La obra ambiental más importante de Barrancabermeja sigue sin reactivarse. El contratista adeuda miles de millones a proveedores, mientras equipos clave permanecen retenidos y la culminación del proyecto continúa en suspenso.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
La situación financiera que enfrenta la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR San Silvestre, en Barrancabermeja, quedó nuevamente sobre la mesa durante una reunión de seguimiento convocada en cumplimiento de una sentencia judicial.
Hasta ahora, el monto total de la deuda que mantiene el contratista con los proveedores no había sido precisado públicamente. Sin embargo, quedó establecido que las obligaciones superarían los $3.000 millones, una situación que, según lo expuesto por los acreedores, continúa sin resolverse. A la fecha, el panorama sigue siendo el mismo: hay equipos retenidos, pagos pendientes y medidas cautelares que mantienen frenada la posibilidad de avanzar con normalidad en la culminación de la PTAR San Silvestre.
Allí se conoció que el contratista de la obra ambiental más importante del puerto petrolero mantiene deudas millonarias con proveedores y enfrenta procesos ejecutivos que hoy representan uno de los principales obstáculos para la culminación del proyecto.
Durante la jornada, realizada en abril, participaron representantes de Aguas de Barrancabermeja, la Alcaldía Distrital, la interventoría, proveedores, trabajadores y organismos de control, quienes analizaron el estado actual de la obra y los problemas que enfrenta para avanzar hacia su terminación.
Uno de los aspectos que más preocupación generó fue la situación de cartera con proveedores. Según el Acta de Reunión n.° 26, “el contratista adeuda a proveedores un monto estimado superior a $3.000 millones, con múltiples procesos ejecutivos activos y medidas cautelares vigentes en juzgados de Bucaramanga, Bogotá y Barrancabermeja”.
Dentro de los casos expuestos se encuentra el de la empresa SB Colombia, que reportó una deuda de $1.198 millones y mantiene equipos retenidos mientras se resuelve la situación financiera. De igual forma, se informó sobre una obligación cercana a los $140 millones con el proveedor KSB, compañía que conserva equipos pendientes de entrega y cobra costos asociados al almacenamiento y la preservación de estos elementos.
La preocupación de los acreedores también quedó registrada en el documento. Según el acta, “algunos proveedores manifestaron desconfianza ante la falta de cumplimiento de acuerdos previos y ante las restricciones financieras del contratista, como cuentas embargadas, deudas con la DIAN y procesos con Seguros del Estado”.
Frente a este panorama, la interventoría y la Administración Distrital coincidieron en la necesidad de priorizar el pago a aquellos proveedores que tienen equipos indispensables para culminar la construcción o que mantienen medidas cautelares que podrían seguir afectando el avance del proyecto.
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Entre tanto, la Procuraduría Provincial, que ha acompañado las jornadas de seguimiento, ha sido enfática en la urgencia de reactivar las obras y proteger los recursos públicos.
“La obra debe culminarse en beneficio de la comunidad, sin dejar de lado las presuntas irregularidades legales que se han presentado y evolucionado a lo largo de su ejecución, las cuales serán investigadas y esclarecidas conforme a la Constitución y la ley, en el marco del respeto al debido proceso. Que se vean los recursos públicos reflejados en la obra para el beneficio de la ciudad”, expresó a través de redes sociales Cristian Gutiérrez, procurador provincial en el Magdalena Medio.
Solicitan anticipo de $20.000 millones
Durante la mesa de seguimiento también se discutió la solicitud presentada por el contratista para acceder a un pago anticipado cercano a los $20.000 millones. La propuesta busca obtener recursos que permitan atender obligaciones prioritarias, recuperar la dinámica de ejecución y adquirir equipos pendientes para la obra. Sin embargo, las entidades participantes advirtieron que la medida aún requiere análisis técnicos, jurídicos, financieros y de riesgo.
El documento establece que todavía no existe una propuesta detallada que permita determinar con precisión cómo se invertirían los recursos ni cuál sería el impacto sobre la ejecución del proyecto.
Por ello, dentro de las decisiones adoptadas se determinó que “la viabilidad del pago anticipado estará condicionada a que el contratista demuestre técnicamente que con dicho recurso se alcanzará mínimo el 80 % de avance físico”.
Asimismo, se acordó que cualquier propuesta deberá contemplar de manera prioritaria el pago a proveedores estratégicos, la adquisición de equipos críticos y la protección de los recursos públicos.
A la millonaria deuda con proveedores se suma un monto aún no revelado por obligaciones pendientes con trabajadores del proyecto. Aunque la interventoría fue contratada nuevamente, los trabajos no se han podido reactivar.
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Permiso de vertimiento y obras pendientes
Otro de los temas analizados fue el relacionado con el permiso de vertimiento que requerirá la PTAR una vez entre en operación. De acuerdo con la información presentada durante la reunión, “el permiso de vertimiento vigente fue otorgado bajo condiciones específicas. Sin embargo, la PTAR no está en operación aún, por lo que no se tiene un nuevo permiso de vertimiento ajustado al diseño final de la planta”.
El documento también indica que Aguas de Barrancabermeja anunció en enero de 2025 acciones para gestionar la modificación del punto de vertimiento, pero “a la fecha de la reunión no se había interpuesto ningún recurso ni adelantado una acción efectiva”.
Casi diez años después de la firma del contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR San Silvestre, el proyecto reporta un avance físico del 64,57 %. Siguen pendientes obras como las cúpulas de los digestores y la estación de bombeo de aguas residuales. En el componente mecánico se informó que existen 77 equipos instalados, mientras otros permanecen en proceso de compra, fabricación o entrega.
La interventoría también reportó hallazgos relacionados con equipos instalados en la planta y señaló que algunos están en riesgo y deberán ser sometidos a verificación técnica antes de su puesta en marcha.
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Como resultado de la reunión, se acordó que el contratista deberá presentar acuerdos de pago formalizados, gestionar el levantamiento de medidas cautelares, priorizar proveedores estratégicos y entregar una propuesta detallada sobre el uso de los recursos solicitados.
Sobre el proyecto
La PTAR San Silvestre es una obra enmarcada en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Barrancabermeja, con la que se pretende tratar el 90 % de las aguas residuales de la ciudad y minimizar los puntos de vertimiento de aguas negras que actualmente contaminan los cuerpos hídricos.
Con la obra se busca descontaminar el río Magdalena, las ciénagas Miramar y Juan Esteban, las quebradas Las Camelias, Pozo Siete, Las Lavanderas y La Paz, además de los humedales San Silvestre, Palmira, San Judas y El Castillo, puntos de vertimiento de aguas residuales domésticas y combinadas en el área urbana.
El proyecto ha enfrentado retrasos y problemas de financiamiento desde la firma del Contrato de Obra Pública n.° 134 de 2016, suscrito el 9 de septiembre de ese año por más de $115 mil millones, recursos que fueron aportados por Ecopetrol, el municipio y el Sistema General de Regalías, SGR.
Inicialmente, este contrato tenía un plazo de ejecución de 48 meses a partir de la firma del acta de inicio, que se dio el 19 de mayo de 2017. Sin embargo, han pasado casi diez años y, a pesar de los recursos adicionados, que elevaron el valor del proyecto hasta superar los $180 mil millones, y de los plazos estipulados, las obras están paralizadas y registran un avance inferior al 65 %.
