Una comisión de líderes de comunidades que habitan los páramos de Santurbán y Almorzadero hizo presencia en el Legislativo para solicitar cambios en la ley que les prohíbe ejercer agricultura y ganadería en sus territorios.
Publicado por: Milton Velosa Araque
Inconformes, tras las promesas que el presidente Gustavo Petro les hizo en la reunión de febrero pasado en Málaga, Santander, representantes de comunidades con asentamiento en los páramos del Almorzadero y Santurbán (Santander), y la franja del nevado del Cocuy (Boyacá), viajaron al Congreso de la República buscando cumplimiento de los compromisos.
Pese a que los paramunos protestaron a comienzos de este año y bloquearon el paso por las vías Los Curos - Málaga, Bucaramanga - Bogotá, Bucaramanga - Cúcuta, Málaga - Bogotá y Málaga – Cúcuta y las autoridades les prometieron mayor atención para sus necesidades, al parecer, todo sigue igual.
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Entre las peticiones de los campesinos está el que se modifique la línea base que delimita el Páramo del Almorzadero, de 2.800 metros a cerca de 3.300 metros. Los habitantes de esta zona argumentan que desde hace más de un siglo se adelantan labores de agricultura y ganadería por encima del límite que hace algunos meses impuso el Gobierno Nacional.
De acuerdo con Vicente Castro, líder de campesinos en la provincia de García Rovira, el pasado lunes llegaron tanto a la Cámara como al Senado líderes visibles de páramos de Santander y Boyacá para pedir modificación a la Ley 1930 o Ley de Páramos.
“Así como está planteada la Ley está afectando al sector campesino y, en últimas, a la actividad agropecuaria, que es de lo que nosotros vivimos. Buscamos el apoyo de las bancadas de parlamentarios de Santander, Norte de Santander y Boyacá para que nuestras peticiones tengan respaldo”, aseguró Castro.
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Por su parte, Ferney Villamizar, alcalde electo de Guaca, indicó que “nos reunimos con los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de la República y les expusimos el inconformismo que tenemos con las mesas de trabajo que se establecieron después del paro campesino de enero pasado. Ya va casi un año y no se ha avanzado en nada”.
Villamizar expresó que tras la reunión, los presidentes del Congreso les expresaron que los primeros meses de 2024 se establecerá un debate en los dos escenarios para mostrarles las afectaciones que tienen por la aplicación de la Ley de Páramos y el temor que sienten muchos de los paramunos de ser despojados de sus tierras.
Municipios como Cerrito, Concepción, San Andrés y Guaca se ven afectados por esta línea base. Lo que solicitan es algo viable, sensato, es un derecho adquirido por sus ancestros y por ello se va a programar la audiencia pública.
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A la audiencia se invitará al Director Nacional de Restitución de Tierras y la Ministra de Medio Ambiente. “Si bien es cierto hay que cuidar recursos como el agua y el Medio Ambiente también los campesinos tienen derechos que no afectan en nada al páramo. Ahí vamos a estar senadores y representantes de Santander para colaborarles”, indicó uno de los congresistas asistentes a la reunión.
Los motivos del inconformismo
Julio Elías Vargas, habitante del páramo del Almorzadero, dijo que “desde hace varios años se inició ese proceso estatal en contra de los habitantes de los páramos en Santander”.
El vocero de los campesinos se refiere a varias determinaciones gubernamentales que les estaría restringiendo las actividades agrícolas en zonas donde ancestralmente venían trabajando.
La primera decisión que los afectó se dio el 20 de enero de 2018 cuando se delimitó la zona protegida del páramo del Almorzadero a partir de los 2.800 metros. Sobre esta línea, habría muchas parcelas con productos agropecuarios de residentes de ese sector.
Otro de los puntos es la promulgación de la Ley de Delitos Ambientales, a mediados de 2022.
“Algunos de estos artículos castigan la actividad agrícola en las zonas que ellos consideran protegidas, pero donde desde hace mucho tiempo hay siembras. Por ejemplo, si sembramos una mata de cebolla y ellos lo consideran delito ambiental, tendremos que pagar millonarias multas que no podremos costear”, aseveró Vargas.
La discordia también se desató por la titulación predial, ya que para el caso del páramo del Almorzadero los lugareños afirmaron que se necesita la legalización de tierras.
El líder cuenta que el 60 % de García Rovira aparece como si fueran terrenos con falsa tradición, “pero estas las heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quienes han vivido aquí toda la vida”.
