Recientemente Óscar Camargo Ríos, conocido como alias ‘Pichi’, fue condenado a 52 años de prisión por varios delitos.
A mediados del mes de junio, el presidente Gustavo Petro sorprendió en La Alpujarra, en Medellín, donde estuvo acompañado de congresistas del Pacto Histórico, pero también de capos de las estructuras criminales que están recluidos en la cárcel de Itagüí.
Esa fue la antesala del proyecto de ley del Ministerio de Justicia que se radicó el pasado 20 de julio en la Secretaría de la Cámara de Representantes, y que será el marco legal de la Ley de Sometimiento que dará beneficios a varios ‘pesos pesados’ del crimen organizado, como alias ‘Tom’, ‘El Tigre’ y el jefe de la banda ‘Los del Sur’, de Bucaramanga, Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, quien fue condenado a 52 años de prisión por delitos como concierto para delinquir agravado, en concurso con homicidio agravado,desaparición forzada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego.
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El proyecto salió del Ministerio de Justicia, de Eduardo Montealegre, y ha generado varias críticas toda vez que daría “beneficios” a lo capos, incluso en contra del Código Penal Colombiano, como han advertido desde diferentes sectores.
El ‘capo’ de Bucaramanga, beneficiado por el proyecto
Óscar Camargo Ríos, conocido como alias ‘Pichi’, fue condenado a 52 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso con homicidio agravado,desaparición forzada y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, los cuales fueron cometidos en su banda criminal conocida como ‘Los del Sur’, que tiene gran influencia en Bucaramanga y el área metropolitana.
Por tratarse de uno de los capos de una estructura jerárquica y sin origen político, ‘Pichi’ podría ser beneficiario de la libertad (después de cinco años en la cárcel) como lo propone el proyecto de ley del Gobierno Nacional, que será radicado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
El cuestionado proyecto, de 42 artículos, plantea que quienes se sometan a esta ley podrán conservar hasta el 12 % de sus bienes producto de dineros ilícitos y tendrán una pena alternativa no mayor a cinco años.
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“A aquellos integrantes que sean máximos responsables por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves infracciones al DIH y delitos conexos, se les aplicará una pena alternativa privativa de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años”, dice el documento del Ministerio de Justicia.
Tres santandereanos, clave en la discusión del proyecto de ley
El Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley en la Secretaría de la Cámara de Representantes y este se tramitará por Comisión Primera de esa corporación.
En esa célula legislativa, Santander, donde alias ‘Pichi’ ha tenido bastante influencia con más de 300 hombres, tiene tres representantes que harán parte del debate del documento que ha generado polémica y rechazo en diferentes sectores políticos y judiciales, como las altas cortes, la Justicia Penal Militar, la Defensoría del Pueblo entre otras instituciones.
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Se trata de Juan Manuel Cortés (Liga de Gobernantes Anticorrupción), Luis Eduardo Díaz Mateus (Partido Conservador) y Álvaro Rueda (Partido Liberal). Los tres hacen parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, lo que los convierte en clave para el trámite legislativo de este proyecto de ley.
Si bien es cierto Cortés no atendió las comunicaciones de esta redacción para conocer su opinión, en 2024, cuando se rumoró que ‘Pichi’ sería designado como ‘gestor de paz’, rechazó esa versión. “Como miembro de la Comisión de Paz, expreso mi más profundo rechazo e indignación ante la designación de alias ‘Pichi’, un narcotraficante y asesino, como gestor de paz por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta decisión es una bofetada para los colombianos que luchan día a día por vivir en un país más justo y seguro".
Ni Juan Manuel Cortés, ni Álvaro Rueda ni Luis Eduardo Díaz Mateus respondieron a las comunicaciones de esta redacción, para conocer sus versiones sobre el proyecto de ley que discutirán y que beneficiaría al ‘capo’ del microtráfico y del sicariato en Santander.
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Los planteamientos y beneficios del proyecto de ley
“Proyecto de Ley 002 de 2025 por medio del cual se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana”.
Así fue denominado el documento del Ministerio de Justicia que hará parte de la Ley de Paz Total o prórroga a la Ley de Orden Público, expedida por el Gobierno Nacional.
El proyecto busca fijar la implementación de los procedimientos y tratamientos penales diferenciados para integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, grupos armados organizados, estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores y colaboradores; así como de aquellas personas procesadas con ocasión del ejercicio de la protesta social, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, para contribuir a la consolidación de la paz, el orden público y la seguridad ciudadana.
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Es decir, el proyecto no solo beneficiaría a alias ‘Pichi’, ‘Dougglas’, ‘El Tigre’, ‘Tom’ entre otros, sino que también aplicaría para alias ‘19′, exintegrante de la ‘primera línea’, y para ‘Epa Colombia’, condenada a cinco años de prisión por vandalizar un articulado de Transmilenio, en la protesta social de 2019.
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El proyecto del Gobierno Nacional busca dar garantías a las víctimas de quienes se acojan al sometimiento.
“La privación de la libertad, se llevará a cabo en espacios rurales o urbanos para la construcción de la paz y la transformación territorial, así como en colonias agrícolas o centros de armonización, diferentes a los establecimientos del sistema penitenciario vigente. En estos espacios, deberán permitir tratamientos administrativos penitenciarios armónicos con la participación en acciones de justicia restaurativa, reparación colectiva y satisfacción de los derechos de las víctimas. Además, se procurará el arraigo social y la permanencia de las personas acogidas a esta ley, en los territorios, siempre y cuando no medie circunstancia que lo impida", plantea el documento.
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El proyecto estipula libertad condicional para personas que cumplan cinco años efectivos de prisión. Es decir, ‘Pichi’ podría acceder a este beneficio a los cinco años, pese a la condena de 52 años en su contra.
Los jefes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, Eaocai, deberán colaborar con el desmantelamiento de la estructura y su economía ilícita, entrega total de los bienes producto de actividades ilegales, participar en mecanismos de justicia restaurativa, contar la verdad y someterse a los presupuestos que se acuerden con la Fiscalía.
