El uso y la importancia de la carrera 19 para la movilidad de San Gil aumentó notablemente luego de que en junio de 2023 se entregó la pavimentación del tramo que conecta al barrio Villa Olímpica con el sector de José Antonio Galán.
Publicado por: Jorge Rios
Tras una acción popular fallada en primera instancia, la Alcaldía de San Gil debe adelantar estudios para organizar la instalación de reductores de velocidad o resaltos horizontales – también conocidos como policías acostados – en la carrera 19.
En la sentencia emitida el pasado 27 de marzo, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil da al municipio un plazo de seis meses “improrrogables” para que “adelante los trámites administrativos y presupuestales necesarios para llevar a cabo el proceso de contratación de los estudios técnicos de ingeniería de tránsito”.
Dichos estudios deben determinar si es necesaria la ubicación de resaltos sobre este importante trayecto vial, establecer si los resaltos existentes deben mantenerse, adecuarse o retirarse y “en todo caso, definir el tipo de resalto requerido, conforme al Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, especificando, entre otros aspectos, el tipo de reductor, dimensiones, medidas, ángulos de inclinación, señalización preventiva de proximidad y demás parámetros técnicos aplicables”.
El juez otorgó seis meses de plazo al municipio para adelantar las gestiones que permitan la contratación del estudio técnico.
Todo esto en el marco de la acción popular que busca la protección de los intereses colectivos de uso y protección del espacio público, teniendo en cuenta que algunos de estos elementos no estarían cumpliendo con los lineamientos técnicos requeridos ni fueron instalados por autoridades oficiales.
En este sentido, el juzgado decidió “declarar que el municipio vulneró los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, derecho a la seguridad pública y a la prevención de desastres previsibles técnicamente”.
Héctor Ardila Sandoval, secretario de Tránsito, dijo que se va a estudiar detenidamente el fallo para su cumplimiento, destacando que inicialmente se tendría que hacer la solicitud desde su despacho al Gobierno Municipal para la contratación de los estudios.
¿Cuál es el problema?
Aunque el juzgado en la sentencia habla de la carrera 19 de forma general, el centro de la problemática se centra sobre los reductores de velocidad y pasos horizontales instalados entre las carreras 9, 10 y 11.
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De acuerdo con lo soportado en el informe, no hay evidencias de contratos ni convenios que permitan identificar que la Alcaldía contratara o autorizar la adecuación de estos elementos, que no cumplirían con los lineamientos técnicos y podrían representar un riesgo para los que usan el trayecto vial.
Ardila confirmó que a su llegada en 2024 estos ya estaban instalados, por lo que se trataría, según la información recolectada, de trabajos realizados por la comunidad. El funcionario reconoció que este tramo es considerado de alto riesgo debido a la alta transitividad y las altas velocidades, especialmente de los motociclistas, por lo que son varios los accidentes registrados en el sector.
Marco Antonio Velásquez, accionante, dijo que se trata de una vía rápida, de descongestión y en donde hay elementos que no cumplen con la normatividad y fueron instalados por las comunidades por seguridad, pero en realidad el problema es la falta de autoridad porque los “policías acostados no solucionan nada (…) Lo que se necesita es agentes de tránsito, cámaras de foto multas, así se ha hecho en otras ciudades y ha funcionado”.
El uso y la importancia de la carrera 19 para la movilidad de San Gil aumentó notablemente luego de que en junio de 2023 se entregará la pavimentación entre las calles 10 y 4, conectando así el barrio Villa Olímpica con el sector de José Antonio Galán y dando forma a lo que se ha llamado como el anillo vial externo del municipio.
