apoyo de los congresistas eran los de reforma al Sistema Pensional (que se convirtió en la Ley 2381 del 16 de julio de 2024) y al Sistema de Salud.
Según el auto, Name Vásquez, quien se desempeñaba como Presidente del Senado, habría recibido un total de $3.000 millones de pesos. La Corte especificó que estos pagos se realizaron en dos entregas: una de $1.500 millones de pesos el 12 de octubre de 2023 y otra de la misma cantidad el 13 de octubre del mismo año. Sandra Liliana Ortiz Nova, descrita como persona de estrecho vínculo de amistad con Name Vásquez, fue la encargada de recibir el dinero.
El 12 de octubre de 2023, en la primera entrega, participaron Pinilla Álvarez y López Martínez. En la segunda entrega, el 13 de octubre, solo intervino Pinilla Álvarez. La Corte indicó que la entrega del dinero a Ortiz Nova se efectuó en el Hotel Tequendama Suites de Bogotá. Posteriormente, Ortiz Nova se dirigió a un apartamento en el edificio Bassel I, donde reside Name Vásquez, y le entregó las sumas.
Calle Aguas, entonces presidente de la Cámara de Representantes, presuntamente recibió $1.000 millones de pesos de manera directa de Pinilla Álvarez el 14 de octubre de 2023 en un apartamento de Montería.
La ruta del dinero
La investigación de la Corte determinó que el dinero entregado a los congresistas Name y Calle provenía de pagos realizados a Pinilla Álvarez por un particular, Pedro José Castro Espinoza, en Bogotá, los días 11 y 13 de octubre de 2023. Estos pagos, según el auto, correspondían a un préstamo que luego se canceló a Castro Espinoza en enero de 2024 con parte de un anticipo obtenido de un contrato de la UNGRD para la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua potable en el departamento de La Guajira.
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La Corte identificó este contrato como la orden de proveeduría número SMD-GS-CTQQ-192-2023, adjudicada a Impoamericana Roger SAS, representada legalmente por Roger Alexander Pastas Fuertes, pero bajo el control de Luis Eduardo López Rosero.
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El auto señala que Pinilla Álvarez habría actuado bajo las órdenes de López Martínez, quien, a su vez, aparentemente, seguía directrices de algunos altos funcionarios del Gobierno.
La Corte concluyó que “Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas conocían que el dinero que se les entregaba y del cual se apropiaban, tenía por lo menos un vínculo mediato, funcional, con el patrimonio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y eran por ende recursos públicos, producto del desvío de los mismos, obtenidos a través del direccionamiento y manipulación de un proceso contractual”.
Según la investigación, Iván Leonidas Name Vásquez habría utilizado los $3.000 millones de pesos para financiar la campaña política de su hija, María Clara Name Ramírez, al Concejo de Bogotá, en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
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Andrés David Calle Aguas, por su parte, presuntamente destinó los $1.000 millones de pesos a las campañas políticas de su hermano, Gabriel Enrique Calle Aguas, a la Gobernación de Córdoba, y de su padre, Gabriel Alberto Calle Demoya, a la Alcaldía del municipio de Montelíbano, también en las elecciones del 29 de octubre de 2023.
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Lo que sigue en el proceso
El abogado penalista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, advirtió que los ex presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, actualmente detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá, enfrentan un proceso sin posibilidad de negociación y con penas que podrían llegar hasta los 33 años de prisión.
“Este proceso se rige por la Ley 600. No hay audiencia de legalización de captura: el mismo magistrado que ordena la captura la legaliza”, explicó Bernate, quien agregó que lo que sigue es una etapa de fuerte debate probatorio, tras la cual la Fiscalía definirá si presenta acusación o solicita la preclusión de la investigación ante la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia.
Bernate recordó que el delito de peculado por apropiación tiene sanciones severas y citó como precedente las condenas impuestas en el caso de los Juegos Nacionales, donde se dictaron penas de hasta 30 años.
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“No hay preacuerdos ni negociaciones posibles. La única salida es la llamada sentencia anticipada, en la que los procesados aceptan los cargos desde la primera diligencia, lo que puede permitirles un descuento de hasta el 50 %, aunque lo habitual es un tercio”, explicó.
El abogado también señaló que los procesados no tienen herramientas para detener el proceso, más allá de apelar la medida de aseguramiento. Incluso, renunciar a sus cargos —como ocurrió en el caso del expresidente Álvaro Uribe— no evitaría que el caso continúe.
Sobre el impacto político del escándalo, Bernate fue enfático: “Aquí están detenidos el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Es un hecho de gran escala que afecta gravemente la legitimidad de las reformas del Gobierno”. Según el penalista, este caso podría revelar actos de corrupción simultáneos en los poderes Legislativo y Ejecutivo, y posiblemente en el Judicial si se prueba una influencia indebida en la elección de algún magistrado.
“El mismo hecho habría corrompido la totalidad de los poderes públicos. Esto claramente afecta la legitimidad de las instituciones y es un caso muy grave para el país”, concluyó.
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Tras la emisión de este auto y las capturas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, se espera que el alto tribunal continúe con el proceso penal contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas. El proceso avanzará hacia la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad de los acusados, a menos que opten por la sentencia anticipada.
Con información de Colprensa
