Casi un mes después del colapso de la represa La Batanera, aún no está claro qué fue lo que falló y quiénes son los responsables de la emergencia.
Publicado por: REDACCIÓN POLÍTICA
Luego del colapso de la represa La Batanera de Vélez hace unas semanas, la Asamblea de Santander realizó un debate de control político para conocer cuáles fueron las causas de la emergencia, determinar quiénes fueron los responsables y verificar si esta situación pudo haberse evitado.
La conclusión, según el diputado liberal Carlos Alberto Morales, es que había muchos indicios de que las cosas no iban bien y por ello se trataría de la ‘crónica de un colapso anunciado’.
Cabe recordar que la represa fue entregada a finales del año pasado, luego de casi cuatro años de construcción, cuando en el papel debió entregarse en ocho meses. Esta obra tiene como fin surtir al Acueducto de Vélez.
Para Morales Delgado, que fue uno de los citantes al debate, hay fuertes indicios de que “el sitio no era el apropiado, no hubo un estudio de suelos serio y los diseños, según la interventoría, no eran los mejores”.
Además, dijo que organizaciones como ‘Vélez 500 Años’ y el Concejo de Vélez venían advirtiendo sobre los posibles problemas que había desde que se adjudicó el contrato.
Veeduría ciudadana
Precisamente la organización Proceso Ciudadano Vélez 500 Años fue una de las que más seguimiento le hizo a esta problemática.
Tanto así que desde diciembre de 2012 venían solicitándole al exgobernador Richard Aguilar y a la alcaldesa Yaned Grandas que aclararan algunas dudas que tenían sobre la contratación y la construcción de la represa La Batanera.
Además, se envió en abril de 2014 un folio a la Contraloría Departamental para que iniciara la correspondiente indagación preliminar, pero según el diputado Carlos Morales Delgado, el ente de control no hizo nada que pudiera evitar la emergencia.
Se hará investigación
Durante el debate, el Secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía Abello, indicó que se iniciará una investigación para encontrar quiénes son los responsables de la emergencia y proponer alternativas de solución al problema.
Este peritaje será adelantado por la Gobernación y la Esant con la ayuda de la Sociedad Santandereana de Ingenieros (SSI) y la vigilancia de los entes de control.
Según Mejía Abello, ya hay unos indicios de cuáles fueron los problemas, pero será el estudio el que determine qué pasó:
“Hicimos un balance de qué pudo suceder y hay unos indicios de cambio de materiales y diseños... vamos a profundizar en eso para ver qué sucedió”.
En cualquier caso, independientemente de quiénes son los responsables de esta situación, la Gobernación se comprometió a buscarle una solución a los veleños.
Cuatro años para una obra de ocho meses
Por su parte, la gerente de la Esant, Mónica Monsalve, recordó que la obra fue recibida a satisfacción el 18 de diciembre de 2015 por la anterior administración seccional, es decir, por el exgobernador Richard Aguilar Villa.
Monsalve explicó, además, cuáles son las adiciones de tiempo que se autorizaron y las causas que se dieron en su momento para que se ampliara el plazo de entrega, que pasó de ocho meses a casi cuatro años.
Según la funcionaria, se generaron seis modificaciones al contrato, hubo nueve suspensiones y 10 ampliaciones de términos contractuales.
