La JEP estableció que la incursión paramilitar en Barrancabermeja fue promovida desde el Batallón de Inteligencia No. 2, en Bucaramanga, y el área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja. La decisión señala a doce comparecientes por homicidios, desapariciones, exterminio y persecución contra organizaciones sociales y sindicales.
Publicado por: Lesly Adriana Cifuentes
Desde el Puerto Fluvial Yuma, en Barrancabermeja, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó este miércoles 2 de septiembre el primer Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles.
La decisión llama a reconocer responsabilidad a doce comparecientes por hechos relacionados con la toma paramilitar de Barrancabermeja, ocurrida entre 1998 y 2000. De ellos, nueve fueron señalados como coautores de la alianza que, según la JEP, preparó, facilitó y sostuvo la incursión, mientras tres antiguos comandantes fueron llamados a reconocer responsabilidad por omisión.
“Hoy presentamos esta decisión que esclarece la toma paramilitar de Barrancabermeja. Explicamos muy en detalle cómo esa toma fue desatada por una alianza estratégica entre comandantes de los batallones de inteligencia, del Batallón de Artillería Nueva Granada, del Batallón de Contraguerrillas 45, del Comando Especial de la Policía aquí en Barrancabermeja y de un funcionario del área de seguridad de Ecopetrol”, explicó Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP.
Para la Sala, el objetivo de esa alianza era llevar las estructuras paramilitares a Barrancabermeja para expulsar a la guerrilla. Sin embargo, la investigación estableció que esa noción de enemigo también alcanzó a organizaciones sindicales y sociales y a habitantes de sectores de la ciudad señalados como supuestos colaboradores de la insurgencia.
“El fin fue traer a los paramilitares a Barranca para expulsar a la guerrilla, pero la guerrilla no era entendida solo como los combatientes armados, sino también como las organizaciones sindicales, sociales, los habitantes de los barrios que fueron señalados por la inteligencia militar como la fachada de la guerrilla”, dijo la magistrada.
La Sala imputó crimenes de guerra como hhomicidios en personas protegias y de lesa humanidad como exterminio y desaparición forzada.
A tres comparecientes también les atribuyó persecución como crimen de lesa humanidad contra la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS).
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“Lo que estamos haciendo en esta decisión es conectar los puntos, es decir, quiénes participaron de esa toma paramilitar, quiénes diseñaron esta estrategia, quiénes la ejecutaron y quiénes eventualmente pudieron encubrir estos hechos”, expresó la magistrada Catalina Díaz.
La barbarie de los crímenes cometidos durante la toma y expansión paramilitar quedó reflejada en las cifras reconstruidas por la JEP. Entre el 8 de enero de 1998 y el 29 de diciembre de 2000, la Sala estableció que al menos 431 personas fueron asesinadas y otras 85 fueron víctimas de desaparición forzada. Durante ese periodo, la entidad también reconstruyó 14 masacres.
¿Desde dónde se promovió la toma paramilitar?
Uno de los principales hallazgos de la decisión es que la toma no fue promovida desde un único lugar. La JEP estableció dos puntos desde donde se promovió la incursión armada: el área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol, en Barrancabermeja, y el Batallón de Inteligencia No. 2 (BITE2), en Bucaramanga.
Según la Sala, José Eduardo González Sánchez, antiguo funcionario del área de seguridad de la refinería de Barrancabermeja, actuó desde allí como un “actor bisagra” entre el mundo empresarial de la seguridad, los mandos militares con los que había compartido carrera y los comandantes paramilitares con quienes mantenía vínculos previos.
En Bucaramanga, según la JEP, oficiales del BITE2 participaron en la articulación con las estructuras paramilitares.
La conexión comenzó a construirse en marzo de 1997, cuando el entonces comandante del BITE2, José Domingo García García, conocido como ‘Don Raúl’, contactó al comandante paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘Panadero’, y lo puso en contacto con el oficial de inteligencia Juvenal Ovidio Brugés Palmera, alias ‘Felipe’. Según la JEP, Brugés llevó posteriormente a ‘Panadero’ a reunirse con ‘Camilo Morantes’ y acompañó la preparación de la incursión.
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A finales de ese mismo año, seguun la Sala, oficiales de las unidades militares y policiales con jurisdicción en Barrancabermeja y el funcionario de seguridad de la refinería ya estaban alineados con los mandos paramilitares.
La dimensión de esa coordinación quedó reflejada en la versión entregada por ‘Panadero’ ante la JEP. Según el auto, el comandante paramilitar aseguró que el plan para tomarse Barrancabermeja no era únicamente de ‘Camilo Morantes’, sino “el plan del BITE”.
Según la investigación, la inteligencia militar también produjo documentos reservados en los que la USO y CREDHOS fueron señaladas como supuestas fachadas de la guerrilla. Esos señalamientos fueron transmitidos a los paramilitares para identificar a integrantes de ambas organizaciones.
La masacre del 16 de mayo, el inicio de la toma
La JEP estableció que la masacre del 16 de mayo de 1998 fue el acto inaugural de la toma paramilitar. Ocho días antes, el entonces presidente de la USO, Hernando Hernández, había advertido al comandante de la Quinta Brigada, Fernando Millán Pérez, sobre el ingreso de los paramilitares.
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Ese 16 de mayo, cerca de 50 hombres armados ingresaron a Barrancabermeja. Siete personas fueron asesinadas y otras 25 fueron llevadas hacia San Rafael de Lebrija, donde, según la reconstrucción judicial, fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. 16 de las víctimas siguen desaparecidas.
La Sala también reconstruyó otros episodios de la toma, entre ellos las masacres del 1 y 2 de agosto de 1998, la del 28 de febrero de 1999 y la del 4 de octubre de 2000. En esta última fueron asesinadas seis personas, incluidos dos menores de edad.
¿Quiénes son los 12 comparecientes?
La JEP llamó a reconocer responsabilidad a nueve antiguos integrantes del Ejército y la Policía por su participación en la alianza que preparó, facilitó y sostuvo la toma.
Entre ellos están José Domingo García García, comandante del BITE2; Juvenal Ovidio Brugés Palmera, oficial de inteligencia militar; José Eduardo González Sánchez, funcionario de seguridad de la Refinería de Ecopetrol; Oswaldo Prada Escobar, oficial de inteligencia del Batallón de Artillería Nueva Granada; Jesús Herrera García, mayor y segundo comandante del Batallón de Contraguerrillas No. 45 Héroes de Majagual; Carlos Eduardo Avendaño Ávila, oficial de operaciones del Batallón Nueva Granada; y Óscar Diego Sánchez Vélez, comandante de esa unidad.
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También fueron llamados a reconocer responsabilidad Juan Carlos Celis Hernández, teniente coronel retirado de la Policía y antiguo jefe de la SIJIN en Barrancabermeja, y Nilson Durán Durán, subintendente retirado de la Policía.
Los otros tres comparecientes son los brigadieres generales retirados Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez y Alberto Bayardo Bravo Silva, llamados por responsabilidad por omisión.
Según la Sala, estos oficiales tenían capacidad, por sus funciones, información y recursos disponibles, para prevenir los crímenes, controlar a sus subordinados y proteger a la población civil.
La investigación de este caso se desarrolló durante tres años con 35 versiones voluntarias, 10 declaraciones juradas, 60 informes, 33 sentencias de Justicia y Paz, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miles de documentos obtenidos en inspecciones a instalaciones militares, policiales y de seguridad de Ecopetrol.
La decisión, de más de 700 páginas, es la primera de este tipo dentro del Caso 08 para el subcaso Magdalena Medio. Uno de sus principales hallazgos está en la forma como, según la JEP, se construyó la alianza: la toma fue promovida desde dos puntos, Barrancabermeja y Bucaramanga.
Un funcionario de Ecopetrol, el único tercero civil incluido
Dentro de los doce comparecientes aparece un único tercero civil: José Eduardo González Sánchez. Después de retirarse del Ejército, llegó al área de seguridad de la Refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja y posteriormente fue vinculado al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.
La JEP estableció que su participación fue relevante para la alianza. Además, durante su comparecencia González Sánchez aseguró que la misión de llevar a los paramilitares a Barrancabermeja provenía de niveles superiores dentro de la empresa.
“Para esa alianza fue absolutamente crítica la participación del funcionario de Ecopetrol. Él en su confesión ante la JEP relata que la misión de traer a los paramilitares venía desde posiciones más arriba en la empresa. Nosotros quisimos indagar por quiénes eran esas personas que hubieran podido darle esas instrucciones a González Sánchez”, dijo la magistrada.
Según la Sala, durante la investigación se intentó establecer quiénes podían estar detrás de esas instrucciones, pero varias de las personas que podían aportar información ya habían muerto. Entre ellas estaba un tío de González Sánchez, coronel retirado de la Policía y antiguo director de seguridad de Ecopetrol, quien, según la JEP, recomendó su ingreso a la compañía.
La investigación también encontró información relacionada con tres contratistas de Ecopetrol. Sin embargo, la Sala explicó que no puede obligar a una empresa, en calidad de tercero civil, a comparecer dentro del proceso.
“Nosotros no podemos obligatoriamente llamar a un tercero civil, no combatiente, o a una empresa. Eso está prohibido por la Corte Constitucional. Entonces lo que hacemos, desde la justicia restaurativa y desde la evidencia que tenemos, es invitar a Ecopetrol a un diálogo con las víctimas”, expresó la magistrada.
La JEP anunció que, de darse el espacio de diálogo, allí se presentarán los hallazgos relacionados con la actuación de González Sánchez y los demás elementos encontrados durante la investigación. La compañía podrá aportar información y participar en un escenario de construcción de verdad y justicia restaurativa.
¿Qué viene ahora?
Los doce comparecientes tendrán 15 días hábiles, contados a partir de su notificación, para decidir si reconocen los hechos y la responsabilidad atribuida por la JEP o si controvierten las imputaciones mediante argumentos y pruebas.
El presidente de la JEP explicó que el auto representa el primer pronunciamiento de este nivel dentro del subcaso, pero no el cierre de la investigación.
“Llevamos 8 años realizando esta investigación en profundidad. Esto es una parte del macro caso número 8. Es la primera decisión. Obviamente no es la última, sino la primera de este subcaso de la llamada toma de Barrancabermeja”, dijo Alejandro Ramelia Arteaga, presidente de la JEP.
