En un fallo de primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barrancabermeja concluyó que las obras del Distrito Malecón vulneraron derechos colectivos por afectar el patrimonio cultural del Paseo del Río.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Barrancabermeja falló en primera instancia una acción popular y concluyó que el Distrito vulneró derechos colectivos en la ejecución de las obras del Distrito Malecón, ubicadas sobre el sector del Paseo del Río.
El despacho judicial amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la protección del patrimonio cultural, al concluir que las obras del denominado “Distrito Malecón”, particularmente el Mirador del Río, se ejecutaron sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales.
En el fallo, el juez establece que las obras adelantadas en esta zona debieron contar previamente con un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), instrumento técnico indispensable para intervenir zonas con valor histórico y cultural.
“Las obras del Centro de Emprendimiento BIT, Mirador del Río y Casa Matriz se encontraban dentro del área de influencia de bienes de interés cultural, por lo que constituía una obligación del Distrito elaborar un Plan Especial de Manejo y Protección previo al inicio de las obras. Al no hacerlo, se vulneraron los derechos colectivos invocados, al ejecutarse proyectos sin respetar la especial protección de estos bienes y sin las medidas necesarias para su conservación”, se lee en el fallo.
Para el abogado Leonardo Granados, hoy Secretario de Ambiente y quien fue accionante en el proceso, la decisión judicial ratifica una serie de advertencias formuladas desde el inicio de las obras.
“Lo que hoy dice la justicia es que hubo una violación a la ley y a los derechos colectivos, particularmente a la moralidad administrativa. Se trató de una intervención sin estudios previos, sin planificación adecuada y con un impacto directo sobre el patrimonio cultural de la ciudad”, afirmó.
Granados agregó que la decisión también reconoce el daño ocasionado a las mujeres del Paseo del Río, quienes históricamente han desarrollado allí actividades económicas vinculadas a la cocina tradicional. “Se desconoció un espacio que no solo es físico, sino cultural. La justicia reconoce que debía protegerse y no intervenirse de esa manera”, indicó.
En su concepto, el fallo sienta un precedente sobre la responsabilidad de las administraciones públicas en la protección del patrimonio. “Esto marca un límite claro y es que el desarrollo urbano no puede hacerse a costa de la identidad cultural ni de procesos tradicionales que hacen parte de la memoria colectiva”, puntualizó.
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Según el abogado, de confirmarse la decisión, podría obligar a ajustes estructurales en los proyectos del Distrito Malecón, así como a la adopción de medidas concretas para proteger tanto el patrimonio material como las prácticas culturales asociadas al Paseo del Río.
Una decisión aún no definitiva
Arnulfo Bastos, abogado y vigía del patrimonio en Barrancabermeja, valoró la decisión, aunque advirtió que el proceso judicial aún no termina. Explicó que, al tratarse de un fallo de primera instancia, es previsible que sea revisado por el Tribunal Administrativo de Santander.
“Estamos ante una decisión importante, pero no definitiva. Es un fallo que puede ser apelado y que deberá ser analizado en segunda instancia. Sin embargo, lo relevante es que el juez reconoce la necesidad de proteger el patrimonio cultural y de cumplir los procedimientos legales antes de intervenir estos espacios”, señaló.
Bastos también destacó que la sentencia contribuye a resolver una controversia frente a la existencia y protección de bienes de interés cultural en Barrancabermeja. “Aquí el juez está diciendo que sí hay obligaciones claras frente a estos bienes y que no pueden desconocerse. Eso tiene implicaciones importantes para la gestión pública”, explicó.
El proceso ya había tenido un pronunciamiento previo en 2024, cuando el Tribunal Administrativo de Santander resolvió un recurso de apelación contra una medida cautelar que ordenaba suspender las obras del Distrito Malecón.
En esa oportunidad, el Tribunal revocó la suspensión al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar que los inmuebles intervenidos tuvieran la categoría formal de bienes de interés cultural y que no se evidenciaba un riesgo inminente que justificara frenar los proyectos.
