Estudiantes de los colegios rurales, algunos docentes y miembros de la comunidad en general se apostaron en la entrada de la Alcaldía de San Gil para exigir la aprobación del proyecto que busca adicionar al presupuesto $11.887 millones.
Publicado por: Jorge Andrés Ríos
Ante la falta de recursos para asuntos fundamentales como transporte escolar o el funcionamiento de los Centros Vida para los adultos mayores, se adelantó una protesta frente a la Alcaldía de San Gil.
Estudiantes de los colegios rurales, algunos docentes y miembros de la comunidad en general se apostaron en la entrada del palacio municipal con pancartas, gritos y una serie de discursos en los que se les exigía a la administración municipal y a los concejales de San Gil dar continuidad a la discusión y aprobación al proyecto de acuerdo 013, en donde permanecen estancados $11.887 millones de recursos del año anterior que se requieren con urgencia para estos y otros asuntos.
Dicho proyecto tiene contra las cuerdas a los concejales del municipio, quienes en mayo de este año hundieron en primer debate el proyecto de acuerdo 008. Luego, en julio, no lo votaron por falta de quórum decisorio y ahora en agosto postergaron el debate, ahora ya como acuerdo 013, por una recusación que fue presentada por un particular contra el ponente elegido, el concejal Rafael Acosta Wandurraga.
Desde ese momento los ánimos van en aumento y la presión de la comunidad aumentó, principalmente porque desde el pasado 5 de agosto más de 600 estudiantes de las zonas rurales se quedaron sin transporte escolar y los abuelos siguen esperando la puesta en funcionamiento de los Centros Vida.
En medio de este panorama, Tomás Suárez, personero de la Institución Educativa San Juan Bosco, dijo que desde la semana pasada se presenta una inasistencia del 20 % de sus compañeros a clases porque les queda muy lejos y no tienen cómo llegar. “Algunos están a una o dos horas de caminata y otros debían caminar para llegar hasta el punto en donde los recogía la ruta”.
Presión sobre el Concejo Municipal de San Gil
El pasado 12 de septiembre (viernes), la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander decidió no atender la solicitud de solucionar la recusación del Concejo Municipal de San Gil y envió el proceso a la Sala de Consulta y el Concejo Civil del Consejo de Estado.
Además, en el documento, el ente de control les recordó a los concejales que en varias ocasiones les ha respondido que ese despacho no es competente para resolver dichas recusaciones y es el Concejo Municipal el encargado de hacerlo, especialmente si la recusación es sobre un solo miembro de la corporación, por lo que no se afecta el quórum deliberatorio y decisorio.
Una vez conocida la decisión de la procuraduría, Acosta confirmó su renuncia a la ponencia para permitir que avance el debate, por lo que ahora es la mesa directiva del Concejo Municipal la que debe decidir si nombra un nuevo ponente o espera un pronunciamiento del Consejo de Estado.
“Es la posición de nuestra mesa de trabajo, que la plenaria debe nombrar un nuevo concejal y darle trámite, (…) Se están afectando muchas comunidades, asignaciones que están comprometidas, depende de la voluntad política de los concejales para lograr adicionar estos recursos de balance al presupuesto municipal”, dijo Arnold Neira, uno de los voceros de manifestación.
