Petro anunció la liquidación de Air-e, distribuidora de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Gremios advierten riesgo de apagón y deuda de $2,3 billones.
Publicado por: El Colombiano
El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que su intención es liquidar Air-e “para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”.
La frase abrió más preguntas que respuestas y encendió las alarmas en los sectores político, gremial y en los propios usuarios del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La empresa lleva casi dos años bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, un proceso que no solo no logró sanear sus finanzas, sino que agravó su situación.
Cuando el Gobierno tomó posesión de Air-e, la deuda era de $530.000 millones. Hoy, con seis interventores de por medio, esa cifra escala a $2,3 billones.
Los gremios dicen que la liquidación carece de sustento jurídico
La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e —conformada por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico-Magdalena— fue enfática: el anuncio carece de respaldo jurídico.
Cualquier fusión entre Air-e y Gecelca requiere autorizaciones, trámites regulatorios y procesos corporativos, financieros y administrativos que, en condiciones normales, toman años. Y los acreedores tienen mecanismos legales para oponerse a operaciones que afecten el cobro de sus créditos.
La veeduría también advirtió sobre el momento elegido para el anuncio: Colombia está entrando en un período de El Niño que reducirá la capacidad de las hidroeléctricas para generar energía. La incertidumbre generada por la liquidación llega exactamente cuando el sistema necesita más estabilidad, no menos.
De los $2,3 billones en deuda total de Air-e, la distribución es la siguiente: $1,5 billones a empresas térmicas generadoras de energía, $420.000 millones a generadoras hidráulicas y $610.000 millones a transmisores y transportadores de energía.
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Además, el gremio denuncia que el Gobierno acumula billonarios retrasos en el giro de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, y en el pago de saldos pendientes de la opción tarifaria. Esas deudas, a diferencia de las de Air-e, son una obligación directa del Estado con los colombianos más vulnerables.
“Un acto irresponsable”: los gremios energéticos cuestionan a Petro
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), fue contundente: liquidar la empresa con ese nivel de deudas acumuladas es “irresponsable y poco sensato”.
Su argumento es técnico y urgente. La Superintendencia de Servicios Públicos, en el momento en que formalice el acto de liquidación, debe dejar de prestar el servicio y de vender energía a los usuarios. En términos prácticos, eso significaría cortar la luz a tres departamentos de manera automática.
“El Gobierno estaría condenando a tres departamentos a estar apagados automáticamente al momento de la liquidación”, advirtió Castañeda.
La salida, según el gremio, es encontrar otro operador que asuma el servicio para 1,3 millones de hogares. Pero esa gestión, hasta ahora, no ha comenzado. “Al día de hoy, el Gobierno no ha hecho ninguna gestión para buscar un operador que tenga la idoneidad suficiente”, señaló el líder gremial.
Castañeda descartó esa posibilidad. Las distribuidoras estatales son pequeñas y no tienen capacidad financiera para absorber una empresa que pierde entre $150.000 y $200.000 millones al mes. Asumir esos pasivos sin músculo económico sería cambiar un problema por otro mayor.
