La entidad afirma que “los usuarios no deben asumir costos derivados de ineficiencias de las empresas de servicios públicos”.
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) salió al paso de las versiones sobre futuros aumentos generalizados en las tarifas de acueducto y alcantarillado en diferentes ciudades del país y aseguró que la entidad no fija los valores que pagan los usuarios ni decreta incrementos tarifarios.
1/2 🧵📢 La CRA aclara: el Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado no fija ni autoriza aumentos de tarifas en Colombia.
— Comisión de Regulación Agua y Saneamiento Básico (@cracolombia) June 25, 2026
💧 La Resolución CRA 1032 de 2026 establece una metodología general; las tarifas son definidas por cada prestador conforme a sus costos y bajo la pic.twitter.com/uzruTUzQuh
El pronunciamiento se produjo luego de que varias empresas prestadoras anunciaran modificaciones en sus tarifas tras la expedición de la Resolución CRA 1032 de 2026, norma que establece un nuevo marco tarifario para los grandes prestadores del servicio. (Lea además: Entre alza del cobro del agua y cambio de estrato crece preocupación de usuarios)
Según la Comisión, su función se limita a definir la metodología y las fórmulas generales que deben aplicar las empresas para calcular sus costos y tarifas.
La entidad explicó que cada prestador debe realizar sus propios cálculos con base en variables como los costos de operación, las inversiones requeridas, el número de usuarios, las pérdidas de agua, las fuentes de abastecimiento y la calidad del servicio, por lo que los resultados no son iguales para todas las empresas ni implican aumentos automáticos en todo el país.
Polémica en Bucaramanga
En la capital santandereana, este pronunciamiento surge en medio de una creciente polémica, ya que coincide con el anuncio del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga sobre un nuevo incremento en las facturas que deberán asumir miles de usuarios. La empresa informó que, a partir de septiembre próximo, entrará en vigencia una nueva estructura tarifaria que representará un aumento gradual promedio del 25 % en el servicio de acueducto y del 22 % en alcantarillado.
Como se recordará, el Acueducto explicó que el reajuste responde a la metodología tarifaria definida por la CRA, entidad encargada de establecer las fórmulas de cobro para las empresas prestadoras del servicio en el país.
Frente a este escenario, la CRA insistió en que la nueva metodología no produce un mismo resultado para todas las empresas, ya que cada una obtiene un cálculo distinto de acuerdo con sus condiciones operativas y su nivel de eficiencia.
La Comisión señaló que el objetivo de la regulación es garantizar tarifas justas, entendidas como aquellas que reflejan los costos reales y eficientes de la prestación del servicio, manteniendo un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de las empresas y la protección de los usuarios frente al traslado de costos derivados de ineficiencias.
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De igual forma, indicó que el recálculo anual permite acercar las tarifas a los costos reales de operación y evita que se cobren obras o infraestructuras proyectadas que aún no han entrado en funcionamiento.
La metodología también incorpora incentivos para mejorar la eficiencia de los sistemas de acueducto y alcantarillado, reducir las pérdidas de agua, fortalecer la sostenibilidad financiera de los prestadores y promover inversiones que contribuyan a la protección del recurso hídrico.
De acuerdo con los análisis de la Comisión, cuando las empresas operan bajo escenarios de eficiencia, las tarifas tienden a mantenerse estables e incluso pueden disminuir. Por ello, cuando un prestador anuncia modificaciones en sus cobros, es esa entidad la que debe explicar a la ciudadanía los estudios técnicos, financieros y operativos que sustentan la decisión y la manera como aplicó la metodología tarifaria.
“La CRA no decretó aumentos tarifarios para ninguna ciudad o municipio del país. Lo que expidió la entidad fue una metodología para calcular tarifas justas. Si una empresa anuncia incrementos, debe explicar cuáles son los estudios y cálculos que respaldan esa decisión. La nueva regulación es clara en que las empresas no le pueden cargar a los usuarios costos derivados de la ineficiencia”, afirmó la directora ejecutiva de la CRA, Gloria Esperanza Narváez Tafur.
La funcionaria agregó que los ciudadanos tienen derecho a conocer esa información y recordó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad encargada de verificar que la metodología haya sido aplicada correctamente.
La CRA también precisó que únicamente valida los estudios de costos cuando una empresa lo solicita de manera expresa y que dicha revisión no es vinculante. Además, señaló que corresponde a cada prestador identificar y aplicar los rezagos tarifarios pendientes del marco regulatorio anterior, advirtiendo que retrasos en ajustes relacionados con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pueden generar aumentos que no obedecen a la nueva metodología sino a decisiones propias de las empresas.
Finalmente, la Comisión hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que ejerza un seguimiento riguroso a la aplicación de la Resolución CRA 1032 de 2026, especialmente en aquellos casos donde se registren variaciones tarifarias consideradas exorbitantes, con el propósito de proteger el derecho de los usuarios a pagar tarifas justas.
