En Bucaramanga, las víctimas de una “trampa urbana” sí pueden demandar: así funciona la responsabilidad del Estado por daños en el espacio público.
En Bucaramanga, caminar o movilizarse por la ciudad puede convertirse en una actividad de riesgo. Huecos profundos, tapas de alcantarilla faltantes, andenes deteriorados, árboles desvencijados y elementos del espacio público en mal estado se han convertido en verdaderas “trampas urbanas” capaces de causar accidentes graves. Algunos de ellos, incluso, han terminado en tragedia.
De hecho, la ciudad aún no supera el impacto del reciente caso en el que un árbol cayó inesperadamente sobre la autopista, arrebatándoles la vida a Jaime Hernández Carreño y Yuri Vanessa Mantilla Mejía. Un episodio súbito que evidenció la vulnerabilidad en la que se encuentran peatones y conductores ante fallas en la infraestructura o en la gestión del entorno urbano.
Antecedentes
No es un hecho aislado. En mayo pasado, un mototaxista murió de manera violenta en la calle 45 del barrio Campo Hermoso, luego de que una tractomula reventara un cable telefónico que terminó golpeándolo. La velocidad con la que descendía el motociclista habría contribuido, pero el origen de la emergencia estuvo en una red pública sin control adecuado.
Otros incidentes no han sido mortales, pero sí han dejado lesiones considerables. El 24 de junio, un hombre se tropezó con una alcantarilla deteriorada en una acera de Cabecera. La caída le causó heridas en su pierna derecha. (Le puede interesar: Diego Fernán Gutiérrez, el motociclista que murió decapitado en la calle 45 de Bucaramanga)
Casos como este ocurren a diario y conforman una larga lista de percances que, aunque no siempre trascienden a los titulares, dejan secuelas físicas, económicas y emocionales en las víctimas.
¿Qué dice la ley?
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara: cuando una persona sufre un accidente causado por el mal estado de las vías, la falta de mantenimiento del mobiliario urbano, el mal estado de los árboles o la ausencia de medidas de seguridad en obras y redes públicas, el Municipio debe responder económicamente.
Es decir, si la causa del daño es atribuible a la administración —por omisión, negligencia o falta de previsión—, la víctima tiene derecho a exigir una reparación.
El asunto cobra mayor gravedad cuando el siniestro ocurre por un elemento del ornato público abandonado o deteriorado que pone en riesgo directo la integridad de los ciudadanos.
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La estadística refleja que esta problemática no es menor: hoy en Bucaramanga cursan 211 demandas activas interpuestas por personas que aseguran haber sufrido accidentes en estas circunstancias. Todas se basan en un mismo argumento: el deber de las autoridades locales y nacionales de garantizar que las vías y las redes públicas permanezcan en buen estado.
Para quienes atraviesan una situación similar, el proceso para reclamar una indemnización inicia con la asesoría de un abogado especializado en derecho administrativo. El profesional, con un poder otorgado por el afectado, presenta la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Allí comienza el trámite judicial para determinar si hubo responsabilidad del Estado.
Sin embargo, no contar con recursos económicos no es una barrera. La Defensoría del Pueblo está facultada para brindar orientación y acompañamiento a quienes necesiten emprender este tipo de reclamos y no puedan pagar un abogado particular.
En un entorno urbano donde cada hueco, poste, cable, un árbol o una tapa faltante pueden convertirse en serias amenazas; por ello, los ciudadanos deben saber que no están desprotegidos. La ley contempla mecanismos para exigir responsabilidades, y cada caso documentado ayuda a visibilizar una problemática que, más allá de las cifras, afecta la vida cotidiana y la seguridad de los peatones y conductores.
