Drones, guerra cognitiva y violencia urbana: así cambia el conflicto armado en la región

¿Qué pasa en la región después de los ataques en La Lizama y en Aguachica?

Publicado por:Jaime Moreno

El conflicto armado se ha agudizado en los territorios de Santander, Norte de Santander y sur del Cesar, entrando en una fase radicalmente diferente. El ataque perpetrado por el Frente Camilo Torres del Eln contra el Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, en Aguachica, Cesar, que ha dejado siete soldados muertos y más de treinta heridos, constituye una manifestación brutal de esta nueva realidad de la guerra.

Ya no se trata de emboscadas en carreteras rurales, ni de tomas guerrilleras a poblaciones apartadas. La guerra que se enfrenta desde hace unos tres años con los grupos armados, tiene nuevos componentes tecnológicos, cognitivos y más urbanos, que desafían los paradigmas tradicionales de la seguridad.

Melissa Franco, asesora en seguridad y CEO de Inmang Security, ofrece una perspectiva fundamental para comprender la dimensión de lo que está ocurriendo en el oriente colombiano. “No enfrentamos un retorno al conflicto armado en términos tradicionales, sino una reconfiguración de la violencia asociada a las guerras de quinta y sexta generación. Esta distinción no es meramente académica; define la naturaleza misma de la amenaza y, por tanto, las respuestas que el Estado debe implementar”, determina Franco.

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Los grupos armados organizados han sofisticado sus estructuras criminales, combinando acciones terroristas con control social, mediante paros armados, amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados, todo ello vinculado a las disputas por economías ilegales. Pero el elemento diferenciador crítico es el uso creciente de tecnología de bajo costo y alto impacto: drones modificados con explosivos improvisados, que transforman dispositivos comerciales en armas letales y les permiten aprovechar el factor sorpresa.

El ataque en Aguachica ejemplifica perfectamente esta evolución. En la noche del jueves 18 de diciembre, cuando los soldados habían terminado la formación y se disponían a descansar en la Base Militar del 27, ubicada en la vereda El Juncal, drones acondicionados con explosivos improvisados y tatucos comenzaron a caer sobre las instalaciones. Lea también: “Empezaron a llover explosivos”: testimonio de soldado que sobrevivió al atentado en Aguachica

Los uniformados no tuvieron posibilidad de defenderse. Como confirmó el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, en entrevista con Blu Radio: “Los soldados ya estaban descansando y allí fue donde cayeron las granadas. Inicialmente, cuatro soldados murieron y los otros fallecieron en el hospital”, indicó el alto mando.

Los soldados fallecidos servían en un batallón destinado específicamente a la instrucción y entrenamiento de soldados profesionales del Ejército, un detalle que subraya la estrategia deliberada del Eln de buscar blancos en áreas tranquilas o lugares de formación, donde la guardia está menos reforzada y el impacto psicológico sobre las fuerzas militares resulta mayor.

Las cifras reveladas por el general Cardozo son alarmantes. Desde abril de 2024, Colombia ha enfrentado más de 400 ataques con drones. Esta modalidad se ha expandido y consolidado como la más utilizada por la guerrilla del ELN en el Catatumbo y Chocó, así como por las disidencias de las Farc en otras regiones. Estamos ante una epidemia de violencia tecnológica que amenaza con redefinir el panorama de seguridad nacional. Le puede interesar: Identifican a presuntos cabecillas del Eln como responsables del ataque a base en Aguachica

El Ejército no ha permanecido pasivo. Ha logrado inhibir más de 8.000 ataques potenciales y retornar, con medidas tecnológicas, cerca de 1.000 drones a su punto de origen. Sin embargo, estos esfuerzos defensivos resultan insuficientes frente a una amenaza en constante expansión y adaptación.

La asimetría es evidente: mientras los grupos armados pueden adquirir drones comerciales por centenares o miles de dólares y modificarlos artesanalmente, los sistemas antidrones efectivos tienen costos que superan los 1.000 millones de dólares para una cobertura nacional adecuada, y su compra debe realizarse de manera legal, según los estándares de contratación estatal.

El presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que el ataque “sucede por falta de sistemas antidrones priorizados”, una admisión que evidencia tanto la honestidad diagnóstica como las deficiencias en la planificación de defensa, que ha decaído en los últimos años con la llegada al poder de Petro. En respuesta, durante el consejo de ministros posterior al atentado, se ordenó la compra inmediata de sistemas antidrones mediante la figura de Urgencia Manifiesta, con una inversión de un billón de pesos destinada a cubrir todo el territorio nacional.

“Se usará la Urgencia Manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación. Espero no derrumben la búsqueda de estos recursos nuevos”, manifestó el mandatario, revelando preocupación no solo por la amenaza externa, sino también por los potenciales obstáculos burocráticos o políticos que podrían retrasar la implementación de estas medidas defensivas críticas.

Las tropas de la Segunda División del Ejército se desplegaron en la zona inmediatamente después del ataque para prevenir nuevas ofensivas del ELN, una medida táctica necesaria, pero que no resuelve el problema estructural y que vuelve a mostrar la vulnerabilidad tecnológica de las Fuerzas Armadas colombianas frente a esta nueva forma de guerra que implementaron los grupos armados ilegales a partir del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Melissa Franco introduce un concepto fundamental para comprender la naturaleza integral de esta amenaza: “el dominio cognitivo de la guerra”. Los ataques con drones no buscan únicamente causar bajas militares; su objetivo estratégico es generar miedo, deslegitimar a la fuerza pública y erosionar la confianza institucional. Cada explosión, cada soldado caído, cada imagen de destrucción transmitida por medios y redes sociales constituye una victoria en el campo de batalla de la percepción pública”, indicó la especialista en seguridad.

Los recientes hechos de violencia que surgieron por el paro armado de 72 horas que declaró el Eln —el ataque en Aguachica, la ofensiva de disidencias en el Cauca— evidencian esta escalada y la capacidad de estos actores violentos para afectar tanto a las autoridades como a la ciudadanía, incluso en zonas cercanas a centros urbanos. Esta proximidad geográfica no es accidental, sino calculada estratégicamente. Lea también: Así fue el último adiós a los policías asesinados tras ataque con explosivos en Cali

Los ataques ocurren cada vez más cerca de las principales ciudades porque la lógica criminal es maximizar el impacto mediante el ataque a cercanías de centros urbanos, ciudades principales y ejes viales estratégicos. Este posicionamiento geográfico genera mayor visibilidad mediática, crea un miedo colectivo más profundo y ejerce mayor presión política sobre el Estado; los expertos en seguridad lo llaman guerra psicológica y/o terrorismo.

La inteligencia criminal de estos grupos ha evolucionado: ya no buscan tomarse las ciudades mediante operaciones militares convencionales, sino afectar su funcionamiento, su movilidad y, crucialmente, la narrativa y percepción de seguridad de los habitantes. Esta estrategia resulta particularmente efectiva en un país con un territorio tan extenso como Colombia, donde los entornos híbridos entre lo rural y lo urbano crean zonas grises de difícil control estatal.

Las fuerzas militares y de policía colombianas enfrentan actualmente una presión operacional alta y constante. Deben intervenir en múltiples frentes simultáneos contra tácticas asimétricas que incluyen explosivos improvisados, hostigamientos, ataques rápidos y uso de tecnología avanzada. Este escenario exige una adaptación estratégica continua, un foco operacional claro y recursos suficientes que trascienden el simple aumento del pie de fuerza, aunque este también resulte necesario.

La respuesta requerida tiene múltiples dimensiones. Franco enfatiza que debe ser integral, sostenerse en el tiempo y adaptarse a las nuevas amenazas que presentan componentes militares, tecnológicos, criminales y cognitivos. Esto implica fortalecer las capacidades operativas, pero también atender la dimensión psicológica: el apoyo a la moral de la tropa frente a los intentos de desmoralización por parte de los grupos armados.

En lo operativo, resulta indispensable priorizar la inteligencia estratégica y la investigación judicial para anticiparse a los eventos terroristas. No se trata solamente de responder a los ataques, sino de prevenirlos mediante la identificación temprana de amenazas, el seguimiento de redes de apoyo y la interrupción de cadenas de suministro de materiales para la fabricación de artefactos explosivos.

Es necesario golpear los centros neurálgicos de estas estructuras criminales: sus mandos, sus finanzas y, crucialmente, las redes urbanas de apoyo que permiten las escaladas de violencia en diferentes ciudades. Sin estas redes de logística, comunicaciones y ocultamiento, la capacidad operativa de los grupos armados se vería severamente comprometida.

El respaldo presupuestal resulta fundamental para permitir la modernización tecnológica. Los sistemas antidrones son solo un componente; se requiere inversión en plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento; en capacitación especializada; en equipamiento de protección; en infraestructura fortificada para las bases militares. La seguridad nacional no puede seguir siendo víctima de restricciones presupuestarias que convierten a los soldados en blancos vulnerables.

Franco subraya la importancia de que los liderazgos territoriales —desde lo local hasta lo nacional— se comprometan en el marco de la gobernabilidad y la gobernanza efectiva. La seguridad no es exclusivamente una responsabilidad militar; requiere coordinación interinstitucional, presencia estatal integral en los territorios y políticas públicas que aborden las causas estructurales que permiten a los grupos armados mantener presencia y apoyo en determinadas regiones.

El control territorial efectivo en un país con la complejidad geográfica de Colombia exige presencia permanente, no operativos intermitentes. Requiere que las instituciones del Estado —no solo las Fuerzas Armadas, sino también la justicia, la educación, la salud y la infraestructura— lleguen a todos los rincones del territorio nacional, eliminando los vacíos de poder que los grupos armados explotan sistemáticamente.

El Ejército Nacional ha comenzado a reorientar su estrategia mediante diferentes alineamientos operacionales, incluyendo el fortalecimiento de las operaciones Ayacucho —enfocadas en la frontera con Perú— y Ayacucho Plus, que expande estos principios a otros teatros de operaciones.

Sin embargo, como advierte Franco, estas directrices deben traducirse en resultados sostenidos y visibles que restauren la confianza ciudadana y demuestren la capacidad del Estado para proteger tanto a sus fuerzas como a la población civil.

Las fuerzas militares y de policía requieren apoyo decidido del Estado y la sociedad, no solo en términos presupuestales y de modernización, sino también mediante respaldo político claro, claridad en el mando estratégico y fortalecimiento de la moral institucional. Los soldados que arriesgan sus vidas en defensa de la nación merecen contar con las herramientas, el entrenamiento y el respaldo necesarios para cumplir su misión en condiciones que minimicen su vulnerabilidad.

El apoyo social resulta igualmente crítico. En el dominio cognitivo de esta guerra, la percepción pública sobre las fuerzas de seguridad influye directamente en su efectividad. Una sociedad que valora, respeta y respalda a sus instituciones de defensa contribuye a la resiliencia nacional frente a los intentos de deslegitimación por parte de los grupos armados.

Franco insiste repetidamente en la necesidad de fortalecer la inteligencia estratégica. En esta nueva generación de guerra, la anticipación resulta más valiosa que la reacción. Identificar patrones de comportamiento, monitorear comunicaciones, infiltrar organizaciones y comprender las redes logísticas y financieras —estas capacidades de inteligencia permiten interrumpir ataques antes de que ocurran, salvando vidas y manteniendo la iniciativa estratégica.

La investigación judicial complementa la inteligencia militar. Desarticular las estructuras criminales requiere no solo operaciones militares, sino también procesos judiciales efectivos que lleven a los responsables ante la justicia, desmantelen sus redes patrimoniales y envíen un mensaje disuasorio a quienes consideren unirse a estas organizaciones.

El ataque en Aguachica representa más que una tragedia militar o un éxito táctico del ELN. Constituye una advertencia sobre la evolución del conflicto armado colombiano hacia formas de guerra que el Estado aún no ha logrado contrarrestar efectivamente. La capacidad de grupos irregulares para adquirir tecnología comercial y convertirla en armamento letal democratiza la violencia de maneras que desafían los monopolios tradicionales del poder militar.