El Tribunal Administrativo de Santander ordenó denegar y archivar el proceso en el que se pretendía la pérdida de investidura a cinco concejales, por presuntas irregularidades en la creación del subsidio de transporte escolar rural.
Publicado por: Jorge Rios
Un parte de tranquilidad sobre la continuidad del transporte escolar rural de Barichara entregaron las autoridades del municipio, luego de que el Tribunal Administrativo de Santander ordenara denegar y archivar la demanda mediante la cual se pretendía lograr la pérdida de investidura de cinco de los concejales que aprobaron el acuerdo que autorizó la creación de los subsidios para este servicio.
Si bien el transporte nunca dejó de prestarse desde el 26 de febrero de 2024 hasta la fecha, Milton Chaparro, alcalde del municipio, explicó que estaban a la espera de una respuesta favor de los concejales, para proceder a firmar sin ningún problema y todas las garantías legales el nuevo contrato, dado que el existente vence este mes y esa es una prioridad.
Actualmente, las 17 rutas destinadas para el transporte de los estudiantes de las zonas veredales a las sedes de las educativas Aquileo Parra, Paramito y Guane, transportan a 343 estudiantes, una cifra que ha ido en aumento teniendo en cuenta que iniciaron con 301 beneficiarios.
De acuerdo con el análisis de las autoridades, sin los recorridos de las busetas más de 10 veredas se calcula que la deserción escolar llegaría al 50 % aproximadamente.
Sandra Milena Rangel, secretaria de Desarrollo Social, contó que en ese primer contrato se asignaron $553 millones y que a pesar del proceso legal nunca se pensó en suspender el servicio porque la alcaldía no fue notificada durante el proceso, lo que para ellos evidenció que acuerdo y el trámite del mismo frente al Concejo Municipal no tuvo ningún tipo de vicios ni irregularidades.
El fallo del tribunal
Los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander no encontraron los argumentos ni las evidencias que demostraran que los concejales Sebastián Torres Torres, Carlos Lozanos Ballesteros, Carlos Afanador Castro, Ramón Castilla García, hubiesen incurrido en una ‘indebida destinación de dineros públicos’, delito por el que fueron demandados.
Al respecto, en el documento de la sentencia, se asegura que no se evidenció una conducta prohibida “dado que el subsidio de transporte creado por los demandados en calidad de miembros del concejo municipal de Barichara tiene un propósito autorizado, tanto legal como jurisprudencialmente, dado que busca garantizar la materialización del derecho fundamental de la educación”.
Así mismo, se analizó que el acuerdo beneficia a una población de estudiantes de escasos recursos estudiantes de las instituciones públicas de Barichara, “pero que su residencia se encuentra en el área rural, lo que implica que tal medida, en definitiva, no tiene otro propósito que garantizar y promover el derecho a la educación”, indica el fallo.
Sebastián Torres Torres, presidente del Concejo Municipal de Barichara, manifestó que estaban muy tranquilos por el proceso, porque entendían que habían actuado en el marco de la ley y en este caso con el subsidio al transporte rural se estaba velando por garantizar el derecho a la educación.
