Colombia tiene una relación contradictoria con la infancia: le exige la madurez de un ciudadano modelo para ir a la cárcel, pero le niega la capacidad de decisión para todo lo demás.
Mientras el Congreso debate cómo blindar a los jóvenes de las pantallas, propuestas recientes pretenden superar la apuesta con una fórmula tan drástica como simplista: juzgarlos como adultos ante la ley penal.
La lógica resulta impecable dentro del absurdo. Si el Estado no logra garantizarles alimentación, educación, salud ni entornos seguros, lo más práctico es transferirles la responsabilidad: que maduren a la fuerza. Un sistema incapaz de asegurar un plato de comida en la escuela sí puede garantizar un expediente judicial impecable. Es el estado más puro de la eficiencia institucional.
Bajo este credo, la infancia pasa a ser un lujo innecesario. Si se va a exigir responsabilidad penal de adulto, conviene desmontar de una vez la ficción de la adolescencia y exigirles un comportamiento intachable desde el primer día, aunque su primer contacto con la oferta pública sea una red de instituciones que los recibe con formularios interminables, filas al sol y diagnósticos que siempre llegan tarde.
Se configura así una paradoja burocrática: prohibirles el entorno digital por inmaduros, pero entregarles el Código Penal como manual de convivencia; cerrarles la puerta a las redes sociales por incapaces, pero abrirles de par en par la puerta del sistema penal por considerarlos autosuficientes.
Esta es la arquitectura de la política pública en Colombia: la infancia se legisla desde la sospecha y la comodidad del escritorio. Se les exige juicio absoluto cuando cometen un delito, pero se les trata como incapaces cuando reclaman sus derechos. Se castiga con ferocidad lo que no se supo prevenir y se prohíbe con entusiasmo lo que no se sabe administrar.
Al final, mientras las instituciones ensayan recetas punitivas para encubrir sus propios fracasos, los menores continúan resolviendo la vida como pueden.
Sin embargo, la transformación es viable si la institucionalidad decide mirar de frente la dignidad humana, reconociendo la protección de la niñez no como una concesión, sino como la obligación constitucional y ética más urgente de la sociedad.
El Estado debe dejar atrás el modelo punitivo para adoptar un enfoque garantista centrado en la educación, la inversión social y la confianza. Solo mediante una alianza activa entre instituciones, familias y comunidades será posible garantizar el bienestar integral de niños y adolescentes. Esta transición no es una alternativa abstracta es el deber inaplazable del Estado. (Proyecto de Ley 025, Cámara de Representantes).
Nota di Ene: Queda la tranquilidad de saber que, si un joven no aprende a leer por las fallas del sistema educativo, la justicia siempre tendrá la amabilidad de leerle sus derechos antes de encerrarlo.
