Amnistía Internacional denunció el desplazamiento forzado de 26 familias de pescadores en Barrancabermeja. La amenaza de grupos armados y la falta de garantías del Estado obligaron a estas personas a huir hacia Bucaramanga.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Por medio de una acción urgente, radicada ante la Unidad Nacional de Víctimas, Amnistía Internacional denunció que un grupo de familias de pescadores que viven cerca de las ciénagas y ríos que rodean la ciudad de Barrancabermeja fueron desplazadas forzadamente. Los afectados están buscando refugio en la ciudad de Bucaramanga.
En total, según el reporte que entregó la Gobernación de Santander a la Secretaría del Interior de Barrancabermeja, son 53 personas que conforman 26 núcleos familiares, las que se vieron forzadas a salir del territorio
Según la denuncia, al parecer esta población venía siendo asediada desde hace meses por la presencia de grupos armados al margen de la ley, tal como lo había denunciado la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesan).
“(…) Venían advirtiendo desde febrero de este año sobre el riesgo inminente de desplazamiento forzado motivado por el acoso, las amenazas, los robos, la extorsión e incluso el intento de asesinato contra sus miembros”, advirtió Amnistía.
Según la organización, los pescadores han sido blanco de grupos armados que intentan controlar las aguas o que actúan en represalia contra quienes denuncian posibles casos de contaminación y corrupción que afectan al medioambiente.
“Nos están obligando a abandonar nuestro territorio con nuestras familias”, expresaron los integrantes de Fedepesan el pasado 15 de febrero.
Entre las víctimas se encuentra la presidenta de la organización, Yuly Velásquez, defensora del medio ambiente quien fue galardonada este año con el Premio de Derechos Humanos 2024 en Alemania y quien ha sido objeto de múltiples ataques y hostigamientos.
“Desde noviembre de 2020 hemos sufrido impactos de bala en mi casa, amenazas directas, y atentados armados incluso contra escoltas de protección”, indicó la lideresa.
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UNP no ha garantizado protección a pescadores
Amnistía Internacional también denunció que “la Unidad Nacional de Protección no ha garantizado medidas efectivas” y que “el Estado ha fallado en su deber de prevenir el desplazamiento forzado”.
En varias acciones urgentes emitidas entre 2024 y 2025, la organización ha solicitado a las autoridades colombianas que brinden protección real y adopten “un enfoque de derechos humanos” en la atención de esta crisis.
“La situación amenaza los derechos de esta comunidad de pescadores y sus familias, como su derecho al trabajo, a la alimentación, a su territorio y a su seguridad”, advirtió la carta dirigida a la Unidad para las Víctimas.
Desde la capital del departamento, las familias pescadoras víctimas esperan una respuesta institucional que les permita retornar con garantías hacia sus hogares.
