Ninguna familia, ningún grupo de trabajadores, ningún niño en el país debe vivir, trabajar o estudiar bajo un techo que ponga en juego su salud, sobre todo cuando estamos frente a una situación tan clara como que el asbesto ya fue prohibido y solo falta que se cumpla estrictamente la ley que así lo ordena.
Publicado por: Editorial
A pesar de que hay una ley que lo prohíbe y que su peligrosidad está más que demostrada, el asbesto, proscrito en más de 60 países, sigue presente en techos de colegios, edificios públicos y viviendas en Colombia, exponiendo a millones de personas a un riesgo inaceptable. No hay justificación alguna para tolerar esta negligencia, pues la ciencia ha confirmado lo que las víctimas denuncian desde hace décadas, es decir, que el asbesto mata y su presencia en cualquier espacio es una amenaza inocultable.
La Ley 1968 de 2019, conocida como la Ley Ana Cecilia Niño, fue un triunfo histórico para la salud pública, en tanto prohíbe el uso, explotación y comercialización del asbesto en Colombia, pero su implementación ha sido vergonzosamente lenta. Mientras las autoridades escudan su inacción en trámites burocráticos, miles de estudiantes, maestros y trabajadores siguen respirando fibras cancerígenas. Es indignante que seis años después de su promulgación, aún no se haya completado el censo de edificaciones contaminadas, ni se haya trazado una ruta clara para su eliminación.
La ley tiene el nombre de Ana Cecilia Niño, quien creció en Sibaté, cerca de una fábrica de tejas, donde inhaló las mortíferas fibras de asbesto durante años. En 2017, a los 42 años, murió de mesotelioma, un cáncer agresivo vinculado directamente a este material. Su legado fue la ley que lleva su nombre, pero su historia es solo una de muchas. En Sibaté, decenas de personas han sufrido el mismo destino, y en muchos colegios en todo el país se han registrado casos de estudiantes con síntomas alarmantes por la exposición.
Las excusas sobran, se argumentan costos, dificultades logísticas o falta de recursos, pero la Corte Constitucional ha sido clara al afirmar que no hay margen para la dilación, y en sentencias como la T-303 sobre el colegio Aquileo Parra de Barichara, y otros fallos recientes, ha ordenado la sustitución inmediata de techos de asbesto en instituciones educativas, subrayando que el derecho a la salud y a un ambiente sano no pueden seguir postergados.
No se trata solo de retirar un material peligroso, sino de honrar el compromiso con la vida. La Ley Ana Cecilia Niño no es una sugerencia, es un mandato que exige políticas públicas efectivas, campañas de socialización y un cronograma de acción sin más demoras.
Las autoridades deben actuar con la urgencia que merece una crisis que no deja espacio para la indiferencia del Estado, que termina siendo indolencia frente a un asunto tan delicado como lo es la salud pública.
La situación, entonces, no admite más omisiones de parte de los ministerios, las administraciones departamentales y las alcaldías, que deben cumplir su deber integral e inmediatamente.
Ninguna familia, ningún grupo de trabajadores, ningún niño en el país debe vivir, trabajar o estudiar bajo un techo que ponga en juego su salud, sobre todo cuando estamos frente a una situación tan clara como que el asbesto ya fue prohibido y solo falta que se cumpla estrictamente la ley que así lo ordena.
