A paso lento avanza la discusión de los proyectos de ley que aún hacen su trámite en el Congreso de la República.
La plenaria del Senado aprobó en tercer debate, el proyecto de la Consulta Anticorrupción, que obligaría a los funcionarios del Estado a hacer públicas las declaraciones de renta, formato de patrimonio y los conflictos de interés para el ejercicio de sus cargos.
Esta información, según la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, promotora de la Consulta Anticorrupción que se realizó el 26 de agosto de 2018, sería publicada en Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep, para que la ciudadanía pueda tener acceso a ella y hacer más trasparente la contratación pública.
“Este proyecto de ley derivado de la Consulta busca que todos los congresistas y altos funcionarios permitan conocer a los ciudadanos su declaración de renta, impuestos y conflicto de intereses. Para saber con cuanta plata entran y con cuanta salen del cargo”, explicó la congresista de la Alianza Verde.
Iniciativa de la Consulta
El proyecto obedece a la pregunta seis de la consulta, en la que se le cuestionó a la ciudadanía si aprobaba que se le pidiera a todos los electos mediante voto popular a hacer público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo.
El artículo también contempla que dichos documentos puedan ser usados como insumos para iniciar investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial red de testaferros como su cónyuge, compañero o compañera permanente, a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y a sus socios de derecho o de hecho.
Al proyecto le falta un debate en la plenaria de la Cámara para convertirse en ley de la República y de ser aprobado aplicaría para ministros, magistrados de altas cortes, directores administrativos y altos funcionarios del Estado.
La otra cara
Sin embargo, no todo fue a favor de los proyectos anticorrupción que aún hacen trámite en el Congreso, toda vez que la iniciativa que busca eliminar los privilegios de cárcel especial para las personas que incurran en delitos relacionados con actos de corrupción, fue aplazado por la plenaria del Senado.
“La mala noticia, es que en cuarto y último debate para que sea Ley esta temible medida del punto 2 de la Consulta Anticorrupción, la cual busca eliminar privilegios de cárcel especial y prohibición de volver a contratar con el Estado, fue aplazado hasta que haya nuevo fiscal”, agregó la senadora Angélica Lozano.
Dicha iniciativa legislativa está relacionada con la pregunta número 2 de la Consulta Anticorrupción, punto, que fue el más votado por los ciudadanos.
Los hundidos
Aunque la Consulta Anticorrupción no prosperó porque no tuvo los votos requeridos, sí surgió el compromiso de tramitar sus iniciativas y las del gobierno en el mismo sentido, combatir la corrupción, para ese se radicaron siete proyectos entre reformas constitucionales y proyectos de ley.
No obstante, muy rápidamente se hundió uno de los proyectos que tenía mayor interés en el país: el que bajaba el sueldo a los congresistas y altos funcionarios del Estado. La iniciMurió en su primer debate, esto porque la mayoría de los congresistas se impidieron de votarlo.
La misma suerte corrió la enmienda constitucional para limitar a tres periodos legislativos a los congresistas, concejales, diputados y ediles en sus corporaciones. Este proyecto por ser similar a lo que decía la reforma política se sumó a ese texto, pero la misma terminó hundiéndose en su quinto debate.
En contexto: La Consulta Anticorrupción ya tiene tarjeta electoral
Pendientes de debate
Dos proyectos de esa agenda anticorrupción están en semáforo en amarillo, es decir con posibilidad de aprobarse o de hundirse, como por ejemplo la ley que define una participación ciudadana y transparencia en el presupuesto y el que crea mecanismos de rendición de cuentas, ambos deberán tener al menos una votación antes del 20 de junio.
Pendiente de su trámite en la Cámara de Representantes está el proyecto sobre los pliegos tipo, para hacer una contratación pública más transparente, ya fue votado en la plenaria del Senado.
