Una jueza de Bogotá condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos en actuación penal.
El abogado titular del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el penalista Jaime Enrique Granados Peña, radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá una acción de tutela con la que pide que se le otorgue la libertad condicional al líder del Centro Democrático, quien fue condenado - en primera instancia - a una pena de 12 años de prisión domiciliaria.
El documento del abogado penalista solicita la libertad para el expresidente Álvaro Uribe Vélez, argumentando la vulneración de derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad con ocasión a la sentencia dictada por la jueza Sandra Heredia.
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"En caso de que ya se haya dado cumplimiento al referido numeral cuarto de la sentencia del primero de agosto de 2025, ordenar a quién corresponda el restablecimiento inmediato de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez, hasta tanto se proceda a resolver de fondo la presente solicitud de protección constitucional“, dice la tutela del abogado Granados Peña.
Justamente los abogados y el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazaron el viernes pasado la decisión de la jueza Heredia de enviarlo a prisión domiciliaria tras recibir una condena - en primera instancia - de 12 años.
En medio de esa diligencia judicial, que duró más de cinco horas, el exsenador y jefe del Centro Democrático apeló de forma oral ante los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, quienes tendrán en sus manos la decisión de segunda instancia, que pide revisar su condena.
Los argumentos de la jueza para enviarlo a prisión domiciliaria
En una providencia de 1.114 páginas, la jueza Sandra Heredia resolvió condenar a 12 años de prisión al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien encontró responsable de incurrir en los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.
La decisión de la jueza no ha dejado de ser polémica toda vez que muchos consideran que el proceso judicial se dio en contra del líder del Centro Democrático sin garantías, como él y sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana lo han sostenido en repetidas ocasiones.
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En la condena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa de $2.420 millones también se emitió orden de captura inmediata en contra del expresidente y exsenador, quien se convirtió en el primer exmandatario en ser condenado en Colombia.
Esto pese a que los abogados penalistas han argumentado que los delitos en los que incurrió Álvaro Uribe Vélez no serían merecedores de una detención, toda vez que no representaría un peligro para la sociedad.
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Sin embargo, en la providencia de 1.114 páginas la jueza explicó que la orden de captura se da por dos razones de peso. La primera, porque debe primar la “preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos”. Y la segunda, porque debido a su reconocimiento internacional “resulta fácil que podrá abandonar el país para eludir la sanción impuesta”.
“La Jurisprudencia pacífica establece cuándo una decisión de primera instancia debe ordenar captura inmediata y cuando no. En el caso de Álvaro Uribe Vélez cumplía todos los requisitos para diferir su captura hasta la decisión final”, afirmó el abogado Iván Cancino.
Para varios penalistas, la detención inmediata en contra de Uribe Vélez no es necesaria en estos momentos. Argumentan que esta debería quedar ejecutoriada en segunda instancia si se ratifica en el Tribunal Superior de Bogotá la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia.
