Una mujer murió y cuatro personas resultaron heridas tras un ataque con explosivos lanzados desde un dron en zona rural de San Pablo, en el sur de Bolívar. Las personas afectadas adelantaban, presuntamente, labores relacionadas con la minería ilegal.

Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un ataque con un artefacto explosivo transportado por un dron en zona rural del municipio de San Pablo (sur de Bolívar), en hechos ocurridos durante el pasado fin de semana. El caso, confirmado por la Policía del Magdalena Medio, tiene horrorizadas a las comunidades aledañas, que temen por nuevos hechos similares en la zona.
Según el reporte preliminar de la Policía del Magdalena Medio, el ataque se registró en la tarde del pasado 2 de mayo en la vereda Las Calungas, del corregimiento El Jardín, a la altura del sector conocido como Mina Quemada. De acuerdo con la información oficial, las víctimas se encontraban en esa zona cuando se produjo la detonación del dron explosivo.
“(...) Ingresa en horas de la noche, a la morgue del municipio, el cuerpo sin vida de una mujer, quien ejercía labores domésticas (cocinera). El hecho se presentó en la vereda Las Calungas, del corregimiento El Jardín, jurisdicción del municipio de San Pablo, sector conocido como Mina Quemada. Según lo informado por familiares, se encontraban realizando labores de minería ilegal”, se lee en el informe oficial.
Según la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), el uso de drones con explosivos hace parte de una práctica relacionada con la intensificación del conflicto armado en el sur de Bolívar.
La víctima fatal fue identificada como Elizabeth Velásquez Cartagena. Entre tanto, dos de los heridos fueron trasladados al hospital de San Pablo, donde recibieron atención inicial. “Ingresaron al hospital de San Pablo dos lesionados con artefacto explosivo con sistema de aeronaves no tripuladas (dron), quienes presentan heridas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo extremidades y zona torácica, siendo necesario su traslado y atención médica especializada”, informaron las autoridades.

Los otros dos lesionados revistieron gravedad y fueron trasladados a centros asistenciales del municipio de Simití (Bolívar) y la ciudad de Bucaramanga (Santander) para recibir atención especializada. “(…) Uno de los lesionados presenta herida toracoabdominal por esquirla penetrante, siendo remitido al municipio de Simití, Bolívar. Otro de los afectados presenta fractura en antebrazo izquierdo, por lo que fue remitido a la ciudad de Bucaramanga”, informó la Policía del Magdalena Medio.
Las primeras versiones entregadas por familiares a la Policía indican que las personas se encontraban en el lugar realizando actividades relacionadas con minería ilegal. Esta información está siendo verificada por parte de las autoridades, que adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar posibles responsables.
Drones y escalada del conflicto en el sur de Bolívar

El uso de drones con explosivos se consolida como una modalidad cada vez más recurrente en el sur de Bolívar, donde confluyen actores armados ilegales y economías ilícitas. Su implementación representa un desafío para las autoridades debido a la dificultad para su detección y neutralización, lo que incrementa el nivel de riesgo para las comunidades rurales, que en distintos momentos ya han resultado afectadas por este tipo de acciones.
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Esta práctica se da en un escenario en el que se ha recrudecido el conflicto armado en la región. Así lo advierte la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) en su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos.
“En conclusión, la intensificación de la disputa territorial entre las AGC, el ELN y, en menor medida, el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), en la subregión del Sur de Bolívar, evidencia un escenario de grave degradación del conflicto armado interno, caracterizado por la reiterada infracción al DIH y vulneraciones a los DD. HH. El uso de bienes civiles como trincheras, la instalación de retenes ilegales, el empleo de artefactos explosivos —incluidos aquellos lanzados desde drones—, el reclutamiento de menores, la instrumentalización de la población civil y las restricciones a la movilidad configuran un patrón de afectación sistemática contra las comunidades”, advirtió Credhos.
En este contexto, la organización advirtió sobre el incremento de hechos violentos en zonas apartadas, donde la limitada presencia institucional mantiene a la población civil como la principal afectada por estas dinámicas del conflicto.













