La presencia de este material representa una amenaza silenciosa para miles de estudiantes. Expertos advierten sobre sus riesgos para la salud y piden acelerar su retiro.

La mitad de las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga aún tienen techos fabricados con asbesto, un material altamente peligroso para la salud humana y cuya exposición prolongada puede causar enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma.
El dato lo entregó a esta Redacción la secretaria de Educación del municipio, Martha Cecilia Guarín Lizcano, quien precisó que muchas de las estructuras de tales planteles oficiales tienen más de 50 años y “durante las pasadas gestiones no se ha hecho mayor cosa al respecto”.
“La primera tarea es hacer un inventario completo para saber cuántas instituciones aún tienen cubiertas con este material. Ya comenzamos a hacer los cambios en algunos planteles, pero necesitamos avanzar con mayor rapidez”, explicó Guarín Lizcano.
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La situación se conoció en medio de un debate nacional sobre los riesgos del asbesto, luego de que la Corte Constitucional advirtiera que el país debe prepararse para cumplir la Ley 1968 de 2019, la cual prohíbe completamente el uso de este mineral a partir del 1 de enero de 2026.
En una reciente tutela, revisada por la Sala Séptima de Revisión, se evidenció cómo esta amenaza sigue latente en muchos colegios públicos del país.
Las fibras de asbesto son invisibles al ojo humano -hasta 1,200 veces más delgadas que un cabello- y pueden flotar en el aire por horas. Al ser inhaladas, se alojan en los pulmones e interfieren con su funcionamiento normal. Los efectos no son inmediatos; en algunos casos, los síntomas pueden aparecer incluso 20 o 30 años después de la exposición.
La realidad es alarmante: miles de niños y jóvenes asisten a clases todos los días bajo techos con este material tóxico, muchas veces sin saberlo. Aunque los niveles de liberación de fibras pueden parecer bajos, los expertos coinciden en que no existe un nivel seguro de exposición.
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Desde el Concejo de Bucaramanga se aprobó recientemente un acuerdo para impulsar la eliminación progresiva del asbesto en los planteles educativos. Sin embargo, aún no hay un cronograma definido, ni recursos suficientes para ejecutar el reemplazo total de las cubiertas.
“Es urgente establecer un plan por fases, identificar prioridades y actuar con sentido de urgencia. Cada día de exposición cuenta”, recalcó la funcionaria.
Además de los colegios oficiales, se espera que la revisión también abarque otras edificaciones públicas y viviendas de Bucaramanga construidas en décadas pasadas con este mineral. Para estas últimas, se buscarán acuerdos con los propietarios para que puedan acogerse a la ley y eliminar voluntariamente las estructuras con asbesto, sin poner en riesgo a sus familias o a los trabajadores encargados del desmonte.

Desde la Secretaría de Educación también se contempla implementar campañas informativas sobre los peligros del asbesto y los procedimientos seguros para su sustitución. La idea es que tanto docentes como padres de familia estén plenamente informados y participen activamente en la vigilancia de estos procesos.
La advertencia de la Corte es clara: la presencia de asbesto en los colegios no solo representa un problema de infraestructura, sino una amenaza directa al derecho fundamental a la salud y a la vida de los estudiantes.
Bucaramanga, como otras ciudades del país, deberá acelerar el paso para cumplir con la ley antes de que sea demasiado tarde. De hecho, la ciudad tiene menos de 18 meses para responder a un riesgo que lleva décadas instalado en sus techos. La cuenta regresiva ha comenzado.
















