La justicia decretó medida cautelar y le dio un plazo de cinco días a la Alcaldía de Girón para que adopte acciones urgentes con el fin de proteger a la comunidad en cuestión. Esto dijo el juez.
Los graves problemas de erosión, así como los frecuentes deslizamientos y desprendimientos de rocas tienen alarmados y angustiados a cientos de habitantes en una zona crítica del municipio de Girón.
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De acuerdo con las denuncias interpuestas por residentes, y según los hallazgos generados por la misma autoridad ambiental y hasta por la justicia, esta comunidad en mención se encuentra en riesgo latente por posibles avalanchas. Los vecinos temen que sus casas puedan resultar destruidas o gravemente averiadas en medio de uno de estos deslizamientos o desprendimientos.
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Esta situación de alto riesgo se presenta en el barrio San Antonio del Carrizal Etapa 6, en donde la gente completa varios años haciendo solicitudes a la administración municipal con el fin de que se atienda dicha problemática.
La amenaza bajo la cual se encuentra la población es tal que en pasados días la justicia decretó una medida cautelar en contra de la Alcaldía de Girón, por medio de la cual le dio un plazo de cinco días a las autoridades locales para que adopten las medidas necesarias y atiendan a esta población en riesgo.
“Que no ocurra una tragedia anunciada en San Antonio del Carrizal Etapa 6”
Los vecinos cuentan que en numerosas ocasiones rocas del tamaño de un carro compacto han quedado a escasos metros de las viviendas en San Antonio del Carrizal Etapa 6. Dicho talud, ubicado sobre la carrera 22 con diagonal 54, se vuelve aún más inestable en momentos de lluvia.
“Solicitamos a la Alcaldía de Girón obras para la prevención de un desastre. No queremos que ocurra una tragedia anunciada. El problema de ese talud es que en cualquier momento se desprenden las rocas. Esto puede suceder justo cuando alguien vaya pasando”, denunció Luis Eduardo Carreño, residente afectado y quien impulsa acciones legales para la protección de la comunidad.
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En busca de ayuda para que los vecinos sean escuchados y atendidos por el Gobierno Local, Luis Eduardo recurrió ante la Defensoría del Pueblo. Con el apoyo del Defensor Regional en Santander, Jesualdo Arzuaga Ramírez, se logró que la justicia decretara dicha medida cautelar.
“El Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga le pide a la Alcaldía de Girón medidas para que se prevengan tragedias. Hablamos de cerca de 500 familias las que viven en el barrio y se encuentran en riesgo, además de toda la gente que pasa a pie y en carro, incluyendo vendedores, domiciliarios, ‘preventistas’ y hasta los señores del aseo”, manifestó Carreño.
Desde 2019 los vecinos de San Antonio del Carrizal Etapa 6 alertan los riesgos que existen ante la inestabilidad del talud en mención. Ahora, tras dicho pronunciamiento de la justicia se espera que el Gobierno Local inicie acciones relacionadas con el diagnóstico y la evaluación de la problemática, para posteriormente definir qué tipo de obras se requieren y gestionar las mismas.
¿Qué fue lo que consideró el juez?
En el marco de este proceso legal, el Juzgado Séptimo Administrativo de Bucaramanga decretó medida cautelar y ordenó a la Alcaldía de Girón “dentro de los cinco días siguientes a la notificación del presente auto determine e implemente las medidas administrativas y operativas transitorias que permitan, de manera oportuna y eficaz, conjurar el riesgo para la integridad de las personas derivado del desprendimiento de rocas y el deslizamiento de tierra”.
Desde comienzos de 2025 la Defensoría del Pueblo ha formulado requerimientos al Alcalde Campo Elías Ramírez, alertando el riesgo que esta problemática representa para la comunidad y solicitando la ejecución de obras en dicho punto crítico.
Dentro de sus consideraciones, el juez que lleva este caso también tuvo en cuenta el Oficio 11910 del 23 de agosto de 2024, por medio del cual la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, también señaló la amenaza existente y la necesidad de intervenciones.
Sumado a esto, desde la Procuraduría Judicial también se solicitaron medidas cautelares contra el Municipio de Girón, debido a que quedó plenamente demostrada la “existencia de un riesgo inminente para la seguridad de las personas que transita”.
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Tanto la justicia como los entes de control y la comunidad solicitan con urgencia al Gobierno Local adoptar de manera inmediata acciones técnicas para mitigar, de manera provisional, el riesgo que existe en estos momentos.
A través del auto expedido el pasado 16 de septiembre, el Juzgado Séptimo concluyó que “existe una situación de riesgo en el sector objeto del reclamo popular, cuyas causas e implicaciones aún no han sido del todo establecidas. A lo anterior se suma la mención que hace el actor popular de una comunicación emanada de la Cdmb, en la que señala que en el sitio existen condiciones naturales que favorecen la ocurrencia de procesos erosivos y movimientos en masa”.
Vanguardia trató de obtener un pronunciamiento por parte de Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, pero hasta el cierre de la presente publicación no hubo respuesta por parte del mandatario local.
