El proceso hace parte de Chicamocha en Común, un proyecto de cooperación internacional que articula a entidades y organizaciones de Colombia y Francia.
Publicado por: Jorge Rios
Barichara y Zapatoca avanzan en la construcción de una política pública de gobernanza del agua que busca definir, durante los próximos diez años, cómo se protegerán, administrarán y fortalecerán los sistemas de abastecimiento que dependen tanto de los municipios como de las propias comunidades.
El proceso hace parte de Chicamocha en Común, un proyecto de cooperación internacional que articula a entidades y organizaciones de Colombia y Francia.
La iniciativa comenzó con el trabajo de campo que se desarrolla entre agosto y septiembre, periodo utilizado por los profesionales para recorrer los acueductos urbanos, rurales y comunitarios de ambos municipios, con el objetivo de conocer las fuentes de agua, sus condiciones, necesidades y formas de organización.
Israel Ricardo García Herrera, coordinador de Política Pública, explicó que el propósito es construir el documento a partir de la participación directa de las comunidades y no únicamente desde la institucionalidad.
Un diagnóstico para tomar decisiones sobre el agua en Barichara y Zapatoca
Durante las visitas se recopilará información sobre infraestructura, calidad y manejo del agua, usuarios, organización y necesidades de cada sistema. Estos datos complementarán estudios realizados por las empresas francesas que estuvieron haciendo pruebas entre 2024 y 2025.
La información permitirá establecer un diagnóstico integral y, posteriormente, construir un plan de acción anual con proyectos relacionados con inversión, educación ambiental, protección de fuentes hídricas y manejo de aguas residuales, entre otros temas.
“Estamos identificando las necesidades y realidades de la gobernanza del agua”, explicó García, quien señaló que uno de los objetivos es reconocer el papel de los acueductos comunitarios y darles participación en las decisiones que afectan el recurso hídrico.
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El alcalde de Barichara, Milton Chaparro, destacó que el modelo busca que las comunidades continúen administrando sus sistemas, incluso cuando reciban apoyo de las entidades públicas.
La intención es que el respaldo institucional no implique que los acueductos pierdan su independencia ni que sean absorbidos por los sistemas municipales.
La comunidad tendrá la mayoría
Una vez finalizado el trabajo de campo, el cronograma contempla tres mesas de socialización para presentar los resultados, discutir las necesidades identificadas y construir el plan de acción.
La meta es que el proyecto de acuerdo sea presentado ante el Concejo Municipal en noviembre de este año y, después de su aprobación, se tendrá un periodo de aproximadamente tres meses para reglamentar la política y crear la mesa encargada de su implementación.
Esta instancia tendrá participación de la Administración Municipal y de las comunidades vinculadas a los acueductos reconocidos en la política. De acuerdo con García, los representantes comunitarios tendrán mayoría en las decisiones, es decir, una mayor participación de delegados en la mesa.
Los propios acueductos deberán elegir a sus representantes, mientras que el Concejo Municipal designará dos integrantes y la Alcaldía contará también con participación dentro de la mesa.
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Una política del agua articulada con el territorio en Santander
Para Chaparro, uno de los aspectos relevantes del proceso es que la política pública no se construirá de manera aislada. Su implementación está articulada con la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial de Barichara, de manera que las decisiones sobre crecimiento urbano, protección ambiental y disponibilidad del recurso respondan a una misma planificación.
El proceso también recoge experiencias conocidas durante las misiones de intercambio realizadas en Francia dentro de Chicamocha en Común. Allí se conocieron modelos de gobernanza compartida que ahora intentan ser adaptados a las condiciones de los municipios participantes, como ya sucedió en Aratoca, donde se adelantó la creación de dicha política pública.
La posibilidad de acceder a recursos para los acueductos
Más allá de establecer responsabilidades, la política podría convertirse en una herramienta para gestionar inversiones públicas destinadas a los acueductos comunitarios.
García explicó que, al quedar reconocidos dentro de una política pública y los instrumentos de planificación municipal, estos sistemas podrán ser incluidos en programas y proyectos financiados con recursos oficiales de la Nación, sin que eso signifique perder su autonomía.
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“Gracias a esto, en Aratoca se pasó de una inversión proyectada de $40 millones a una de $1.200 millones en 2025”, señaló el coordinador de la iniciativa.
Para Barichara y Zapatoca, el reto ahora será convertir el diagnóstico que se construirá durante estas semanas en una hoja de ruta que permanezca durante una década y que permita pasar de las necesidades identificadas en las comunidades a proyectos concretos para garantizar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua.
