lunes 17 de junio de 2019 - 2:15 PM

¿Puede el Acueducto de Bucaramanga cortar el agua a los usuarios morosos?

Luego de que el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga anunciara que cortaría inmediatamente el servicio de agua a quienes no paguen a tiempo, entidades advirtieron que se deberá respetar el agua a las poblaciones vulnerables.

La semana pasada, Zorayda Ortiz, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, afirmó que para promover la cultura de pago oportuno se procedería a suspender el servicio por vencimiento de la factura. Es decir, los usuarios ya no tendrán dos meses para ponerse al día, lo que generó una lluvia de críticas.

Tras la polémica, Zorayda Ortiz aclaró este lunes que inicialmente se trata de una prueba piloto que cobija a los comerciantes. “Todavía no se ha decidido si se va aumentar la estrategia al sector residencial”.

Atento: Si vive en Bucaramanga, le cortarán el agua si no paga a tiempo

La Gerente explicó que desde 2018 se registra un aumento en la cartera morosa, por unos mil millones de pesos. “Esta situación motivó la activación de un plan de choque para recuperar ese dinero y evitar que la cartera siga aumentando”.

Ortiz afirmó que en estos primeros días mejoró el recaudo para recuperar la cartera.

“Cuando alguien se vincula a cualquier servicio público firma un contrato de Condiciones Uniformes, que estipula la obligación de pagar. La ley se ha pronunciado en muchos aspectos para recalcar que los servicios públicos no son gratuitos. Se necesita recaudar para garantizar la prestación del servicio”, explicó Ortíz.

A quienes les suspendan el servicio deberán asumir un cobro por corte y reconexión, cuya tarifa es de $21.500.

El plan, que podría cobijar al sector residencial, generó polémica porque es considerado inconstitucional.

Se deber respetar el mínimo vital

David Augusto Peña, abogado y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, señaló que la Constitución reconoce el agua potable como un derecho fundamental, por lo que este servicio deberá prestarse a poblaciones vulnerables, pues se les debe garantizar el mínimo vital. “No se puede cortar el agua por capricho”.

El abogado recalcó que la Ley 142 de 1994 y otros grupos de normas que regulan la prestación de servicios públicos domiciliarios también establecen deberes para los usuarios, entre los que se encuentra el pago. “Quienes no tienen debilidades manifiestas no se pueden aprovechar. La cultura de no pago genera problemas como el de Electricaribe en la Costa Atlántica”

¿Quiénes están protegidos?

El personero de Bucaramanga, Omar Alfonso Ochoa Maldonado, explicó que los suscriptores del Acueducto establecieron un contrato por la prestación del servicio, en el que existen clausulas que permiten la suspensión por no pago.

El funcionario señaló que la Corte Constitucional, la Comisión de Regulación de Agua Potable y la Superintendencia de Servicios Públicos han señalado que el corte del servicio no es un derecho absoluto para las empresas prestadoras.

“Se puede quitar el servicio a personas que se encuentran en situación especial protección constitucional, como las víctimas del conflicto armado, madres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad. Es necesario evaluar cada caso en particular”, aseguró.

Ante el anuncio que hizo el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Ochoa Maldonado aseguró que ya presentó un requerimiento a la compañía para que explique el plan de contingencia que van a seguir. “Si bien contractualmente pueden cortar el servicio, no puede ser una política generalizada. Tienen que garantizar el debido proceso y tener en cuenta a la población con especial protección, así no tengan capacidad de pago. Deben adoptar protocolos para estos casos”.

El Personero de Bucaramanga recalcó que la normativa vigente ordenar proporcionar a las personas que logren acreditar su situación de vulnerabilidad el mínimo vital de agua. Es decir, que diariamente se les debe suministrar al menos 50 litros de agua, mientras no tenga condiciones para pagar la factura.

Igualmente Ochoa indicó que las personas y las empresas de servicios deben procurar alcanzar acuerdos de pago, de acuerdo de las posibilidades financieras del usuario. “El servicio no es gratuito, porque la Ley 142 recalca que los servicios públicos son onerosos”.

Quienes sientan que están siendo afectados, pueden tramitar un reclamo formalmente ante la empresa, el cual debe ser respondido en 15 días, e incluso puede presentar alguna apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos. “Si requiere asesoría o ayuda puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo o la Personería”.

¿Qué dice la Superintendencia de Servicios Públicos?

Tras la molestia que generó el anuncio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, la Superintendencia de Servicios Públicos emitió el siguiente comunicado:

“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se permite informar que si bien la ley faculta a los prestadores para suspender o incluso cortar el servicio a los usuarios ante el incumplimiento de obligaciones dinerarias, también resulta pertinente considerar que el ejercicio de tales atribuciones deba desarrollarse con estricto apego a las previsiones establecidas en los Contratos de Condiciones Uniformes y la Ley 142 de 1994, así como con sujeción a los principios de legalidad y debido proceso. De tal suerte, el corte del servicio como consecuencia del incumplimiento en la fecha máxima de pago, puede llegar a ser procedente, siempre que así se haya establecido en el Contrato de Condiciones Uniformes, y se haya respetado el debido proceso a los usuarios.

De igual manera, procede recordar la necesidad de atender la línea jurisprudencial que la Corte Constitucional ha desarrollado en orden al reconocimiento y garantía del mínimo vital de agua a los habitantes del País, así como las limitaciones al ejercicio de las prerrogativas propias de los Prestadores de Servicios Públicos cuando ello sea necesario para precaver que se generen afectaciones más graves aún, a personas en circunstancias de vulnerabilidad manifiesta”.

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