Ciudadanos que invirtieron sus ahorros, pensiones o capital en proyectos habitacionales frustrados narraron sus dramas. Un Acuerdo municipal les abre una posibilidad para que sus inmuebles les sean entregados.
¿Qué pensaría usted si el dinero que ha ahorrado durante toda su vida para hacer realidad el sueño de tener casa propia se viera estancado porque la construcción del proyecto de vivienda en el que invirtió se quedó a medias?
Precisamente esto le ocurrió a varias personas que pagaron con la promesa de tener un apartamento en un complejo de torres ubicado en el barrio Provenza de Bucaramanga. Lea también: Familias de Portal Siglo XXI, a punto de perder sus viviendas
Nildo Pedraza es un padre de familia que invirtió su capital en un proyecto habitacional planteado por una constructora de Bogotá en 2016.
“Nos presentaron un conjunto de cuatro torres. A mí me correspondió la torre 3, que tenía como fecha de entrega el 2019”, narró Pedraza.
El hombre dijo que, aunque se planteaba la entrega de los inmuebles en cerca de tres años, han pasado nueve y aún no se les ha cumplido.
“Surgieron varios inconvenientes: uno de ellos por dificultades de legalización del lote, por temas de conexión de agua potable y problemas con el Distrito Regional de Manejo Integrado. Esta situación mantuvo paralizadas las obras por un tiempo. Luego, en 2020, entró la pandemia y retrasó aún más los trabajos”, señaló el beneficiario del proyecto. Le puede interesar: Censarán a familias del fallido proyecto de Altos de Bellavista
Nildo tuvo que dar la cuota inicial del apartamento y, cuando se lo entregaran, tenía planeado vender el inmueble en el que actualmente reside e irse a vivir en su nuevo espacio. No obstante, los planes se truncaron.
Según manifestó esta persona, la constructora encargada de la obra ya había tenido inconvenientes similares con proyectos en otras ciudades del país.
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“Es muy difícil sobrellevar una situación así, pero también entendemos que estos son negocios y no todos tienen el mismo éxito”, señaló Nildo Pedraza.
Algunos apartamentos ya se entregaron, pero otros siguen en vilo.
Una ‘luz’ de esperanza
Tras los retrasos en la construcción de un proyecto de vivienda en Ibagué, por parte de la misma constructora, la Alcaldía de esa ciudad implementó medidas administrativas para que la empresa pudiera continuar con el desarrollo de las obras.
Nildo Pedraza explicó que, gracias a esas determinaciones, a inicios de este año llamaron a todos los inversores del proyecto, se nombró un agente interventor, se llegaron a acuerdos para que los propietarios pusieran otros recursos y la obra ha tenido avances.
Nildo y su familia esperan que, según la promesa, en cerca de 10 meses puedan habitar el apartamento.
En Bucaramanga se dará una mano a inversores
Recientemente, en el Concejo de Bucaramanga se aprobó el Acuerdo municipal 075, que faculta a la Administración Municipal para intervenir en proyectos de construcción que se encuentren en dificultades o en bancarrota, para que los inversores puedan recibir sus inmuebles o recuperar su inversión.
De acuerdo con el presidente del Cabildo, Tito Rangel, y autor de la iniciativa, “identificamos varios casos de compradores que habían perdido sus ahorros en proyectos fallidos y por eso planteamos el proyecto”.
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El presidente del Concejo dijo que, en muchos de estos casos, “la constructora decía que estaba esperando para poder despegar, que la pandemia les hizo daño, que el banco no les prestó. Les ponían excusas, pero la gente no tenía forma de reclamar”.
Rangel Arias explicó que, tras la aprobación de la iniciativa, “la Secretaría de Planeación será responsable de recibir denuncias y gestionar la toma de posesión de proyectos, y trabajar con empresas especializadas para hacerlos viables nuevamente. El objetivo es agilizar procesos administrativos, prevenir litigios y fortalecer la gobernanza urbana. Esto va a generar confianza entre los compradores y reactivar el sector de la construcción en Bucaramanga”. Vea además: El megaproyecto de vivienda entregado a medias y a punto de fracasar en Bucaramanga
El cabildante dijo que se basó en una Ley de 1986, que sigue vigente, para otorgar las facultades a la Alcaldía para intervenir en estos casos.
Así las cosas, la Secretaría de Planeación quedó facultada para administrar la política de Ordenamiento Territorial, coordinar la expedición y seguimiento de licencias y evaluar los planes parciales, proyectos de organización y vigilancia sobre el desarrollo urbano.
“En vez de que el sector de construcción vea esto como una amenaza, tiene que verlo como un aliado, porque finalmente lo que está pasando es que la Alcaldía va a ser generadora de confianza a los ciudadanos que van a comprar, y esto puede ayudar a reactivar el sector”, finalizó Tito Rangel.
