El Tribunal Administrativo de Santander negó las medidas cautelares solicitadas en la acción popular por la crisis del agua en Barichara, Villanueva y Cabrera. Aunque la decisión no frena el proceso, la comunidad insiste en soluciones urgentes frente a los problemas de abastecimiento, calidad del agua y falta de financiación.
Publicado por: Jorge Rios
El Tribunal Administrativo de Santander negó la solicitud de medidas cautelares presentada dentro de la acción popular promovida por habitantes de Barichara, Villanueva y Cabrera, en el marco de la problemática relacionada con el abastecimiento y la calidad del agua en estos municipios de la provincia Guanentá.
La decisión no pone fin al proceso judicial. Por el contrario, mantiene el trámite ordinario de la acción popular, mientras avanza el análisis de fondo sobre las presuntas afectaciones a derechos colectivos relacionados con el acceso al agua potable, la salubridad pública y la prestación adecuada del servicio.
La acción popular fue presentada en enero de 2026 por ciudadanos y representantes de la comunidad, quienes acudieron ante la justicia al considerar que la situación del agua requería acciones urgentes por parte de las entidades responsables.
En esa etapa inicial, el Tribunal Administrativo de Santander vinculó a las entidades demandadas y evaluó las solicitudes orientadas a adoptar medidas inmediatas frente a los problemas de abastecimiento y calidad del agua, mientras avanzaba la revisión judicial sobre las condiciones del servicio y los posibles riesgos para la población.
La demanda fue interpuesta contra diez entidades, entre ellas la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE,, el Ministerio de Vivienda, la Gobernación de Santander, las alcaldías de Barichara, Villanueva y Cabrera, así como entidades relacionadas con la prestación, vigilancia y control del servicio de agua.
El análisis del caso
Dentro del análisis judicial, el despacho reconoció que existen diferencias entre los sistemas de abastecimiento de los municipios involucrados. Para el caso de Barichara, el Tribunal señaló situaciones particulares en algunos sectores rurales y advirtió que el sistema administrado por Acuascoop presenta un nivel de riesgo calificado como “inviable sanitariamente”, debido a que suministra agua cruda sin tratamiento previo.
Sin embargo, el Tribunal también tuvo en cuenta la información entregada por las entidades responsables, relacionada con los procesos de vigilancia sanitaria, los controles realizados y las acciones que se adelantan para mejorar los sistemas de abastecimiento.
La decisión indica que el proceso requiere una etapa probatoria más amplia para establecer con claridad cómo funciona la cadena de suministro del agua, desde la captación hasta el consumo final. También será necesario determinar el alcance de las obligaciones y responsabilidades de cada una de las entidades vinculadas.
Publicidad
Por esa razón, el Tribunal consideró que adoptar medidas cautelares en esta fase podría anticipar conclusiones que deben definirse durante el desarrollo del proceso judicial.
Con la negativa de la medida cautelar, la acción popular continuará su trámite bajo las reglas de la Ley 472 de 1998, norma que regula este mecanismo judicial para la protección de derechos e intereses colectivos. Las partes esperan que el proceso permita establecer las acciones necesarias frente a una problemática que durante años ha generado preocupación entre los habitantes de la provincia.
Veeduría mantiene las críticas y pide soluciones tras decisión del Tribunal
Aunque la decisión del Tribunal Administrativo de Santander no satisfizo las expectativas de los accionantes, desde la Veeduría del Agua de Barichara destacaron que el proceso judicial continúa y que el debate sobre la crisis del agua aún no ha terminado.
Juan Carlos Rey, representante de la veeduría y uno de los promotores de la acción popular, aseguró que no están conformes con la negativa de las medidas cautelares. No obstante, consideró importante que el proceso siga adelante y que el Tribunal haya establecido un nuevo plazo para que las entidades involucradas busquen acuerdos.
Según Rey, se trata de un término de 20 días para que las entidades vinculadas puedan construir un marco de trabajo conjunto frente a la problemática.
El representante de la veeduría cuestionó que, desde enero, cuando se activó el trámite judicial, no se hayan materializado soluciones estructurales. También señaló que entidades del orden nacional, como la Presidencia de la República, el DAPRE y el Ministerio de Vivienda, se han desligado de responsabilidades, mientras que los gobiernos territoriales han entregado respuestas similares a las de las últimas décadas.
El problema de la financiación
Más allá del debate judicial, desde la Alcaldía de Barichara y Acuascoop, cooperativa responsable del manejo de la represa El Común, coinciden en que uno de los principales obstáculos para superar la crisis es la falta de recursos y financiación.
Publicidad
Mientras avanza la lenta construcción y aprobación de un sistema definitivo de acueducto, cuyo costo podría superar los $37.000 millones, existen dos proyectos considerados prioritarios que requieren una inversión menor y que ya fueron presentados ante autoridades departamentales y nacionales.
El primero está relacionado con la ampliación, modernización y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua, por un valor aproximado de $3.000 millones. Este proyecto fue radicado por las autoridades municipales en 2024 ante el Ministerio de Vivienda.
El segundo corresponde a la construcción de una planta de agua potable para la represa El Común, por cerca de $12.600 millones. Esta iniciativa fue presentada por Acuascoop ante la ESANT, con el propósito de buscar financiación a través del Plan de Aguas de Santander.
Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado los recursos necesarios para ejecutar estas obras, mientras la comunidad continúa reclamando una solución de fondo a los problemas de abastecimiento y calidad del agua.
