El Ministerio Público cuestionó posibles fallas en la supervisión de una obra del Colegio Integrado Lucas Caballero, que comprometía recursos públicos por más de $15.000 millones.
Por presuntas irregularidades en las obras de un colegio de Suaita, en Santander, que tuvo recursos públicos por más de $15.000 millones, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de Antonio José Pinzón Páez y Próspero Alberto Arenas Castillo, quienes ejercieron funciones de supervisión y Nelson Eduardo Navas Beltrán, representante legal del consorcio interventor.
“La actuación disciplinaria se originó por posibles deficiencias en las labores de seguimiento a la ejecución del contrato suscrito en el 2022 y busca establecer si los investigados cumplieron las obligaciones de control y vigilancia asignadas para garantizar el desarrollo del proyecto por valor superior a $15.000 millones”, puntualizó el Ministerio Público.
Según informó la Procuraduría este lunes, 31 de agosto, presuntamente la obra se habría iniciado y ejecutado sin contar con la licencia de construcción ni con los permisos de aprovechamiento forestal y de movimiento de tierras. El ente de control también investiga posibles incumplimientos en las obligaciones de supervisión e interventoría.
“En esta etapa procesal, la Procuraduría calificó la posible conducta de los supervisores como grave a título de culpa grave y la del interventor como falta gravísima con culpa gravísima, al considerar que las omisiones investigadas pudieron afectar la adecuada ejecución de un proyecto destinado a garantizar la infraestructura educativa para los niños, niñas y adolescentes de Suaita”, afirmó el Ministerio Público.
