Los actuales propietarios de los predios sobre los cuales pesa proceso de restitución de tierras se niegan a los desalojos, hasta tanto no se reúnan con el Gobierno en una mesa de diálogo en la que pretenden se replantee la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Publicado por: MARCELO ALMARIO CHÁVEZ
Decididos a no dejarse quitar los predios que han adquirido tras varios procesos de compra venta, cientos de campesinos y pobladores del Magdalena Medio, Santander y sur del Cesar, crearon un frente común ante lo que consideran desalojos injustos derivados de sentencias a favor de supuestos falsos reclamantes proferidas por la Unidad de Restitución de Tierras.
Estas personas que se declararon víctimas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras dijeron a Vanguardia Liberal que se opondrán a los desalojos, apoyándose entre ellos al momento de las diligencias.
Así lo aseguró José Ignacio García, uno de los supuestos afectados, quien en la actualidad espera el fallo de un juez que adelanta el proceso de restitución a un reclamante del predio que compró de buena fe.
García advirtió que se conformarán comitivas que acompañarán a las personas que sufren los desalojos, esto hasta el 14 de marzo cuando el supuesto grupo afectado se reúna en San Alberto (Cesar) con el Ministerio de Agricultura, el director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, el director de la territorial Magdalena Medio de la Unidad de Restitución de Tierras, Fabio Andrés Camargo, y funcionarios de Incoder, para establecer medidas y soluciones que protejan sus derechos.
“Se pretende desviar un poco los desalojos hasta que el Gobierno se siente y nos escuche. Estamos a merced de los jueces si deciden restituir o no, y en muchos casos somos compradores de buena fe, pero aún teniendo los documentos que lo comprueban algunos no son reconocidos como tal”, refrendó.
Fabio Andrés Camargo Gualdrón advertía que “después de que se adelanta una investigación administrativa y pasa ante los jueces, y termina el proceso en una sentencia favorable, decir que hay falsas reclamaciones realmente no es racional. Es impensable que con una autoridad administrativa y unos jueces, o en el caso de los tribunales conformados por tres magistrados de restitución que están capacitados en el tema de restitución, se cuele una falsa víctima”.
No obstante, el funcionario manifestó que se han identificado personas que quieren valerse de esta política pública con mentiras, pero que estas no son incluidas en el registro de tierras, y que por el contrario “nosotros tenemos el deber de compulsar copias a la Fiscalía”.
Reunión con el gobierno
Cientos de campesinos y pobladores de los municipios como Sabana de Torres, Barrancabermeja y Puerto Wilches tenían programada una marcha desde San Alberto hasta Barrancabermeja, sede de la territorial Magdalena Medio de la Unidad de Restitución de Tierras, para reclamar por las supuestas falsas solicitudes. Sin embargo, se pospuso dado que se logró programar con el Gobierno Nacional una reunión para discutir los reclamos.
Tras la marcha por la Troncal del Magdalena Medio del pasado 2 de marzo, la Unidad de Restitución de Tierras se pronunció y prometió programar un escenario de conciliación y diálogo. Así las cosas el 14 de marzo a las 9:00 a.m. se previó la instalación en San Alberto de una mesa de diálogo en la que se espera estén presentes el Ministro de Agricultura los directores nacional y territorial del Magdalena Medio de la Unidad de Restitución de Tierras y funcionarios del Incoder.
“En esa reunión propondremos que no nos obliguen a entregar los predios, demostrando o no ser compradores de buena fe, y si hay que entregarlos que no los paguen de manera justa, un precio comercial, porque se está cometiendo una violación al derecho de patrimonio y propiedad privada. No estamos en contra de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras solo esperamos en esa reunión que el Gobierno Nacional se comprometa a replantearla. Se propondrá que se restituya a las verdaderas víctimas con dineros y tierras del narcotráfico que han sido sometidos a extinción de dominio”, explicó uno de los afectados.
De no llegar ese a un acuerdo los que se declararon víctimas de la ley continuarán sus protestas, incluso el mismo día de la reunión tienen prevista una marcha en la Troncal del Magdalena Medio.
Derecho de las víctimas
Por su parte, el Director de la Territorial Magdalena Medio de la Unidad de Restitución de Tierras destacó que “la restitución de tierras primero es un derecho para las personas que fueron víctimas de despojo por la violencia, pero también es una obligación del Estado compensar aquellos terceros que se encuentran en los predios y que los adquirieron de buena fe, exentos de culpa. Esa buena fe exenta de culpa es una figura legal y jurídica, que los jueces y los magistrados revisan en cada caso para determinar si hay derecho al pago de la compensación”.
“no” a los desalojos
La Sala de Restitución de Tierras de Cartagena profirió la primera sentencia sobre un predio de San Alberto, y reconoció al opositor de la reclamación, un tercero que adquirió el terreno, una compensación por demostrar su buena fe exenta de culpa.
El Tribunal de Cartagena ordenó compensar a los opositores con $90 millones.
Se trata de la pareja conformada por Gladys Pineda Pereira y Luis Ramírez, propietarios actuales de la parcela número 4 bautizada Villa Mayerli, y que hace parte de un conjunto de cinco parcelas denominado El Destino, en San Alberto.
Sin embargo, Vanguardia Liberal conoció que una comitiva de acompañantes al desalojo del predio, de los que mencionó José Ignacio García se dirigió al sector para asistir a la pareja e impedir el acto, que ayer no se efectuó, a pesar de estar programado.
“Demostré que compré de buena fe y no estoy de acuerdo con este monto que me van a pagar. Hace 14 años compré y no quiero perderlo. O si tengo que salir que se me compense con un precio justo, o que le den los $90 millones a la persona que solicitó la restitución. Con el abogado interpondremos un recurso de apelación”, aseguró Gladys Pineda Pereira negándose al fallo de restitución.













