La relación entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Contraloría Municipal atraviesa su punto más crítico. Mientras el ente de control alistaba decisiones de fondo sobre procesos de infraestructura, algunos sectores políticos cuestiona la tecnicidad de las medidas.
Publicado por: Redacción Política
La gestión de la Contraloría de Bucaramanga atraviesa un periodo de intensa exposición pública. La entidad de control fiscal no solo enfrenta una compleja situación financiera, sino también el escrutinio de diversos sectores que califican sus recientes actuaciones como presuntas maniobras políticas y poco técnicas. Por otro lado, otros sectores aseguran que se trata de decisiones técnicas, que deben seguir el debido proceso.
Por ejemplo, Vanguardia conoció que el órgano de control fiscal tenía en su despacho lista, esta semana, una suspensión en contra de la saliente secretaria de Infraestructura local, María del Rosario Torres, a quien se le iba a aplicar el recurso extraordinario de ‘buena fe sabida’ y ‘verdad absoluta’. Esta decisión respondía a los dos procesos en su contra: la no ejecución de un millonario empréstito por $80 mil millones para modificar tres colegios y la pérdida de la chatarra que, según informe auditor, estaría por encima de los $46.000 millones.
Al interior de la Alcaldía de Bucaramanga han calificado esta medida, que no alcanzó a aplicarse por la salida de Torres, como una presunta estrategia política para afectar reputacionalmente la administración de Cristian Fernando Portilla Pérez.
En este escenario se debe recordar que la Contraloría Municipal ha sido víctima de decisiones administrativas que perjudicaron sus finanzas, obligaron a sus funcionarios a esperar los sueldos, a modificar las escalas salariales e incluso a recortar la planta de personal para poder ser autosostenible en sus finanzas.
La Contraloría, que tiene como misión hacer control fiscal y contractual a los procesos de contratación de la Alcaldía, el Concejo y los institutos descentralizados de la ciudad, atraviesa varias dificultades que según sectores políticos le pasan factura como un órgano de vigilancia y tendrían también un tinte político.
Reacciones
Desde el Concejo hay versiones encontradas. Algunos corporados consideran que se trata de retaliación política contra la Alcaldía, mientras que otros sostienen que son funciones de la Contraloría en medio de delicados procesos fiscales. Entre tanto, otros actores políticos prefieren no opinar aludiendo no conocerse públicamente la decisión que se estaba preparando en contra de la saliente Secretaria de Infraestructura local.
“Lo que estaba preparando la Contraloría era secreto, pero se conocía a voces en la Alcaldía y el Concejo. (La decisión) Era justamente para evitar que interfiriera María del Rosario Torres en los procesos. Ahora dicen que obedece a un tinte político, pero ella pudo quedarse en el cargo, impugnar, decir públicamente que era un ataque político y no renunciar como lo hizo”, afirmó un concejal que hace parte de la coalición de gobierno, pero que pidió mantener su nombre bajo reserva.
Por su parte, el abogado y analista Gerardo Martínez cree que a las contralorías les han ‘faltado dientes’ para actuar, y más cuando en la mayoría de los casos son los alcaldes y gobernadores quienes interfieren directamente en la elección de los jefes.
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“Las contralorías se han tecnificado más, antes era muy empírico todo el proceso de responsabilidad fiscal, por ejemplo. El nivel profesional era menor. Siempre les han faltado dientes para poder actuar. El problema es que son los alcaldes y los gobernadores son los que interfieren y hacen elegir un contralor de bolsillo”, afirmó el experto.
Cabe recordar que en Bucaramanga no se ha podido elegir contralor para esta vigencia, que ya completa cuatro meses en encargo.
Sin jefe titular
El órgano de control fiscal inició el año sin jefe en propiedad. ¿La razón? En 2024, gran parte de los concejales fueron recusados en medio del proceso de convocatoria pública, mereciendo la suspensión temporal de la competencia, que ha estado a cargo de la Universidad de Pamplona.
A 13 de los concejales se les aplicó este recurso argumentando que tenían algún tipo de cercanía con los puntajes más altos en las pruebas de conocimientos, hecho que podría representarles un conflicto de intereses, pero fueron rechazadas por la Procuraduría.
En diciembre pasado salió del cargo Viviana Marcela Blanco Morales, quien fue elegida en 2022 contralora de Bucaramanga en medio de cuestionamientos por la cercanía que tenía con el entonces concejal y presidente de la corporación, Fabián Oviedo. Sin embargo, la indagación en la Procuraduría fue archivada.
Con su salida, quien quedó en el cargo fue Juan Diego Rodríguez, entonces secretario general, quien llegó al órgano de control fiscal en diciembre de 2025. Un mes después, luego de quedar como el único funcionario del nivel directivo, quedó como jefe encargado del despacho, siendo relacionado políticamente con el excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Fabián Oviedo.
“Acá todos sabemos que existe una cercanía política entre ellos dos, pero claramente lo van a negar”, afirmó una fuente que pidió reserva de su nombre.
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¿Cómo va el proceso de contralor?
Esta semana está previsto que la Universidad de Pamplona, encargada de valorar la hoja de vida y experiencia, además de evaluar los conocimientos de los candidatos, entregue la terna de la cual el Concejo de Bucaramanga elegirá el jefe del órgano de control fiscal, que estará en la Contraloría durante cuatro años.
En la puja hay varios nombres conocidos que quieren estar ahí. Uno de los mejores puntajes lo tiene la excontralora de Medellín, Elsa Yazmín González, cercana al senador del Partido Conservador Carlos Trujillo.
La hoy candidata es tía de Wilson Gabriel González Vargas, quien hasta hace poco estuvo vinculado con la Alcaldía de Bucaramanga como subsecretario de Infraestructura, hasta que pasó a ser subdirector técnico de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
En la calificación de hojas de vida también les fue bien a Pablo Andrés Garzón Vásquez, quien en 2020 intentó ser contralor de Santander. Jairo Edwin Garzón Téllez también destacó en esa valoración.
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Alcaldía, con responsabilidad en la chatarra
El subcontralor de Bucaramanga, Carlos Saúl Sierra, abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Jaime Andrés Beltrán; los exsecretarios de Infraestructura Jorge Alejandro García Henao, Iván José Vargas Cárdenas; la saliente jefe de esa cartera, María del Rosario Torres, y los asesores Robin Albeiro Castro y John Fernando Larrota, en el escándalo de la chatarra que desapareció y que habría estado valorada en más de $46.000 millones de luminarias e inservibles del municipio.
Ese caso avanza también en la Fiscalía.
En contra de María del Rosario Torres hay otro caso abierto por el empréstito que en su momento pidió el exalcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, por $80.000 millones, y que tenía como objetivo la remodelación de tres colegios de la ciudad. Sin embargo, los recursos no se han ejecutado y sí han generado el pago de millonarios intereses por parte de la administración.
Reestructuración en la Contraloría
A finales de 2025, los más de 40 funcionarios de la Contraloría de Bucaramanga sufrieron retrasos en el pago de sus salarios.
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A los trabajadores les demoraron el pago de ‘primas’ y sueldos durante al menos tres meses, en una deuda que en ese momento alcanzaba los $1.800 millones en medio de una crisis fiscal.
Los problemas financieros en el órgano de control fiscal no eran nuevos. Se habían registrado desde 2014, cuando el Concejo de Bucaramanga autorizó el incremento de la planta de personal, con un flujo de caja insuficiente, una planta de personal que no alcanzaba a ser pagada con el presupuesto de la entidad e intentos de reforma que, luego de naufragar varias veces en el Concejo, finalmente fueron aprobados el año pasado.
Un fallo de una acción popular, que protege el derecho colectivo a la moralidad pública, le ordenó al mismo órgano de control fiscal “ajustarse” al gasto y aplicar un rediseño, que tenía que ser aprobado mediante un proyecto de acuerdo en el Concejo, el cual finalmente sí logró aprobarse. En febrero pasado, con el aval de la Contraloría General y la Auditoria General, la Alcaldía de Bucaramanga giró $2.500 millones para resolver la situación financiera.
