Las operaciones migratorias y la expansión del muro vuelven a situar la política de Donald Trump en el centro del debate sobre derechos civiles, economía y protección de territorios indígenas.
Un año después de que Los Ángeles se convirtiera en el epicentro de una ola de protestas que recorrió Estados Unidos, dos frentes distintos siguen mostrando las consecuencias de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Mientras un estudio académico revela el costo silencioso que dejaron las redadas en los barrios latinos, una nación indígena de Arizona libra en los tribunales una batalla para proteger su territorio frente a la construcción del muro fronterizo.
El primer capítulo se conoció este miércoles a través de un informe elaborado por el Instituto de Política y Asuntos Latinos de la Universidad de California en Los Ángeles, en conjunto con la organización sin fines de lucro Inclusive Action for the City.
El documento analizó nueve zonas de mayoría latina en la ciudad y encontró que ocho de ellas registraron una disminución en el flujo de clientes tras las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, con los descensos más pronunciados en los negocios ubicados cerca de los puntos donde ocurrieron las incursiones. Además: ICE rompe récord de arrestos de migrantes y crece la presión sobre Donald Trump
Comercios que aún no logran recuperarse
Según el estudio, los negocios formales situados en los nueve puntos analizados perdieron en conjunto 46.000 visitas de clientes, lo que se tradujo en pérdidas acumuladas estimadas en 3,16 millones de dólares.
El 59 % de los propietarios reportó una caída superior al 50 % en sus ventas; el 68 % tuvo que cerrar temporalmente o reducir su horario de atención, y el 51 % señaló que sus empleados faltaron al trabajo por temor a ser detenidos.
Casi un año después de aquellas redadas, que también se replicaron en ciudades como Nueva York y Mineápolis, cerca del 95 % de los emprendedores latinos consultados afirmó seguir enfrentando estrés financiero. Lea también: Identifican al agente de ICE que mató al bumangués Johan Sebastián Durán en Maine
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El 52 % aseguró que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los costos operativos de manera consistente, mientras que otro 43 % apenas logra obtener ganancias.
El informe añadió que el 76 % de los encuestados presentó problemas gastrointestinales, insomnio, ataques de pánico y el agravamiento de enfermedades crónicas asociadas al estrés generado por los controles migratorios.
Los investigadores concluyeron que numerosos negocios continúan endeudados, apenas logran alcanzar el punto de equilibrio y que las consecuencias de las redadas se extienden más allá de los corredores comerciales, poniendo en riesgo la salud y la seguridad de comunidades enteras. Aquellas operaciones de junio del año pasado derivaron en el arresto de al menos 44 personas en los sectores de Westlake, el centro y el sur de la ciudad. Le puede interesar: Más de 310.000 dólares recaudados: el masivo respaldo a familia de Johan Sebastián Durán
Una tribu que defiende su territorio ancestral
El segundo capítulo se desarrolló en un tribunal de Washington, donde la reserva indígena Tohono O’odham presentó sus argumentos para impedir la construcción de un tramo del muro fronterizo en sus tierras de Arizona, una obra que el Gobierno de Trump ya había autorizado y que próximamente sería adjudicada a contratistas.
El juez Richard León, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, escuchó los planteamientos de la nación indígena, que sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional viola sus derechos al pretender tomar, de manera ilegal, terrenos que le pertenecen.
La reserva comparte entre 62 y 75 millas de frontera con México, equivalentes a un rango de entre 100 y 120 kilómetros, y durante años ha manifestado su rechazo a la construcción de un muro físico, al considerar preferible el uso de tecnología de vigilancia. También lo puede leer: Brasil, Venezuela y Paraguay endurecen controles a viajeros con documentos vencidos
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La demanda presentada por la tribu advierte, además, que la obra destruiría sitios considerados sagrados para su cultura, vinculados a rituales ancestrales que forman parte de su identidad espiritual.
La congresista demócrata por Arizona, Adelita Grijalva, respaldó la posición de la tribu y calificó como ilegal cualquier alteración de los límites territoriales por parte del Departamento de Seguridad Nacional.
La legisladora recordó el caso de la destrucción del geoglifo de Las Playas Intaglio como un ejemplo de las consecuencias que trae ignorar a los gobiernos tribales, un daño que describió como irreparable para un lugar ligado a la historia y a las prácticas espirituales del pueblo O’odham.
La nación indígena aseguró que durante décadas ha colaborado con el Gobierno federal en materia de seguridad, permitiendo la instalación de barreras vehiculares, sensores y caminos de patrullaje, además de brindar apoyo a la Patrulla Fronteriza.
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Según sus propios registros, el cruce de migrantes dentro de su territorio se redujo en más del 90 % durante los dos últimos años, razón por la cual consideran innecesaria la construcción del muro en esa zona.
Trump ha convertido la culminación de esa obra en una de las prioridades de su segundo mandato y, para acelerar su construcción, el Departamento de Seguridad Nacional ha dejado sin efecto más de una docena de normas que protegían el medioambiente y a especies en peligro de extinción.
