La bancada cuestiona el aumento del servicio de la deuda y la reducción de recursos para la JEP, el Sena y las regiones.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El Presupuesto General de la Nación para 2027 ya fue aprobado por el Congreso, pero las discusiones alrededor de sus partidas continúan. El Pacto Histórico anunció una movilización nacional para el martes 24 de noviembre, al considerar que la distribución de los recursos afecta la inversión pública y la financiación de entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La convocatoria se conoció el 20 de octubre, después de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran el proyecto por $634,9 billones. La iniciativa aún debe recibir sanción presidencial. Lea: ¿De qué se tratan las elecciones internas en el Pacto Histórico, a las que convocó Gustavo Petro?
La bancada opositora anunció que participarán en la jornada madres buscadoras, víctimas y damnificados. La senadora Carolina Corcho, además, planteó que la movilización podría convertirse en el punto de partida de un paro cívico nacional. Por ahora, no se han divulgado los lugares de concentración, los recorridos ni los horarios.
📢 ¡24 DE NOVIEMBRE: MOVILIZACIÓN NACIONAL!
— Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) October 20, 2026
La bancada del Pacto Histórico llama a la movilización frente al Presupuesto 2027 del Gobierno de Abelardo de la Espriella, por $634,9 billones.
Según la bancada, el servicio de la deuda aumenta un 46%, la inversión de la JEP cae un… pic.twitter.com/F5IYf2YDVb
Deuda pública y recortes, en el centro de las críticas
Uno de los principales reparos del Pacto Histórico está relacionado con el servicio de la deuda, que en el presupuesto aprobado asciende a cerca de $147,1 billones. La bancada compara esa cifra con los $100,4 billones previstos para 2026 y cuestiona el aumento de los recursos destinados a ese rubro.
La oposición también rechaza la reducción de $181.402 millones para la JEP y advierte sobre disminuciones presupuestales para el Sena, la educación superior y la inversión en los departamentos. Estas cifras hacen parte de los cuestionamientos expuestos por la colectividad y deben entenderse como sus señalamientos sobre el proyecto.
El Gobierno defiende la distribución aprobada y sostiene que las cuentas incluyen obligaciones pensionales, de salud, salariales y relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó en septiembre que el monto corresponde al presupuesto que el país puede financiar.
Con la aprobación legislativa, el siguiente paso es la sanción presidencial. Entretanto, el Pacto Histórico anunció que acudirá a acciones legales frente a los cambios que cuestiona en la financiación de la JEP y mantiene en pie la convocatoria para noviembre.
