Recuperar la seguridad y disminuir los grupos armados al margen de la ley serán algunos de los retos que tendrá el nuevo presidente de Colombia.
A finales de abril pasado, un cilindro bomba explotó en la vía Panamericana, que conecta a Cali con Popayán. El saldo: al menos 20 personas murieron y más de 40 quedaron heridas. Ese fue el balance de uno de los peores hechos de violencia ocurridos en Colombia en la última década, teniendo como responsables a las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’, especialmente a las estructuras ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Jaime Martínez’, ambas del Estado Mayor Central, que hizo parte de la fracasada mesa de Paz Total con el Gobierno Nacional.
Así como ese atentado, en Colombia se han registrado decenas durante el Gobierno de Gustavo Petro, que intentó tener en paralelo varias mesas de diálogo con las disidencias de las extintas Farc, los grupos de delincuencia común y los bloques paramilitares que ahora se denominan Autodefensas Gaitanistas y Clan del Golfo.
El Gobierno Nacional arrancó con al menos cuatro mesas de diálogo y solo una se mantiene vigente.
La apuesta, reconocida por un sector del Gobierno Nacional como “fracasada”, no ha tenido buenos resultados, más que el fortalecimiento de los grupos delincuenciales, a quienes la Fiscalía General de la Nación les levantó a sus capos las órdenes de captura por decisión del presidente Gustavo Petro, generando malestar en diferentes sectores políticos e incluso en la misma jefa del ente acusador, Luz Adriana Camargo.
Esto no representa otra cosa para el nuevo presidente de la República, que entrará a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, que recuperar la seguridad en el territorio nacional deberá ser una de sus principales apuestas y uno de los retos más importantes que piden los colombianos en las diferentes zonas del país.
En el más reciente informe del Ministerio de Defensa sobre los grupos armados, se estableció que las estructuras pasaron de 25.000 a 27.000 hombres en armas en las diferentes regiones, siendo Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Norte de Santander las zonas más permeadas por las estructuras delincuenciales.
27.000 hombres conformarían las estructuras armadas en el país, según informe de inteligencia del Ministerio de Defensa.
¿Qué proponen?
Tanto Abelardo De La Espriella como Iván Cepeda, los dos candidatos que disputarán en ocho días la Presidencia de la República, tienen en sus planes de Gobierno atender los temas de inseguridad, pero desde una mirada distante.
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De La Espriella, por ejemplo, es de la teoría de que se necesita mano dura para contener a los grupos armados al margen de la ley; Cepeda, por su parte, cree que los procesos de paz sí son necesarios para el desarme, además de generar mejores oportunidades para que los jóvenes no militen en las estructuras.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), en lo que va corrido de este año, 8.352 personas han sido víctimas del desplazamiento por los grupos armados, siendo 22 municipios los más afectados, como Segovia (Antioquia), Ciénaga (Magdalena), Tibú y El Tarra (Norte de Santander), Argelia (Cauca), Aracataca (Magdalena), Cumbitara (Nariño), entre otros.
Y como hecho aún más preocupante, Indepaz registra en los primeros seis meses del año 65 masacres, dejando 258 víctimas entre mujeres, hombres y menores de edad.
“Las masacres no son hechos aislados. Son una expresión de las múltiples violencias que persisten en los territorios y de la vulneración continua de los derechos humanos de las comunidades. Detrás de cada cifra hay vidas arrebatadas, familias afectadas y poblaciones que enfrentan el control armado, el miedo y la incertidumbre”, dijo el instituto.
Por su parte, Gloria Rojas, experta en conflicto y docente universitaria, sostuvo que las masacres en Colombia se han convertido en una de las estrategias de los grupos armados para generar presión sobre el Gobierno, que viene atravesándose en sus negocios relacionados con el tráfico de estupefacientes.
“El punto de quiebre es que inicialmente el Gobierno fue permisivo con estos grupos que no mostraron voluntad alguna de hacer la paz realmente. Su combustible es el microtráfico y las fronteras, como en Norte de Santander, y sus rentas son más rentables por estos caminos”, afirmó la experta, señalando que la lucha contra los grupos debe cambiar.
8.352 personas han sido víctimas de desplazamiento por parte de grupos al margen de la Ley, en 2026.
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¿En qué quedan las mesas de paz total?
El Gobierno Nacional tuvo una de las apuestas más ambiciosas en materia de paz: avanzar con varios grupos armados al margen de la ley mediante mesas de paz que, al día de hoy, no tuvieron resultados positivos.
Con el Eln, el Gobierno Petro levantó la mesa de diálogo luego de varios atentados contra la población civil.
Puntualmente, el jefe de Estado ordenó al alto comisionado para la Paz, Oty Patiño, suspender esa mesa después de varios hechos violentos producidos en el Catatumbo, Norte de Santander.
Aunque el Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc, había anunciado su intención de hacer la paz, poco demostraron en las negociaciones. La violencia fue agudizada por su jefe, ‘Iván Mordisco’, llevando al Gobierno a levantar la mesa cuando atentaron en contra de una lideresa indígena en el departamento del Cauca.
Por último, con alias ‘Calarcá’, otra estructura de las extintas Farc, el proceso se mantiene activo. Incluso, recientemente el presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación levantar las órdenes de captura de varios de los capos de estas estructuras.
