El centro asistencial tiene vínculo con la familia del exministro de Salud, Guillermo Jaramillo, pues lleva el nombre de su padre, Alfonso Jaramillo Salazar.
Publicado por: Redacción Vanguardia
Suspendido quedó un proyecto por más de $79.000 millones destinado a ampliar, reforzar y modernizar el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar, en Líbano (Tolima). Así están las cosas luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara dos advertencias sobre posibles deficiencias en la planeación y documentación técnica del proceso contractual.
El caso ha tenido especial atención de los entes de control por los vínculos del centro asistencial con la familia del exministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Lo anterior debido a que el hospital lleva el nombre de su padre, Alfonso Jaramillo Salazar, quien fue uno de los impulsores de la institución prestadora de servicios. Precisamente, mientras se instalaba un busto en su homenaje, los directivos del centro médico avanzaban en el proceso para ejecutar las millonarias obras.
Según reveló el periódico El Tiempo, el Ministerio de Salud —bajo las órdenes del Gobierno Petro— había considerado que el proyecto tenía alcance de “impacto nacional”. Tanto así que el 1 de julio de 2026 la cartera emitió un concepto técnico favorable y autorizó al hospital para continuar con los procedimientos necesarios para contratar las obras. Sin embargo, el proceso comenzó a ser cuestionado por la Procuraduría. Uno de los puntos centrales estuvo relacionado con la ausencia de información suficiente para respaldar los estudios y diseños que sustentaban la intervención física del hospital.
En ese sentido, el Ministerio Público señaló que no se habían divulgado de manera adecuada documentos fundamentales como planos, memorias de cálculo, estudios técnicos y otros soportes relacionados con la obra civil. Para el organismo de control, estas omisiones podían evidenciar una planeación incompleta frente a un proyecto de semejante magnitud.
El 5 de agosto, el procurador primero delegado para la Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, pidió al hospital atender las observaciones y detener el procedimiento mientras se corregían las situaciones advertidas.
Pese a esa primera comunicación, el trámite del millonario contrato continuó. Ante la falta de una respuesta satisfactoria, la el ente de control disciplinario remitió un segundo oficio el 26 de agosto, en el que reiteró los riesgos identificados y solicitó nuevamente suspender el proceso.
La segunda advertencia, finalmente, tuvo efecto. Según los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), el procedimiento fue detenido dos días después: el 28 de agosto.
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La decisión quedó formalizada mediante un documento firmado por la agente especial interventora del Hospital Regional, Nelly Belén Arsuza Mendoza. La funcionaria manifestó en el escrito que la institución decidió acoger las observaciones de la Procuraduría y poner fin al proceso de selección que tenía el código LP-003-2026.
El hospital también reconoció que durante la evaluación de las propuestas se habían detectado algunas deficiencias. No obstante, la entidad aclaró que la decisión no constituye una aceptación de responsabilidad. Al respecto, la institución señaló que su intención es volver a abrir la convocatoria una vez se haga una revisión detallada de los términos de referencia, los estudios técnicos, los componentes financieros y presupuestales y los demás documentos cuestionados por la entidad.
El episodio también genera interés político en el departamento del Tolima. Sectores locales han señalado que un eventual nuevo proceso de contratación podría coincidir con el calendario electoral de 2027, cuando se elegirán ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. En ese contexto, el nombre de Guillermo Jaramillo Martínez ha comenzado a mencionarse como posible protagonista de esa contienda regional.
