El Gobierno mexicano activó una estrategia jurídica y diplomática que incluye denuncias penales, reuniones con autoridades estadounidenses y gestiones ante la ONU.
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en materia migratoria en los últimos meses. Una serie de decisiones diplomáticas y jurídicas tomadas por el Gobierno mexicano en las últimas semanas apunta a un mismo objetivo, obtener respuestas claras sobre lo que ha ocurrido con varios de sus connacionales bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el alcance de esas acciones legales. El Gobierno mexicano presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado en Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales, ocurridas desde mayo durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Además: Estudio revela millonarias pérdidas por redadas del ICE mientras avanza el muro fronterizo
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— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 22, 2026
Denuncias repartidas en ocho estados
Las denuncias fueron interpuestas el pasado 13 de julio por el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, en las jurisdicciones donde se registraron los fallecimientos.
Ocho de ellas se presentaron ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado, distribuidas entre Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.
Un día después, el 14 de julio, la Embajada de México remitió al Departamento de Justicia, a través del Departamento de Estado, la denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República.
En ese documento solicitó formalmente abrir investigaciones sobre los 17 casos e informar sobre el avance de cada una de las indagatorias.
La Cancillería explicó que estas acciones forman parte del seguimiento a las medidas anunciadas el 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el Gobierno mexicano denunciara públicamente la muerte de los 17 connacionales en operativos o centros de detención del ICE desde mayo de este año. Lea también: ICE rompe récord de arrestos de migrantes y crece la presión sobre Donald Trump
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Reuniones, cartas y presión diplomática
La SRE detalló que el embajador Lazzeri sostuvo reuniones la semana pasada con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE, ante quienes trasladó la preocupación del Gobierno mexicano por las condiciones en los centros de detención, incluidos los administrados por empresas privadas, además de solicitar el esclarecimiento de cada uno de los fallecimientos.
En paralelo, el canciller Roberto Velasco Álvarez envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en la que pidió que el organismo recabe información mediante solicitudes de aclaración dirigidas a Estados Unidos, analice si los hechos son compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos y emita recomendaciones para prevenir casos similares. Además: Identifican al agente de ICE que mató al bumangués Johan Sebastián Durán en Maine
La dependencia agregó que la red consular mantiene el acompañamiento jurídico a las familias de las víctimas y continúa brindando apoyo en las gestiones de repatriación de restos, entre otras solicitudes de los familiares.
Estas nuevas acciones se producen apenas días después de que Estados Unidos devolviera al Gobierno mexicano las cartas en las que expresaba su inquietud por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia del ICE. Le puede interesar: Más de 310.000 dólares recaudados: el masivo respaldo a familia de Johan Sebastián Durán
El alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, argumentó que esas misivas buscaban dirigir las acciones del personal estadounidense en territorio soberano y recomendó a México plantear sus inquietudes por los canales diplomáticos habituales.
La tensión bilateral se agudizó tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, quien falleció el 7 de julio en Houston, Texas, después de recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo migratorio, un hecho que intensificó los reclamos de México sobre el trato que reciben los migrantes bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
