Más allá de los discursos de cambio, las listas al Congreso vuelven a incluir nombres ligados a investigaciones, contratos polémicos y estructuras tradicionales de poder. La Fundación Pares habla de 195 aspirantes con algún cuestionamiento.
Publicado por: Redacción Política
A días de que los colombianos acudan a las urnas, el tarjetón al Congreso contiene nombres marcados por investigaciones y viejas polémicas.
Entre los 195 candidatos cuestionados aparecen figuras como el exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, imputado por presuntas irregularidades en el millonario contrato de reforzamiento del estadio de fútbol de Bucaramanga, y Cristian Argüello, fórmula a la Cámara e hijo del contratista Jorge Argüello, conocido como ‘Bachiller’.
Sin condenas en firme, pero con procesos y señalamientos abiertos, sus aspiraciones dejan entrever cómo los partidos otorgaron avales en medio de serias dudas éticas y judiciales.
En tal sentido, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), analizó más de 500 listas al Senado y la Cámara de Representantes y evidenció “un incremento en el número total de candidatos cuestionados a lo largo y ancho del país” desde 2014, cuando esta organización comenzó a realizar esta investigación.
Cabe destacar que ninguno de estos candidatos estaría inhabilitado, pues no tienen una sentencia condenatoria en firme y están amparados por la presunción de inocencia.
De estos, habría cerca de 20 candidatos con procesos formales ante la justicia por delitos que van desde corrupción, compra de votos y hasta desaparición forzada, según detalló el diario El Espectador.
Una alta proporción está vinculada al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), pero otros han sido imputados por hechos relacionados con su pasado político, como ocurre con el exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa.
El caso de Richard Aguilar
Los hechos por los cuales se le investiga a Richard Aguilar Villa se relacionan con el contrato de reforzamiento del estadio departamental Alfonso López (hoy Américo Montanini). Dicho convenio habría sido direccionado y tuvo presuntos sobrecostos, demoras y un valor final que superó los $20.000 millones.
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Por estos hechos, están detenidos la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, y su esposo, el excontratista Lenin Pardo, quienes se acogieron al principio de oportunidad y señalaron al exgobernador de ser el determinador de las presuntas irregularidades cometidas en el proceso.
El exmandatario seccional fue capturado en 2021 e imputado por los delitos de corrupción y concierto para delinquir, pero fue liberado un año después, en noviembre de 2022, por vencimiento de términos.
Él siempre ha declarado ser inocente y ha argumentado que lo están tratando de incriminar.
“Confío en que serán los jueces, y no el debate electoral, quienes determinen la verdad. No estoy inhabilitado ni condenado. La presunción de inocencia es un principio constitucional, y mi compromiso hoy es concentrarme en propuestas para Santander, no en polémicas de campaña”, dijo Aguilar Villa al ser consultado por esta redacción
El exsenador agregó que el proceso investigativo “avanza dentro de los términos normales ante la autoridad competente” y aseguró que ha comparecido siempre que ha sido requerido por la justicia“con total respeto por las instituciones”.
“Mi defensa ha presentado más de 2.000 pruebas documentales, cerca de 100 testigos y varios peritos que controvierten los señalamientos”, dijo Aguilar Villa.
El candidato al Senado por la Alianza Verde, Cristian Avendaño, ha usado esta coyuntura para hacer campaña y recientemente publicó un video cuestionando la aspiración al Senado de Aguilar Villa por el Partido Liberal, así como la de su fórmula a la Cámara, Cristian Argüello, hijo del reconocido contratista Jorge Argüello, conocido como ‘Bachiller’.
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“Hay que recordar que a Hugo Aguilar Naranjo lo condenaron por las declaraciones de los paramilitares alias Ernesto Báez y alias Julián Bolívar, los mismos que tenían alianzas en las AUC con alias Nicolás (...) y ahora la nueva generación de estas alianzas con la parapolítica son el hijo de Hugo Aguilar y el hijo de alias Bachiller, Cristian Argüello”, aseguró Avendaño en el video publicado en sus redes sociales.
Hallazgos de Pares sobre candidatos cuestionados
La Fundación Pares analizó los candidatos que tienen investigaciones en curso en órganos judiciales y de control; vínculos con clanes políticos o maquinarias asociadas a prácticas de corrupción y cooptación del Estado; y conexiones con escándalos históricos como la parapolítica o el caso Odebrecht, que tuvo incidencia en las campañas presidenciales de 2014.
Para el politólogo Gerardo Martínez, no obstante, hay que saber diferenciar entre unos casos y otros, pues una cosa es que sea un candidato investigado e imputado formalmente, como el caso de Richard Aguilar Villa; otra es que tenga vínculos con personas cuestionadas; y otra es que haya sido denunciado, pero no ha sido imputado aún.
“En un país donde la denuncia se volvió arma política, una denuncia no se le niega a nadie, pero muchas de estas denuncias terminan distorsionando y generando desinformación”, explicó Martínez, quien advirtió que hay casos más serios en donde dichas denuncias han derivado en imputaciones de cargos o investigaciones formales.
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En ese contexto, Pares advierte que se determinaron diferentes categorías entre los candidatos incluidos en la lista de cuestionados. Por un lado, los que tienen un proceso fiscal o penal en su contra.
En este caso, el entramado de corrupción que más concentra candidatos cuestionados es el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Allí están vinculados Wadith Manzur (Partido Conservador), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Karen Manrique (curul especial de paz), Martha Peralta (Mais), Juan Loreto Gómez (Partido Conservador) y Berenice Bedoya (ASI), todos ellos mencionados en el marco de la investigación. No obstante, hasta ahora, ninguno ha sido condenado.
De igual forma, está el congresista del Pacto Histórico David Racero, quien es señalado por supuestamente obligar a su equipo de trabajo en la UTL a entregarle parte de sus salarios. Y también está Alex Flórez, investigado por lavado de activos y concusión, presuntamente por exigir dinero a contratistas para su campaña.
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José Vicente Carreño (Centro Democrático) tiene dos procesos activos: uno por tráfico de influencias en un contrato de seguros policiales y otro por su presunta participación en una desaparición forzada en 2003.
César Lorduy, aspirante al Senado por Cambio Radical, es señalado por un antiguo caso de homicidio ocurrido en 1979 en Barranquilla, donde él asegura que fue un caso accidental. También tiene una denuncia por acoso de cuando fue magistrado del Consejo Nacional Electoral.
Candidatos cercanos a algún clan político
Por otro lado, están los candidatos que son cercanos a un clan político. En este caso, cuatro de cada diez aspirantes pertenecen a clanes o estructuras tradicionales de poder, lo que refleja una mayor concentración política.
En muchos de estos casos opera la llamada “puerta giratoria”, pues los grupos políticos terminan siendo heredados y pasan al siguiente familiar o dirigente cercano al clan político. Sería el caso de temas puntuales como los clanes Besaile, Elías o Blel, donde algunos de sus integrantes han sido condenados en el pasado, pero para estos comicios están aspirando nuevas figuras políticas.
También están los que son cuestionados por su estructura burocrática o poder en alguna entidad o dependencia del Estado. Y, finalmente, los que están asociados a algún escándalo del pasado como Odebrecht o los que fueron mencionados en procesos de Justicia y Paz por sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según Pares, los cuatro partidos con mayor cantidad de candidatos cuestionados a ambas corporaciones son el Partido Liberal Colombiano (33), el Partido Conservador Colombiano (32), el Partido de la U (29) y el Partido Cambio Radical (24).
