En el consejo señalaron que más adelante se conocerían detalles de los actores mencionados en el informe.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El presidente Gustavo Petro participó este 16 de junio en consejo de ministros en el que se presentó un informe de inteligencia de aproximadamente 130 páginas que da cuenta de una presunta red de desvío de recursos en el sistema de salud, en la que estarían involucrados 168 actores entre personas naturales y jurídicas.
La exposición de los hallazgos estuvo a cargo del director general de la UIAF, Wílmar de Jesús Mejía, quien presentó el informe durante la reunión del gabinete.
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Según lo expuesto en el consejo de ministros, los hallazgos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación mediante una denuncia penal.
Durante la sesión, se habló sobre los hallazgos en los que se mencionaron posibles vínculos entre procesos de auditoría de la Nueva EPS y Coosalud, dos de las entidades del sistema de salud.
El mandatario afirmó que se habría detectado un “link terrible” entre ambas auditorías, en el marco del análisis del manejo de recursos públicos del sistema.
De acuerdo con lo expuesto en la reunión, los recursos públicos entregados a Coosalud habrían terminado transformándose en cuentas en el exterior a nombre de determinadas personas, mediante presuntos mecanismos de triangulación financiera.
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Asimismo, en la presentación del informe se hizo referencia a una presunta red empresarial relacionada con estos movimientos, en la que se habrían utilizado estructuras financieras como fiducias de inversión.
No se entregaron las identidades de los presuntos involucrados, pero señalaron que más adelante se conocerían detalles de los actores mencionados en el informe.
En la presentación realizada por el director general de la UIAF, Wílmar de Jesús Mejía, se expuso que el análisis permitió identificar la posible participación de contadores, revisores fiscales, representantes legales, beneficiarios finales y empresas dentro del presunto entramado.
En total, según lo expuesto en el consejo de ministros, la red estaría conformada por 83 profesionales de la contaduría, 17 beneficiarios finales, 25 personas naturales vinculadas como representantes legales y 43 personas jurídicas.
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Además, el informe señaló la posible participación de entidades financieras en los flujos de recursos, aunque no fueron mencionadas de forma directa.
Durante la sesión, se advirtió que parte de estos movimientos habrían incluido operaciones en efectivo difíciles de rastrear y el uso de estructuras empresariales para movilizar recursos entre EPS, IPS y cuentas dentro y fuera del país.
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En el informe también se mencionaron posibles delitos como peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y concierto para delinquir, entre otros.
Durante la sesión también se señaló que se pediría el levantamiento del velo corporativo, el congelamiento preventivo de cuentas y fiducias, así como la revisión de eventuales responsabilidades en entidades del sistema financiero por posibles omisiones en los controles de prevención de lavado de activos.
Wilmar Mejía afirmó que el análisis fue socializado con la Fiscalía General de la Nación y otras entidades de control, teniendo en cuenta el impacto que estos hallazgos podrían tener sobre el sistema de salud y la administración de recursos públicos.
El informe advierte sobre una posible inhabilitación del sistema debido al tamaño de la entidad investigada, que agruparía cerca de 3,5 millones de usuarios.
