El ente de control advierte riesgos en el sector energético y pide a la Dian rigor con el nuevo gravamen empresarial que inicia este 1 de abril.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En el complejo ajedrez de las finanzas públicas y la gestión de crisis en Colombia, un nuevo actor de peso ha entrado a cuestionar la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo para enfrentar las recientes calamidades climáticas. La administración central se encuentra bajo la lupa tras la expedición de una serie de medidas extraordinarias destinadas a mitigar los efectos de una temporada invernal que no da tregua, especialmente en el norte del país.
El foco de la controversia no es menor: se trata de la arquitectura legal y financiera que sustenta la actual declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Mientras las comunidades afectadas claman por soluciones rápidas, desde los despachos de control se exige una claridad que, hasta el momento, parece estar en vilo.
Dudas sobre el sustento de los 8.68 billones
La Contraloría General de la República ha emitido un pronunciamiento contundente en el que solicita al Gobierno Nacional los soportes técnicos y jurídicos que justifiquen el recaudo de $8,68 billones de pesos. Para el ente de control, no basta con la urgencia de la situación; es imperativo que cada peso solicitado tenga una explicación satisfactoria sobre su origen y, lo más importante, su distribución final.
La entidad advirtió que existen vacíos legales en los decretos de emergencia y subrayó que estos recursos deben ejecutarse estrictamente a través de un Plan de Acción Específico, bajo la lupa de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La preocupación radica en que, al mover recursos del Presupuesto General de la Nación hacia dicha unidad, se corre el riesgo de dejar programas sociales y de inversión previamente establecidos en un estado de desfinanciación peligroso.
#Atención 🇨🇴📷 La Contraloría lanza una alerta sobre el traslado de billonarios recursos desde fondos privados a Colpensiones. Advierte riesgos e incluso lo califica como “inviable” 📷 👀 pic.twitter.com/0XlyD8v71I
— Vanguardia (@vanguardiacom) March 26, 2026
Riesgos en el sector eléctrico y tributario
Otro punto neurálgico de la advertencia institucional toca las fibras del sector energético. La Contraloría ha pedido expresamente al Gobierno que se abstenga de trasladar recursos de los fondos de energía hacia la Ungrd. El argumento es técnico: la Unidad no posee la “experticia ni la estructura organizacional” necesaria para gestionar el diseño y la interventoría de obras de infraestructura eléctrica.
Además, se alertó sobre el riesgo de modificar las reglas de operación de los embalses, una medida contemplada en uno de los 18 decretos de emergencia. Según el ente de control, esto podría forzar a las hidroeléctricas a incumplir sus contratos de venta de energía, generando una inestabilidad sistémica en el servicio.
En el ámbito tributario, la presión aumenta con la llegada del 1 de abril, fecha en la que iniciará el cobro del impuesto al patrimonio para empresas. Mientras la DIAN busca rigurosidad en el recaudo, el Consejo Gremial ha elevado una voz de auxilio ante la Corte Constitucional, advirtiendo que esta carga impositiva podría generar un “deterioro económico sin precedentes” en el tejido empresarial colombiano, justo cuando el país intenta navegar las aguas de la recuperación económica.
