Lo que alguna vez fue un motel señalado en una investigación por presunta explotación sexual se convirtió en un hogar temporal para decenas de estudiantes que llegaron a Bucaramanga con el sueño de convertirse en profesionales. Ahora, una decisión judicial cambia el rumbo de esta historia y obliga a la UIS a buscarles un nuevo techo.
En la calle 39 con carrera 20, de Bucaramanga, un edificio de seis pisos cambió el rumbo de su historia. Lo que años atrás fue objeto de una investigación por presunta explotación sexual se convirtió en un espacio de alojamiento para jóvenes de escasos recursos económicos que encontraron allí una oportunidad para continuar sus estudios universitarios.
La transformación le dio al inmueble una nueva función social. Sin embargo, una decisión judicial cambió el panorama: la Universidad Industrial de Santander, UIS, deberá devolver la propiedad a su dueño original, luego de que el Tribunal Superior de Medellín modificara las condiciones que permitían a la institución utilizarla.
Ante esta situación, el centro de educación superior trabaja en la búsqueda de alternativas que permitan dar continuidad al servicio de residencias estudiantiles. El objetivo es evitar que los jóvenes que dependen de este apoyo se queden sin un lugar donde vivir y que las dificultades de alojamiento se conviertan en un obstáculo para continuar sus carreras profesionales.
Singular historia
Los antecedentes se remontan a 2022, cuando la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional ocuparon varios inmuebles urbanos en Bucaramanga, en el marco de investigaciones por presuntos delitos de explotación sexual, incluidos casos que involucraban a menores de edad.
Entre las propiedades intervenidas se encontraba el referido edificio, ubicado en la calle 39 con carrera 20. Posteriormente, en 2024, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes vinculados a procesos judiciales, entregó el inmueble en comodato a la UIS.
La institución encontró en esta propiedad una oportunidad para responder a una necesidad concreta: ofrecer alojamiento a estudiantes con limitaciones económicas, provenientes de diferentes municipios de Santander y de otros departamentos del país.
Así, el edificio comenzó una nueva etapa. Sus habitaciones dejaron de tener el uso anterior y fueron acondicionadas para recibir a jóvenes que necesitaban un espacio seguro y accesible donde vivir mientras avanzaban en su formación profesional.
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Para adecuar el inmueble, de aproximadamente 1.200 metros cuadrados construidos, la universidad invirtió entre $ 600 y $ 700 millones. La residencia quedó habilitada para albergar a 73 estudiantes: 54 mujeres y 19 hombres.
El edificio contaba con seis pisos, habitaciones sencillas, dobles y triples, zonas de televisión, espacios de estudio y áreas comunes para preparar alimentos, lavar y planchar ropa, compartir las comidas y realizar actividad física.
Más que ofrecer una cama, el propósito era brindar condiciones que facilitaran la vida cotidiana de los estudiantes y les permitieran concentrarse en sus estudios, sin que las dificultades económicas para acceder a una vivienda se convirtieran en una barrera para su formación.
Garantizarán alojamiento
La devolución del inmueble plantea un reto que va más allá de la situación jurídica de la propiedad. Para los estudiantes residentes, el edificio representa el lugar donde viven mientras cursan sus carreras. Por eso, la búsqueda de una alternativa debe contemplar no solo la salida del inmueble, sino también la continuidad del apoyo habitacional.
Según lo explicado por la institución, la UIS había suscrito un contrato de comodato por cinco años, con la expectativa de mantener el servicio durante ese periodo y gestionar una eventual prórroga. Bajo esas condiciones se adelantaron las adecuaciones necesarias para poner en funcionamiento la residencia. Sin embargo, la decisión del Tribunal Superior de Medellín modificó ese escenario y dio paso a la devolución del inmueble a su propietario original.
“Frente a este panorama, la universidad busca alternativas para responder a la situación y evitar que la decisión judicial termine afectando la permanencia académica de los jóvenes que requieren este beneficio”, dijo una fuente de la UIS.
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La intención es encontrar una solución que permita dar continuidad al servicio de alojamiento y ofrecer a los estudiantes condiciones para seguir desarrollando sus proyectos de vida en la universidad. En ese sentido, la institución plantea la necesidad de avanzar hacia una infraestructura propia, que brinde mayor estabilidad y reduzca la dependencia de inmuebles administrados por terceros, sujetos a decisiones judiciales.
Una alternativa
Entre las opciones planteadas está la posibilidad de adquirir un inmueble de propiedad de la Congregación de Religiosas Franciscanas de María Inmaculada, ubicado en la calle 24 con carrera 22, en el barrio Alarcón de Bucaramanga.
De acuerdo con lo consignado por la institución, contar con una sede propia permitiría consolidar el servicio de residencias estudiantiles, reducir la incertidumbre sobre su funcionamiento y mitigar los riesgos de deserción asociados a las dificultades económicas y habitacionales.
La propuesta apunta a que el alojamiento universitario no dependa exclusivamente de acuerdos temporales sobre propiedades de terceros, sino que pueda ofrecerse bajo condiciones de mayor estabilidad y continuidad.
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Mientras se resuelve la situación del inmueble de la calle 39, el reto para la UIS consiste en encontrar una salida que atienda las condiciones jurídicas y, al mismo tiempo, tenga en cuenta la realidad de los estudiantes que necesitan este respaldo para permanecer en las aulas.
La devolución del edificio no significa que la necesidad de alojamiento de los jóvenes desaparezca. Por eso, la búsqueda de alternativas resulta fundamental: más allá de recuperar o adquirir una infraestructura, se trata de preservar una oportunidad para que estudiantes con recursos limitados puedan continuar su formación profesional sin que la falta de un lugar donde vivir se convierta en una razón para abandonar la universidad.
