Las declaraciones que salpican a Mauricio Mejía en caso del contrato del estadio de Bucaramanga

Vanguardia tuvo acceso a las declaraciones juramentadas que el contratista Octavio Reyes Sarmiento y el representante legal de la Interventoría, Andrés Mauricio Díaz Herrera, le entregaron a la Fiscalía entre 2018 y 2019 sobre las irregularidades en el contrato de obra del estadio Alfonso López. Las declaraciones de Reyes Sarmiento fueron aceptadas por la Fiscalía como colaboración efectiva con la justicia.

Reyes Sarmiento, representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, consorcio al que le adjudicaron el millonario contrato para reforzar la estructura del estadio, fue beneficiado con un principio de oportunidad. Esto tras haber aceptado los actos de corrupción y narrado a la Justicia los pormenores de cómo se adjudicó ‘a dedo’ el cuestionado contrato y cómo, según él, se repartieron las coimas.

El contratista le contó a las autoridades detalles de cómo fue contactado para quedarse con la licitación y cómo Lenin Pardo, contratista de la Gobernación y esposo de Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura de la administración Richard Aguilar Villa, le habría pedido 15% del valor del contrato a cambio de ser seleccionado en el proceso de contratación.

En su relato, Reyes Sarmiento aseguró que para 2016, con el cambio de gobierno departamental, Mauricio Mejía Abello le pidió el 10% del valor de un adicional que había sido aprobado a finales del 2015. Según Reyes, esta nueva coima era para no multarlo como contratista.

Tal declaración coincide con lo narrado a la Fiscalía por Andrés Mauricio Díaz Herrera, representante legal de la Interventoría del mencionado contrato. Él señala que Mejía le pidió un informe para multar a la Unión Temporal Reforzamiento 2015 y luego, pese a tener todos los méritos para imponer la sanción, esta nunca llegó.

Posteriormente, Díaz contó que él también le dio dinero a Mauricio Mejía para modificar el pago de unas actas.

¿Qué dice Mejía Abello?

Vanguardia se comunicó con el ahora diputado, Mauricio Mejía Abello, quien aseguró que por orden expresa de la Corte Suprema de Justicia no podía referirse a los hechos en mención.

El adicional al contrato de reforzamiento del estadio, cuyo valor fue de aproximadamente $6.700 millones, fue aprobado a finales de diciembre de 2015, antes de finalizar la administración de Aguilar.

Al respecto, Reyes le contó a la Fiscalía que con el cambio de gobierno, con Didier Tavera como Gobernador y Mauricio Mejía en la cartera de Infraestructura, tuvo inconvenientes desde el empalme.

“La nueva administración se fue en contra del contrato (...) no me aprobaba las pólizas que yo había presentado para darle continuidad al adicional”, indicó el contratista.

Ante tantas presiones y en vista de que estaba en líos económicos, Reyes cuenta que decidió buscar a Mejía para que le explicara “el porqué de la demora frente a las pólizas” por parte de la Gobernación, necesarias para poder avanzar con el adicional aprobado.

“Prácticamente me tocó buscar a Mauricio Mejía (...) Esta reunión fue en la oficina contigua a la de Mauricio, donde se ubica un arquitecto. (...) Le pregunto qué trámite falta para la aprobación de las pólizas. Ahí es cuando me responde ‘para poderle ayudar tiene que colaborar con el 10% del valor del adicional’ (...) Le ofrecí el 5% y él para terminar me pidió el 8% del valor del adicional, que corresponde aproximadamente a $530 millones”, contó Reyes a la Justicia.

Tras el acuerdo verbal, el contratista aseguró que el entonces secretario aprobó las pólizas y le desembolsaron el anticipo del adicional por un valor de $2.699 millones, más el pago de un acta parcial que estaba pendiente del contrato inicial.

Reyes Sarmiento hace hincapié en que, como estaba en aprietos económicos, no pudo “sacar nada para el pago de la exigencia” de Mejía. Ante tal ‘demora’, el exsecretario habría iniciado un proceso para imponer multas que, según el contratista, tenían como fin presionarlo para que pagara la coima.

El 29 de junio de 2016, cuenta el investigado a la Fiscalía que decide sacar un cheque “del Banco Davivienda de la Unión Temporal de Reforzamiento 2015 por valor de $200 millones, que yo mismo fui y cobré. Esto fue en la tarde. Metí el efectivo en un bolso negro. Con ese bolso me fui para la Gobernación y me tocó escribirle al doctor Sergio Pitta o a Leonardo Dueñas, no recuerdo, que tenía una cita con Mejía y que ya habían cerrado el acceso principal a la Gobernación. Me ayudan a ingresar y yo fui a buscar a Mauricio. Él al verme me dijo que no le entregara el bolso ahí delante de toda la gente, sino que lo acompañara al parqueadero de la Gobernación.

“Estando allí nos subimos en una camioneta Toyota Hilux color gris oscuro y le entregué el bolso con los $200 millones en efectivo. Él se quedó en la camioneta y yo salí por el parqueadero de la Gobernación”, narró el contratista.

De acuerdo con la versión de Reyes, hacía falta entregarle al exsecretario de Infraestructura $330 millones de los $530 millones pactados. Sin embargo, debido a problemas financieros, aseguró que no pudo entregarle más dinero.

De esos $330 millones faltantes, el contratista le contó a la Fiscalía que tuvo que pedir un préstamo a un amigo, el contratista Artemio Suárez, y fue él quien se encargó de ‘darle la cara’ a Mejía, pues Reyes ya no quería hablar con el funcionario.

“Para calmar las exigencias de Mejía le pedí el favor a Artemio Suárez que miráramos a ver que cómo cuadrábamos una plata para calmar a Mejía. Y yo le firmé un cheque en blanco y no recuerdo bien si fue $100 millones o $150 millones, el cual finalmente no sé cuál haya sido el paradero”, puntualizó.

Andrés Mauricio Díaz Herrera, interventor de las obras de reforzamiento del estadio y quien se habría prestado para avalar las irregularidades contractuales, también en declaración ante la Fiscalía aseguró que estuvo enterado de la presunta exigencia de dineros por parte de Mauricio Mejía. Agregó que él también le habría pagado al entonces secretario para agilizar pagos de algunas actas.

En mayo de 2016, contó Díaz Herrera, citaron al contratista para un posible incumplimiento e imposición de multas. Mejía le comunicó a Díaz “su preocupación por el bajo avance de la obra que presentaba el contrato y, según él, ya sabía sobre el faltante de dinero” en la ejecución de la obra, pues “manifestó haber leído todos los informes de interventoría”.

En dicha reunión, dice el interventor que Mejía le manifestó que necesitaba multar a la Unión Temporal “porque a él lo estaban presionando mucho y necesitaba transmitir esa presión al contratista de obra o en su defecto liquidar contrato. Esto me generó confianza y fue cuando le aclaré que en los informes de interventoría desde el comienzo quedó reflejado que el contratista no venía cumpliendo a cabalidad con las obras contratadas”.

En el relato a la Fiscalía, Díaz aseguró que Mejía le solicitó un informe detallado de las actividades que a esa fecha el contratista presentaba y que él lo revisaría con su asesor jurídico, Sergio Pitta.

Díaz dice haber enviado el informe el 7 de mayo de 2016 y que tres días después citaron la audiencia por posible incumplimiento.

“Después de que le llegó la citación a Octavio (Reyes) de la audiencia me dice que necesitaba dinero, pues Mejía le estaba exigiendo dinero (sic). Supuestamente habían acordado unas coimas al comenzar la administración del señor Didier Tavera”.

“El día anterior a la audiencia, es decir el 9 de mayo de 2016, mi hermano (Carlos Eduardo Díaz, gerente de la Interventoría) me informó que la audiencia no se iba a realizar, pues el ingeniero Reyes había accedido a un compromiso económico con el ingeniero Mejía. Al día siguiente me encontré en las instalaciones de la Gobernación con Reyes, quien me manifestó que le había dado o le iba a dar $200 millones al ingeniero Mauricio. Como resultado de todo esto, la Unión Temporal Reforzamiento 2015 nunca fue multada a pesar de haber sido instalada la audiencia (...) y nunca se explicó la razón de la suspensión y finalmente el contratista no fue multado a pesar de existir el mérito”, informó Díaz.

Según la versión del interventor, después de estos hechos se reunió con Mauricio Mejía y en ese momento el secretario le pidió el 8% del valor del contrato de la Interventoría.

“Yo le manifesté que para mí ese monto era imposible, pues yo venía con muchos problemas financieros”, cuenta Díaz, quien explicó que el exsecretario le contó que lo necesitaba para que el contratista cumpliera su compromiso y al final acordaron que él no debía pagar ese 8%.

No obstante, en el relato Díaz explica que luego le pidió a Mejía Abello un favor para cambiar la forma de pago del contrato de interventoría, para que se facturara mes a mes. Y ante esta petición adicional sí debía haber una coima.

“En junio de 2016 nos aprobaron el cambio en la forma de pago y el pago de una de las actas. Le ordené a mi hermano que le llevara al ingeniero Mejía Abello $12 millones o $15 millones, no recuerdo exactamente”, expuso el interventor, quien agregó que el pago se hizo en la casa del exsecretario de Infraestructura.

En diciembre de 2016, indicó Díaz, se generó otra acta de pago, pero Mejía no la quiso firmar. Ante la demora, el gerente de la interventoría se citó con el funcionario, quien le manifestó que le debían dinero de la coima.

“Apenas salió el dinero, el 14 o 15 de diciembre de 2016, le transferí (...) y el día 17 de diciembre, mi hermano envía los soportes del dinero que giré en donde se evidencia que le entrego $3 millones más al ingeniero Mauricio Mejía Abello”.