domingo 17 de febrero de 2019 - 12:00 AM

El millonario contrato que actualizó el catastro en Bucaramanga contó con tres adiciones

Dos de esas adiciones fueron en tiempo y la tercera fue por una suma cercana a los $200 millones.
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Cada día que pasa se conocen más detalles del controvertido contrato que hizo la actualización catastral de la ciudad.

Este estudio, que definió la actualización catastral de Bucaramanga y que se encuentra en el ‘ojo del huracán’ porque disparó entre 70% y 120% los cobros del Impuesto Predial, no solo costó la exorbitante suma de $7.100 millones, sino que además se le aprobaron polémicas adiciones: dos de tiempo y una de dinero.

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La denuncia

De acuerdo con Pedro Nilson Amaya Martínez, el concejal que instauró dos acciones de nulidad del estudio ante el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, denunció las presuntas irregularidades que tuvo el contrato.

Como se recordará el referido diagnóstico, que tiene a los contribuyentes muy enojados por los aumentos del Predial, obedeció a un contrato suscrito entre el Municipio, el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

De acuerdo con el cabildante, en la vigencia 2017 la Alcaldía suscribió un contrato por valor de $6.900 millones con el AMB y la citada universidad.

El objetivo era realizar la actualización catastral de tres sectores del municipio: 2, 4 y 5. Estas áreas fueron seleccionadas por el Gobierno Local.

“En esto se puede evidenciar la falta de planeación y análisis de la ciudad, evidenciándose que realizaron tres adicionales, de las cuales dos fueron en tiempo y la tercera en valor; esta última por una suma cercana a los $200 millones”, dijo Amaya Martínez.

“Lo anterior da un total de poco más de $7.100 millones. Pero en el mismo estudio, suscribieron un convenio interadministrativo con el IGAC por valor de $870 millones y medio para colaborar armónicamente en el proceso de actualización de la formación catastral de los mismo tres sectores que fueron contratados por el contrato interadministrativo 217 de 2017”, añadió.

Lo paradójico es que en 2013 se hizo una actualización catastral de todo el Municipio, pero fue por un valor de $260 millones.

“Así las cosas -dijo el concejal- hubo un aumento por un estudio para solo tres sectores de alrededor de $6.800 millones, sin tomar en cuenta el convenio con el IGAC”.

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Supuestamente las adiciones fueron necesarias para cumplir con la meta de la actualización catastral.

De acuerdo con Rodolfo Torres Puyana, director del AMB, “con relación a la adición por aproximadamente $200 millones que se le realizó al convenio suscrito entre la Alcaldía, el AMB y la Universidad Distrital, la fuente de los recursos adicionales provino de manera directa del municipio de Bucaramanga”.

“El AMB no aportó recursos adicionales al citado convenio”, aclaró el funcionario.

¿Cómo van las acciones de nulidad?
El cabildante Pedro Nilson Amaya Martínez instauró hace dos semanas una acción de nulidad por una supuesta inconstitucionalidad de la resolución que ordenó la revisión catastral.
Con esta instancia judicial el demandado también es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, en su Seccional Santander.
La figura legal, que ya reposa en el Consejo de Estado, es en contra de la Resolución No. 68-000-052-2018, del 19 de diciembre de 2018.
Tal resolución fue la que ordenó la renovación de la inscripción en el catastro de los predios actualizados de los sectores 2, 4 y 5 de la zona urbana de Bucaramanga.
Entre los argumentos de esta acción judicial, que según Amaya Martínez podrían “tumbar” el avalúo catastral de Bucaramanga, están “las violaciones de los principios de equidad, justicia y progresividad de los tributos en la ciudad”.
El corporado se apoya en los artículos 95, numeral 9; el 313 y el 13 de la Constitución Política.
Vale recordar que hace 20 días, Amaya Martínez ya había presentado otra acción de nulidad simple contra la resolución del reavalúo catastral de Bucaramanga, la que desencadenó en desmesuradas alzas prediales.
“Con las dos demandas pretendo tumbar el avaluó catastral de raíz y no de forma parcial. La acción de nulidad es muy similar a la que ganamos cuando logramos tumbar el Pico y Placa Zonal que había impuesto la Alcaldía, con el visto bueno de la Dirección de Tránsito”, puntualizó el corporado.
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