El exmandatario fue inhabilitado, en primera instancia, para ejercer cargos públicos por 14 años, situación jurídica que lo podría afectar de por vida para aspirar en elecciones. El futuro político de Hernández quedó en manos de la Procuradora Margarita Cabello, quien deberá decidir de fondo en el caso.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 14 años al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, por presuntas irregularidades en el sonado caso conocido como ‘Vitalogic’, cuando fungió como mandatario local para el periodo 2016 - 2019.
Según el Ministerio Público, se encontró probado interés indebido del exalcalde en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la Unión Temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado.
“Se comprobó que Hernández Suárez tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía, no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la citada firma contratista fuera la seleccionada”, explicó la procuradora Margarita Cabello, desde Bucaramanga donde se encontraba realizando la rendición de cuentas de la entidad.
La Procuraduría calificó las dos conductas reprochadas a Hernández Suárez como faltas cometidas a título de dolo, la primera de naturaleza gravísima por interés indebido en la celebración de contratos, y la relacionada con la coacción al funcionario de la Emab, como falta grave.
Por tratarse de un proceso disciplinario en contra de un exfuncionario de elección popular el fallo en primera instancia fue decidido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular de la Procuraduría General, por tal motivo, será la propia procuradora Cabello quien defina la situación de Hernández Suárez en segunda instancia.
“Como el fallo en primera instancia lo emitió la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, la resolución en segunda instancia será responsabilidad de la Procuradora General, es decir, yo. Por tal motivo, no puedo dar ningún concepto al respecto porque de lo contrario podría quedar inhabilitada”, agregó Cabello en declaraciones a la prensa.
La jefe del Ministerio Público señaló que en caso de confirmarse en segunda instancia la sanción en contra de Rodolfo Hernández, éste podrá recurrir ante el Consejo de Estado para su respectivo control correspondiente. Sin embargo, agregó Cabello, la sentencia se mantiene en el alto tribunal, lo que significaría la ‘muerte’ política para el exmandatario local.
“Eso entiendo, pasa al Consejo de Estado, y si se confirma ya como tercera sanción disciplinaria ahí se declararía una eventual ‘muerte’ política ya que contaría con tres sanciones disciplinarias”, explicó la Procuradora General.
Consultado por Vanguardia, el abogado Gerardo Martínez señaló que no todos los casos disciplinarios están siendo revisados por el Consejo de Estado.
“La semana pasada el magistrado sustanciador se abstuvo de avocar conocimiento de la revisión automática de la suspensión de la alcaldesa de Arjona, porque considera que es inconstitucional e inconvencional, (porque violaba la convención de derechos humanos, que firmó Colombia) y además porque es inconstitucional porque le impone al Consejo de Estado una competencia que no tiene. Es el punto clave del asunto, porque es lo que revisará el tema del senador Flórez y muy seguramente ahora con Rodolfo Hernández”, indicó Martínez.
Tras la determinación en primera instancia de la Procuraduría, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández volvió a recurrir al exmagistrado Julio César Ortiz para que lleve su proceso ante el Consejo de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh.
“El doctor Rodolfo se encuentra muy afectado porque es un claro caso de persecución política en su contra. Está muy claro que la Cidh estableció que un órgano administrativo no puede sancionar e inhabilitar a un funcionario elegido popularmente”, explicaron fuentes cercanas a Hernández Suárez.
Esta no es la primera vez que el exmagistrado, Julio César Ortiz defiende a Rodolfo Hernández en estrados judiciales. Ya en el pasado, Ortiz había representado al exmandatario cuándo este fue destituido provisionalmente tras agredir físicamente y verbalmente al exconcejal de Bucaramanga, Jhon Jairo Claro.
Ortiz también llevó el caso del hoy presidente, Gustavo Petro, ante la Cidh cuando fue destituido como alcalde de Bogotá por parte de la Procuraduría.
Esta sanción impuesta por la Procuraduría General en contra del exalcalde Rodolfo Hernández por el caso Vitalogic pone en riesgo su futuro político toda vez que, de confirmarse, quedaría inhabilitado para participar nuevamente en elecciones populares ya que sumaría su tercera sanción disciplinaria ejecutoriada en los últimos cinco años.
En junio del 2020, la Procuraduría General, en fallo de segunda instancia ratificó la sanción en contra del exmandatario de los bumangueses por golpear al exconcejal Jhon Jairo Claro, en noviembre del 2018.
Igualmente, en fallo de segunda instancia, la Procuraduría había suspendendido e inhabilitado a Hernández Suárez por “tratar con irrespeto, sin imparcialidad y falta de rectitud a un funcionario con quien tiene relación en el servicio público”. La denuncia había sido interpuesta por el empleado de la Secretaría de Infraestructura municipal, Wilson Motta.
Un tercer fallo disciplinario, en contra de Rodolfo Hernández, esta vez en primera instancia, se dio en 2020 por parte de la Procuraduría que sancionó al exalcalde por haber agredido verbalmente a un ciudadano cuando fungía como mandatario de los bumangueses
Así mismo, en marzo pasado, el Ministerio Público le formuló cargos por presuntamente realizar manifestaciones injuriosas en contra Didier Tavera, exogbernador de Santander; Édgar Suárez, exdiputado, y Héctor Rolando Noriega, subcontralor de Bucaramanga para la época de los hechos.
A pesar de los fallos de la Procuraduría, Rodolfo Hernández podría inscribirse como candidato en las elecciones locales del mes de octubre. Así lo manifestó, el abogado experto en derecho administrativo, Carlos Alfaro, al considerar que hasta que no exista una tercera sanción disciplinaria ejecutoriada o una sentencia penal en contra de Hernández Suárez, éste podrá aspirar a un cargo público sin restricción.
“De acuerdo a la Cidh, en Colombia no puede declarar nula la elección de un alcalde o un gobernador, en ese orden de ideas el señor Rodolfo Hernández puede aspirar al Alcaldía de Bucaramanga o la Gobernación de Santander y posesionarse si así deciden sus electores. Una vez se posesione, ya entra la jurisdicción contenciosa administrativa a través de la acción de nulidad a si procede o no a dicha declaratoria, pero lo pongo en duda, por que el artículo 122 de la Constitución dice que para que la jurisdicción contenciosa declare nula la elección del mandatario tiene que haber sido sancionado penalmente previamente”, consideró Alfaro al analizar el caso para este medio..