Luego de un acalorado debate en la Asamblea de Santander, se le dio ‘luz verde’ a la iniciativa.
Con 12 votos a favor y cuatro en contra, tras cerca de ocho horas de debate, se le dio aprobación al proyecto de Ordenanza que pretende llevar sistemas de seguridad con inteligencia artificial, pie de fuerza y vehículos especializados a sectores críticos de Santander en materia de seguridad.
Con el recinto lleno, tanto de ciudadanos que apoyaban la propuesta como de quienes se oponían a ella, se desarrolló el debate en la Duma. Ciudadanos que se quedaron por fuera de la sala se manifestaron en los pasillos del Palacio Amarillo.
Pasadas las 10:45 p.m. del pasado jueves, la iniciativa se votó y aprobó. Solo falta la firma del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, para que se convierta en Ordenanza.
¿En qué consiste la Tasa de Seguridad?
Según la secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán Villar, lo primero que los ciudadanos deben saber es que “esto no es un impuesto, es una tasa. Esta tasa viene establecida desde la Ley 1421 de 2010 y posteriormente se reglamentaron algunos aspectos en la Ley 2272 de 2022”. Lea también: Santander tendrá la primer cárcel productiva del país
Durán Villar dijo que, tras la aprobación del proyecto, los usuarios del servicio de energía en Santander de los estratos 4, 5, 6, comercial, industrial y oficial aportarán, a través del recibo de este servicio, el 0,1331 % de la UVT por cada kilovatio consumido cada mes.
Así las cosas, cada suscriptor de energía de los estratos mencionados deberá pagar cerca de 66,28 pesos por cada kilovatio consumido.
Una de las modificaciones que tuvo la propuesta original, según el diputado ponente, Eduin Vargas, es que se van a establecer topes de consumo para que cada estrato no deba pagar de más. Por ejemplo, para el caso del estrato cuatro, para una persona que consuma energía en grandes cantidades, el máximo valor que se le cobrará es hasta $20.000.
Los usuarios de estratos 1, 2 y 3 estarán exentos de esta tasa, pero la Gobernación de Santander aclaró que serán los mayores beneficiados con las inversiones. No obstante, si un establecimiento comercial, industrial u oficial se encuentra ubicado en un barrio de estrato 1, 2 o 3, sí deberá aportar, pues tiene un uso diferente al residencial.
Publicidad
De acuerdo con la Gobernación de Santander, el recaudo arrancará desde el 1 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2028, fecha en la que se eliminaría dicha tasa. Son 40 meses de recaudo y, como las facturas se cobran por mes vencido, el primer cobro sería en octubre de ese año.
Según datos oficiales, Santander tiene 907.301 suscriptores, y quienes estarían gravados con esta tasa serían 220.725 de ellos.
¿En qué se invertirán los recursos?
Al respecto, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santander, Douglas Javier Arenas González, advirtió que, tras el recorte de recursos nacionales para el funcionamiento de las Fuerzas Militares, el departamento debía buscar soluciones propias para garantizar la operatividad de la seguridad.
Arenas González explicó que con los recursos que se recauden de la tasa de seguridad no solo se busca respaldar a las Fuerzas Militares, sino también mejorar las condiciones viales, de conectividad y sociales en zonas vulnerables, reduciendo el riesgo de presencia de grupos armados ilegales y facilitando el despliegue de Policía, Ejército y Armada en estos territorios. Le puede interesar: Petro ‘guardó silencio’ ante petición de la Asamblea de brindar más seguridad en Santander
Precisamente, uno de los proyectos propuestos por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, para el área metropolitana de Bucaramanga y Barrancabermeja es la construcción de Centros de Gestión de Emergencia y Seguridad (CEGES), grandes centros integrados de monitoreo que enlazarán todas las cámaras de seguridad de la región.
Entre otros, el CEGES permite la interconexión de cámaras con tecnología avanzada, sistemas de reconocimiento facial y de placas, y el uso de inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos.
Según el gobernador de Santander, el CEGES no solo permitirá contrarrestar el delito, sino también “prevenirlo, anticiparnos a situaciones que se estén gestando en sitios como el estadio, manifestaciones, reuniones. Estas cámaras también nos ayudarán a esclarecer conductas y judicializar a los responsables”.
Publicidad
El mencionado centro también serviría para tomar decisiones conjuntas con cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, Ejército y Policía.
“Queremos ampliar la capacidad, construir un edificio para tener más pantallas y más personas monitoreándolas e incluirles a las cámaras inteligencia artificial”, detalló Díaz Mateus.
Sumado a la inclusión de tecnología, desde la Gobernación se planea incrementar el pie de fuerza en las calles y la compra de más vehículos para adelantar labores de vigilancia y control.
“El área metropolitana de Bucaramanga necesita más CAI móviles, dos para Piedecuesta, cerca de 10 para Bucaramanga, otros para los demás municipios, además de Barrancabermeja. Esto va a redundar en una mejor percepción de seguridad ciudadana”, indicó el gobernador Díaz Mateus.
Publicidad
El Centro de Gestión de Emergencia y Seguridad para Bucaramanga tiene un costo cercano a los $53.000 millones y el de Barrancabermeja, $25.000 millones. Vea además: Denuncian falta de apoyo del Gobierno Nacional para superar crisis de Metrolínea
Para el sector rural y las provincias uno de los proyectos clave es el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI), que permitirá al Ejército reaccionar de manera rápida ante situaciones de riesgo en Santander. El CIMVRI contará con motocicletas, camionetas, aeronaves no tripuladas (drones), y un vehículo especializado con tecnología de monitoreo.
Este equipamiento permitirá que, por ejemplo, un pelotón del Ejército reciba 18 motocicletas, una camioneta, un furgón con pantallas de video y comunicación satelital, además de ocho drones. Esto facilitará el control territorial en un radio de 20 a 25 kilómetros, explicó el funcionario.
El CIMVRI tendrá comunicación directa con una sala especializada ubicada en el Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, permitiendo la atención inmediata de denuncias ciudadanas.
Publicidad
La meta es establecer 10 CIMVRI en Santander, uno por cada provincia. El costo estimado por cada unidad es de $5.000 millones.
Reacciones de corporados
Luego de la votación, algunos diputados de Santander expusieron los motivos por los cuales aprobaron la iniciativa y el llamado a la destinación de los recursos para la seguridad.
El diputado Francisco González manifestó que “el Gobierno Nacional nos dejó solos. Como medida alternativa, enviamos una solicitud al presidente Petro, desde el 1 de abril, para que se genere un Conpes y asuma inversiones necesarias para la seguridad del área metropolitana, Barrancabermeja y las provincias”.
Sin embargo, el diputado González Gamboa afirmó que “desafortunadamente, 15 días después no hemos tenido respuesta. El Gobierno Nacional guardó silencio”.
González Gamboa expresó que “para que haya seguridad debe haber plata para la Fuerza Pública, porque ellos no se movilizan a pie, deben actuar rápido en vehículos. En algunos sitios se están haciendo rifas para arreglar camionetas y motos de la Policía porque no hay recursos. Santander necesita soluciones y las necesita ya”.
Por su parte, el diputado Martín Gutiérrez expresó que “los recursos deben ser invertidos en lo que se necesita en Santander, no despilfarrarlos en obras que no tienen nada que ver con la seguridad de los habitantes del departamento”.
