Política
Miércoles 21 de octubre de 2026 - 10:08 AM

Procuraduría formula cargos a exalcalde de Charta, Santander, por irregularidades en un contrato de $1.719 millones

A los exfuncionarios de esa Alcaldía, Juan Carlos Gómez Castro y Harold Marcel Moreno Landazábal también se les profirieron cargos.

Bogotá, Octubre 21 de 2025.  El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, realizó la presentación oficial de la nueva identidad visual de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa - Catalina Olaya)
Bogotá, Octubre 21 de 2025. El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, realizó la presentación oficial de la nueva identidad visual de la Procuraduría General de la Nación. (Colprensa - Catalina Olaya)

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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Charta, Santander, Álvaro Toloza Rojas; el exsecretario de Planeación e Infraestructura municipal, Juan Carlos Gómez Castro y el exfuncionario de la administración, Harold Marcel Moreno Landazábal, por presuntas anomalías en la ejecución de un contrato.

El Ministerio Público investiga si el mandatario, para la vigencia 2023, suscribió un negocio jurídico para la construcción de puentes metálicos para el tráfico vehicular en las veredas La Rinconada y La Caña, con soportes que, al parecer, presentaban deficiencias geotécnicas y estructurales relevantes provenientes del bilateral de consultoría.

Procuraduría General. //  (Colprensa - Sofía Toscano)
Procuraduría General. // (Colprensa - Sofía Toscano)

Asimismo, la autoridad disciplinaria busca confirmar si Gómez Castro, quién fungía como supervisor de la empresa consultora contratada, presuntamente dio trámite a los productos entregados sin exigir que se cumpliera con los estándares técnicos y las normas según la ley.

De la misma manera, el ente de control busca verificar si Moreno Landazábal, quién se desempeñaba como apoyo técnico a la supervisión del contrato, posiblemente omitió las inconsistencias técnicas de los estudios para la ejecución de la obra que tenía un valor de $1.719.874.330 millones.

La entidad calificó provisionalmente la presunta conducta de los funcionarios como falta gravísima cometida a título de culpa grave.

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