La Procuraduría General de la Nación determinará si la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Javier Sarmiento participaron indebidamente en política en las elecciones atípicas de diciembre pasado.
A principios de marzo, a la Alcaldía de Bucaramanga llegó una notificación por parte de la Procuraduría General de la Nación, en la cual se le informaba a la administración municipal que se abría una indagación preliminar para determinar si el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el exalcalde designado, Javier Sarmiento, participaron indebidamente en política en las elecciones atípicas del 14 de diciembre pasado.
La misiva, firmada por la secretaria del Ministerio Público, Emperatriz Flórez Barajas, se da luego de que llegara a mediados de diciembre una denuncia ciudadana en contra de Díaz Mateus y de Sarmiento.
“La queja sostiene que, tras la nulidad de la elección del alcalde de Bucaramanga (Jaime Andrés Beltrán Martínez), el Gobernador de Santander y el alcalde designado habrían utilizado el aparato institucional para favorecer políticamente a un candidato específico en las elecciones atípicas del 14 de diciembre de 2025, lo que constituiría participación indebida en política y vulneración del régimen disciplinario y electoral”, dice el documento conocido en primicia por Vanguardia.
¿Violación a la Ley de Garantías?
Para la Procuraduría General de la Nación también será de relevancia determinar si en la Alcaldía de Bucaramanga, justo antes de las elecciones, se vulneró la Ley de Garantías con las declaratorias de insubsistencias de 16 altos funcionarios, quienes por orden judicial fueron reintegrados a sus respectivos cargos cuando Javier Sarmiento seguía como alcalde designado de la ciudad.
Según la notificación, la denuncia ciudadana también pidió investigar si algunas de esas insubsistencias se hicieron con “cálculo político” para beneficiar la campaña del entonces candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Bueno, principal contendor de Cristian Portilla, quien finalmente ganó los comicios.
“Adicionalmente, se describen presuntos movimientos administrativos y contractuales realizados durante la vigencia de la Ley de Garantías aplicable a elecciones atípicas, tales como declaratorias de insubsistencia masiva, solicitudes de renuncias protocolarias y contratación de asesores y funcionarios vinculados políticamente a partidos y personas que respaldan la candidatura de Carlos Enrique Bueno”, dice el documento conocido por esta redacción y que ya está en los despachos de la Alcaldía.
Por lo tanto, el Ministerio Público ordenó la indagación previa para determinar si la Alcaldía de Bucaramanga, en cabeza de Javier Sarmiento, y la Gobernación de Santander, con Juvenal Díaz Mateus, participaron indebidamente en política en elecciones.
Al alcalde Cristian Portilla se le ofició para que remita a la Procuraduría General de la Nación la información correspondiente a las declaratorias de insubsistencia, contratos de prestación de servicios, resoluciones y el listado completo de personas vinculadas o desvinculadas durante el periodo electoral con la Alcaldía de Bucaramanga.
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Pedidos desde el Congreso
El año pasado, el representante a la Cámara por Santander, el liberal Álvaro Rueda, pidió también a la Procuraduría investigar a la Gobernación por la presunta participación indebida en política en medio del periodo electoral.
“Los presuntos excesos del encargado inicial de Bucaramanga y los que presuntamente comienzan a observarse en el municipio de Girón serían prueba de su comportamiento, al igual que la participación en las elecciones de juventudes en las que su movimiento presentó candidatos también”, dijo Rueda en el Legislativo, haciendo referencia a los hechos que estaban ocurriendo en Bucaramanga y en Girón, donde Díaz Mateus tuvo que elegir dos alcaldes por municipio.
¿Qué dicen las partes?
Fuentes consultadas al interior de la Gobernación de Santander confirmaron que, por el momento, el Ministerio Público no ha notificado sobre la apertura de la indagación preliminar por presunta participación indebida en política.
“Como se observa en el escrito, es apenas una indagación previa en averiguación de responsables, es decir, ni me vinculan a mí ni a nadie. Es producto de una denuncia de un ciudadano preocupado, que está en su derecho de hacerlo y el ente de control debe proceder a realizar esa indagación previa”, afirmó Javier Sarmiento.
Las declaratorias de insubsistencia en la Alcaldía de Bucaramanga pasaron ‘factura’ ante el Tribunal Administrativo de Santander. Pese a que el entonces alcalde designado, Javier Sarmiento, se mantuvo en repetidas ocasiones en que la ciudad no tenía Ley de Garantías por elecciones atípicas y podía despedir funcionarios, la justicia le dio la razón a los 16 insubsistentes, quienes tuvieron que ser reintegrados en sus cargos.
