Sigue la controversia por el alza del 25 % en tarifa del agua: admiten tutela del veedor contra el Acueducto.
La controversia por el incremento gradual de aproximadamente un 25 % en la tarifa del servicio de agua potable en Bucaramanga continúa escalando y suma un nuevo frente.
Luego de una semana de intensas críticas, acciones jurídicas, reclamos de la ciudadanía, pronunciamientos de Asocapitales y un debate de control político en el Concejo de Bucaramanga, el aumento tarifario ahora será analizado por un juez constitucional.
La nueva actuación fue promovida por el veedor ciudadano Ramiro Vásquez, quien interpuso una acción de tutela contra el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, recurso que ya fue admitido para estudio por un despacho judicial.
El accionante sostiene que la empresa habría aplicado el incremento en las tarifas sin garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana, vulnerando, según su criterio, derechos consagrados en la Constitución Política.
En ese sentido, Vásquez pidió que se revise la legalidad del procedimiento utilizado para implementar los nuevos cobros y se determine si la empresa cumplió con todos los requisitos establecidos por la regulación vigente.
Vázquez argumentó que el aumento cercano al 25 % en el valor del metro cúbico de agua, sumado al incremento aproximado del 32 % en el servicio de aseo, representa un impacto económico significativo para miles de hogares del área metropolitana.
Antecedente a la tutela
El veedor explicó que antes de acudir a la tutela presentó un derecho de petición con el propósito de conocer los fundamentos técnicos y jurídicos que respaldaban los incrementos. Sin embargo, aseguró que la respuesta entregada por la empresa no resolvió sus inquietudes, motivo por el cual decidió acudir ante la justicia constitucional.
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Entre los argumentos expuestos también señaló que, si bien la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico establece los lineamientos para la prestación de estos servicios, corresponde verificar si el Acueducto cumplió con el procedimiento regulatorio para modificar las tarifas y si existieron espacios suficientes para que los usuarios participaran antes de adoptar la medida.
La tutela fue admitida por un juzgado, que ordenó al Acueducto Metropolitano responder dentro de los términos legales. Mientras avanza el proceso, será el juez quien determine si existió o no vulneración de derechos fundamentales y si procede alguna medida frente a los incrementos cuestionados.
Habrá mesa de trabajo
Como parte del trámite judicial, el amb convocó una mesa de trabajo para mañana, 30 de julio, escenario en el que se revisarán los argumentos jurídicos y técnicos relacionados con el ajuste tarifario. En ese espacio, tanto la empresa como el veedor ciudadano expondrán sus posiciones sobre la aplicación de la metodología utilizada para calcular las nuevas tarifas.
La discusión se produce en medio del creciente rechazo que ha generado el incremento del servicio de agua potable. Precisamente, durante el debate de control político realizado ayer, el Concejo de Bucaramanga solicitó que la nueva metodología tarifaria sea suspendida o prorrogada hasta diciembre de 2026, mientras el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico revisan la medida y evalúan alternativas que mitiguen el impacto económico para los usuarios.
Así, el alza del 25 % en la tarifa del agua potable sigue generando controversia y, lejos de cerrarse el debate, ahora la discusión se traslada también al escenario judicial, donde se definirá si el proceso mediante el cual fueron aplicados los incrementos respetó las garantías de participación ciudadana y las disposiciones legales vigentes.
