La oposición buscaría demandar esta decisión, pero no sería posible por tratarse de una sentencia de unificación.
Publicado por: Arley Sánchez
Un fallo del Consejo de Estado, del pasado 9 de septiembre, que le pone ‘freno’ a la contratación por prestación de servicios de forma consecutiva, ha generado polémica y críticas desde diferentes sectores.
La Sección Segunda del Consejo de Estado determinó, en una sentencia de unificación por importancia jurídica, que un contrato por prestación de servicios no se podría firmar antes de 30 días de haberse terminado un contrato con la misma persona.
Es decir, para renovar un contrato por prestación de servicios, deberá pasar un mes desde la finalización del contrato a renovar.
En pocas palabras, lo que busca el Consejo de Estado es que las entidades del sector público y privado no suscriban un contrato tras otro con la misma persona con la intención de no pagar algunos derechos laborales.
Desde diferentes sectores han criticado la decisión del Consejo de Estado y han asegurado que esta medida no brinda garantías para quienes trabajan por prestación de servicios.
Según el Dane, en julio de este año, la cifra de desempleo en el ámbito nacional se ubicó en un 14,3 %. Para los expertos, con esta decisión del Consejo de Estado esa cifra se podría inflar a niveles superiores.
Esta decisión se dio luego de que una abogada en Medellín interpusiera una demanda en contra de la Personería de la ciudad, en donde sostenía que hubo continuidad laboral entre 2005 y 2011. Sin embargo, le habrían negado algunos derechos económicos y laborales.
Vanguardia consultó expertos en temas de contratación y congresistas del oficialismo y la oposición, para conocer sus posturas ante esta determinación.
Las voces en contra
Katherin Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, sostuvo que esta decisión del Consejo de Estado solo se puede catalogar como “equivocada con la situación actual del país”.
Para la congresista, esta decisión no va a favor de las personas prestadoras de servicios, pues algunas empresas las obligarían a trabajar por un salario menor o, en su defecto, de forma gratis mientras pasan los 30 días para poder suscribir un nuevo contrato.
“En pocas palabras el Consejo de Estado lo que está haciendo es legalizar el trabajo gratis. A esto le podríamos llamar ‘esclavitud moderna’. No se garantizan los derechos de los trabajadores, por el contrario, se vulneran”, sostuvo la congresista de la oposición.
Por su parte, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, también se mostró en contra de esta decisión del alto tribunal.
Ramírez considera que el Gobierno Nacional está en “mora” en garantizar los derechos de las personas que trabajan por prestación de servicios.
Esta medida “perjudicaría a millones de personas del sector público y privado que trabajan bajo este mecanismo de contratación”.
El senador del uribismo dijo estar en contra de esta decisión del Consejo de Estado, toda vez que abriría la puerta para el trabajo informal y para que se vulneren aún más los derechos de los trabajadores.
Entre tanto, el representante a la Cámara, Mauricio Toro, de la Alianza Verde, fue enfático al asegurar que con esta decisión se estaría apoyando el abuso que tiene el Gobierno Nacional, respecto a los trabajadores.
Según expertos consultados por Vanguardia, más de 500 mil personas en el país contarían con contrato de prestación de servicios en el Gobierno Nacional.
Rodrigo Fernández, experto en contratación, también criticó la decisión del Consejo de Estado, toda vez que “precarizaría” el empleo de los trabajadores, pues se “maquillarían y amarrarían” contratos para que los trabajadores no pierdan el empleo, en el mes de plazo para renovar contrato.
La voz a favor
La representante a la Cámara, Margarita Restrepo, del Centro Democrático, sí está a favor de esta decisión del Consejo de Estado, pues estima, esta medida garantizaría la transparencia en la contratación y reduciría evidentemente las cifras de corrupción.
“Esta es una de las mejores decisiones. Aplaudo al Consejo de Estado”, sostuvo.
