Más de 80.000 contratos fueron firmados bajo una figura que la Corte Constitucional declaró inconstitucional.
En plena campaña electoral y a pocas semanas de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, una investigación del diario El Tiempo puso bajo el microscopio una práctica que organismos de control, gremios de la construcción y la propia Corte Constitucional habían señalado como una amenaza para la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El hallazgo encendió las alarmas sobre la forma en que la actual administración ha canalizado una cifra astronómica de dinero estatal hacia organizaciones de base comunitaria, muchas de las cuales representan la columna vertebral electoral del movimiento político que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Además: La Contraloría exige al Gobierno justificar el gasto de 8.68 billones de pesos de la emergencia
La investigación periodística, sustentada en la respuesta a un derecho de petición presentado ante Colombia Compra Eficiente, reveló que el Gobierno Nacional suscribió 80.736 contratos con asociaciones comunales, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, cabildos y resguardos, a través de la figura de contratación directa conocida como Asociaciones Público-Populares.
Esta modalidad fue creada mediante los artículos 100 y 101 del Plan Nacional de Desarrollo, pero fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, al considerar que el Ejecutivo se extralimitó en sus competencias y desconoció las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en materia de contratación pública, además de no precisar con claridad a qué tipo de entidades aplicaba la regla y de afectar la libre competencia en los procesos de adjudicación. Siga informado: Fuerzas Militares operan al 45% según diagnóstico tras tragedia en Putumayo
Una billonaria contratación que ignoró al alto tribunal
A pesar del fallo de la Corte, el gobierno continuó ejecutando contratos bajo esa figura. Según los registros de Colombia Compra Eficiente, más de 25 billones de pesos fueron adjudicados en 55.434 contratos con asociaciones comunales.
A esa cifra se suman más de 2 billones en 13.970 contratos con consejos comunitarios, más de 1 billón en 2.274 contratos con resguardos, más de 700.000 millones en 1.389 contratos con cabildos, más de 6.900 millones en 6.927 contratos con juntas de acción comunal y más de 382.000 millones en 742 contratos con cabildos indígenas, para un total que supera los 31 billones de pesos.
Lo que más preocupa a los organismos de control no es solo el volumen de los recursos comprometidos, sino el bajísimo nivel de ejecución que registran esos contratos. Además: Magnicidio de Miguel Uribe: señalan a cabecilla de la Segunda Marquetalia y exgestor bajo la Paz Total
De los 55.434 acuerdos firmados con asociaciones comunales, únicamente 7.309 aparecen como terminados, lo que equivale apenas al 13 por ciento del total y representa 4,7 billones de pesos.
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En el caso de los cabildos, solo 165 contratos por 137.000 millones han sido finalizados. Los consejos comunitarios registran poco más de 1.000 contratos concluidos por cerca de 300.000 millones; las juntas de acción comunal reportan 539 por 22.000 millones; los cabildos indígenas, apenas 48 por 17.000 millones; y los resguardos, 214 por 448.000 millones. La mayoría de los compromisos permanece en estados de celebrado, modificado o en ejecución. Lea también: Embajada de Colombia rechaza investigación contra Petro por presuntos vínculos con narcotráfico
Los entes de control y el fracaso en infraestructura
Las advertencias sobre este modelo de contratación no son nuevas. Desde 2023, durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, alertó que concentrar la ejecución de obras públicas en organizaciones sin experiencia técnica favorecería la corrupción, perjudicaría a las pequeñas y medianas empresas de ingeniería regionales y derivaría en la adjudicación de contratos sin estudios ni diseños suficientes, con el riesgo adicional de que los recursos no alcanzaran y las obras quedaran inconclusas o con estándares de calidad deficientes.
Esos temores se materializaron. Un informe de la Contraloría General de la República sobre la política de Caminos para la Paz, que utilizó masivamente esta modalidad de contratación directa, determinó que el programa fracasó.
De los 33.000 kilómetros de vías rurales o caminos ancestrales prometidos por el gobierno, apenas se habían construido 2.387 kilómetros hacia 2025, equivalentes al 7 por ciento de la meta. Además: Gustavo Petro defiende a Ricardo Roa y acusa al uribismo mientras Ecopetrol decide su futuro
La situación se agravó durante el primer trimestre de 2026. La Contraloría emitió alertas ante la firma de más de 500.000 contratos directos por un valor de 32,88 billones de pesos solo en enero, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, una cifra que superó ampliamente los niveles registrados en periodos comparables de años anteriores y que encendió las alarmas sobre el uso político de la contratación estatal en un año de elecciones presidenciales, en el que el propio Petro ha participado activamente en la campaña para definir a su sucesor en la Casa de Nariño.
Frente a este panorama, la Procuraduría General de la Nación había defendido la figura ante la Corte en mayo de 2025, argumentando que flexibilizar la contratación para potenciar la economía popular resulta razonable y que las disposiciones demandadas estaban debidamente reguladas bajo la legislación contractual vigente.
Sin embargo, el alto tribunal no compartió ese criterio y declaró la inconstitucionalidad de los artículos, un fallo que el Ejecutivo, según los registros de contratación, no detuvo en la práctica.
