Metrolínea y el municipio de Bucaramanga buscarán recursos del gobierno Nacional para responder por los $169 mil millones de sanción por la no construcción de la estación PQP.
Publicado por: OSCAR IVÁN REY
A pesar de la sanción de $169 mil millones impuesta por un Tribunal de Arbitramento en contra de Metrolínea por la no construcción de la estación de ‘Papi Quiero Piña’, el ente gestor no será liquidado.
Así lo confirmó Ángela Farah, gerente de Metrolínea, quien afirmó que el gobierno municipal busca la forma de responder por la millonaria deuda.
“La plata de operación es diferente a la plata de contingencias judiciales, por eso podemos decir que Metrolínea no será liquidada y por el contrario, seguiremos mejorando el servicio”, indicó la Gerente.
En la próxima reunión con la Junta Directiva, Metrolíena y el municipio de Bucaramanga revisarán la forma de presupuestar los recursos para responder por el laudo arbitral.
“Vamos a llevar la decisión a la Junta directiva de Metrolínea donde tienen asiento los representantes del gobierno nacional, los alcaldes y el Área Metropolitana, para definir el plan de acción para cumplir con el fallo”, agregó Farah.
Aún no hay liquidación
Así mismo, esta redacción conoció que el municipio y Metrolínea harán uso del recurso de revisión del laudo al considerar que el fallo fue desproporcionado y hasta entonces no habrá liquidación del contrato de la estación PQP.
“La liquidación del contrato no se podrá realizar hasta que no quede en firme el fallo. La Entidad va a interponer los recursos y la acciones judiciales para seguir defendiendo los intereses del municipio, porque creemos que el fallo no tuvo en cuenta muchas de las observaciones entregadas por la Entidad”, explicó Ángela Farah.
Metrolíena tiene cinco días hábiles para interponer las acciones y el Tribunal tiene cuatro meses para responder las inquietudes.
¿Quién responde?
Para el alcalde Rodolfo Hernández, el culpable no es otro que la “corrupción y politiquería” que por años habían gobernado a Bucaramanga.
“Metrolínea acumula más deudas y tiene otros procesos legales por varios miles de millones de pesos debido a las decisiones erráticas y amañadas propias del desgobierno y el abuso de las administraciones anteriores: las alcaldías de Honorio Galvis, Fernando Vargas y Luis Francisco Bohórquez, y las gerencias de Metrolínea”, dice el comunicado.
Sin embargo, para el exalcalde Honorio Galvis el error estuvo en el acta de terminación del contrato.
“Yo terminé mi gobierno el 31 de diciembre del 2007, casi un año después fue que se dio la construcción de la estación PQP, pero el error estuvo fue en el acta de terminación del contrato, precisamente en el artículo 6 acuerdan no renunciar a reclamar sus derechos y pueden acudir al Tribunal de Arbitramento”, explicó.
Por su parte, Jaime Rodríguez Ballesteros, exgerente de Metrolínea y quien firmó el acta de finalización del contrato de construcción de la estación PQP, señaló a los gobiernos Galvis y Vargas, como los responsables de la crisis.
“Recibí el contrato con un año de suspensión y un juez de la República no permitió que continuara la obra”, indicó Rodríguez.
Así deberá pagar
Según el laudo arbitral, Metrolínea no deberá cancelar los $169 mil millones de manera inmediata, sino que habrá un pago anticipado que se tendrá en cuenta por lo que el ente gestor le ha girado a Estaciones Metrolínea por concepto de tarifas, es decir, $33 mil millones.
Un segundo pago que corresponde al 50% dentro de 18 meses una vez liquidado el contrato y el tercer y último pago deberá ser cancelado un año después de haber realizado el pago de la segunda cuota. Cabe recordar que según Metrolínea el contrato aún no ha sido liquidado ya que se no se tiene un laudo final y no se han agotado todas la instancias. Por tal motivo, los pagos podrían comenzar a darse desde diciembre del 2017.
